Sanciones
financieras contra Nicaragua
Hedelberto
López Blanch
Nuevamente,
Estados Unidos lanza sanciones económicas contra otro gobierno latinoamericano
cuyo “delito” ha sido llevar beneficios sociales y económicos a la mayoría del
pueblo y no obedecer las directrices de Washington de implantar el sistema
capitalista neoliberal.
En esta
ocasión, Nicaragua es el país amenazado con aplicársele un bloqueo
económico-financiero, al aprobar en primera instancia la Cámara de
Representantes el proyecto de Ley Nica Act, debido a que el Gobierno Sandinista,
encabezado por su presidente Daniel Ortega desde 2007, ha impulsado un
desarrollo nacional independiente y a la par, estrechado relaciones con países
catalogados por Estados Unidos como enemigos, entre los que aparecen Venezuela,
Cuba, Bolivia, Ecuador, Rusia, China, irán.
El proyecto
fue presentado por los ultraderechistas Ileana Ros Lehtinen y Albio Sires,
ambos de origen cubano, que se han caracterizado por sus posiciones extremistas
en contra de cualquier país latinoamericano que no obedezca las órdenes de la
Casa Blanca.
La Nica Act
(Ley
de Condicionamiento a la Inversión Nicaragüense) pretende
impedir que el gobierno Sandinista tenga acceso a créditos o inversiones de instituciones
financieras internacionales.
Para
levantar las sanciones o mejor dicho, el bloqueo financiero, Nicaragua deberá
“tomas medidas efectivas para celebrar elecciones libres, justas y
transparentes, combatir la corrupción y respeto a partidos opositores”. Solo
faltó poner en el documento, y entregar a Estados Unidos y las compañías
transnacionales el control del país.
El proyecto
pasará al Senado que al contar con mayoría republicana se da por descontado que
lo apruebe. En septiembre de 2016 (antes de las elecciones generales donde
fueron elegidos Daniel Ortega y Rosario Murillo con el 72,5 % de las boletas)
la Nica Act no se llevó a votación en esa instancia legislativa por no contar
con los sufragios necesarios.
Para el
gobierno sandinista, la “Nica Act 2017 es una amenaza más, de las muchas
que a lo largo de la historia se han cernido sobre Nicaragua, en el afán de las
mentalidades imperialistas de apropiarse de nuestro país”.
Lo que ocurre actualmente es que Estados Unidos ha retornado a
su larga historia de mantener como su patio trasero, por cualquier medio, a
todas las naciones de América Latina. Pero esos tiempos ya han pasado.
Las verdaderas razones de esa agresiva política es la de
derrocar a un Gobierno que ha alcanzado éxitos económicos y sociales desde que
en 2007 el Sandinismo regresó al poder después de 16 años de nefastos regímenes
neoliberales.
Vale la pena hacer un poco de historia para entender mejor el
porqué de las sanciones económicas.
Nicaragua sufrió a principios del siglo XX, varias invasiones e
intervenciones norteamericanas las que combatió fuertemente, bajo la dirección
del general Augusto César Sandino. En 1979 el Frente Sandinista de Liberación
Nacional (FSLN) alcanzó el poder tras una larga lucha contra la dictadura
somocista, impuesta y apoyada por Washington.
Durante 10
años, (1979-1989) el FSLN llevó a cabo transformaciones socio-económicas:
grandes campañas de alfabetización; introdujo la atención médica gratuita e
inició una reforma agraria para beneficiar al empobrecido campesinado, pero una
violenta guerra impuesta desde Estados Unidos, desangró al país y le abrió las
puertas a las fuerzas de derecha que ocuparon la presidencia en 1990.
Siguieron 16
años de profundas políticas neoliberales. Se sucedieron tres regímenes de
derecha que aplicaron y llevaron adelante las políticas de privatización
diseñadas por el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM)
las que provocaron graves afectaciones a los programas sociales y a la débil
economía nicaragüense.
Datos del
Banco Mundial señalaban que el 46 % de los nicaragüenses sobrevivía con poco
más de un dólar al día y el desempleo alcanzaba al 60 % de la Población. El
analfabetismo subía al 35 % y casi un millón de menores estaban fuera del
sistema educacional. Como consecuencia directa, en 2006 existían más de 1 400
000 personas pobres, en su mayoría niños, y el país tenía el índice más alto de
desnutrición de Centroamérica.
Al retornar el
FSLN y Daniel Ortega a la presidencia en 2007, se dio un vuelco completo a esa
política neoliberal. Se restablecieron la educación y la atención médica
gratuita en las instituciones públicas. Se logró alfabetizar a toda la
población con el programa cubano Yo Si Puedo y Nicaragua fue declarada por la UNESCO en 2009 como el
tercer país del área, libre de ese flagelo. Con la ayuda económica entregada a
las familias disminuyó la alta deserción escolar debido a que ya los menores no
tenían que buscar sus propios sustentos en infames labores.
La salud
pública llegó a todo el país y se establecieron programas como la Operación Milagro
(en colaboración con Cuba y Venezuela) que ha devuelto la visión a miles de
ciudadanos. La misión Todos con Voz detectó a personas con discapacidad para
atenderlas gratuitamente.
A través del
convenio Usura Cero se ofrecen micro créditos a bajos intereses a los
pobladores de las zonas rurales para incrementar los pequeños negocios
familiares lo cual ha favorecido a miles de ciudadanos.
Mediante el
programa Hambre Cero, familias pobres que poseen pequeños pedazos de tierra,
reciben ayuda financiera y animales de crianza para mejorar e incrementar las
crías y poderlas comercializar.
Se han
otorgado 28 000 inmuebles a familias pobres que solo disponían de chozas
cubiertas de cartón y pedazos de lata.
Si en el 2006 Nicaragua apenas cerró con 280 millones de dólares
en inversiones, para el 2016 alcanzó más de 1 500 millones, mientras el número
de países inversionistas se duplicó de 20 a 40 en ese mismo período.
Una encuesta del Instituto Nacional de Información de
Desarrollo, detalló que en el período 2009-2014, hubo una disminución de 13
puntos porcentuales en la pobreza nacional, que descendió de 42.5 % a 29.6 %. Para
el mismo período, la pobreza extrema presentó una disminución de 6 %, al pasar
del 14.6 % al 8.3 %.
Las palabras y los datos huelgan. La realidad es que Estados
Unidos no quiere gobiernos progresistas en la región y trata por todos los
medios de desestabilizarlos.
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