Golpes de Estado. Por lo que ahora ocurre en Venezuela
Eligio Damas
Nota: Este texto corresponde al capítulo XV de nuestro libro,
todavía sin título y por supuesto sin publicar, relativo a los golpes de Estado
en América Latina y como ellos derivaron, en buena medida, en la persecución,
represión y ostracismo de buena parte de quienes inicialmente los auparon .
XV.-El golpe de Estado de abril del 2002 y Decreto de Pedro
Carmona Estanga
Pedro Carmona Estanga pasará a la historia de Venezuela, no por haber sido
Presidente de Fedecámaras o primer mandatario nacional de tiempo más corto,
como para que le sigan llamando para la posteridad Pedro “El breve”, sino por
haber sido el político responsable del mayor número de torpezas cometidas en el
más corto tiempo desde la posición a que lo llevaron los golpistas de abril del
2002.
El Decreto del día 12 del mes y año citado anteriormente es una suma de errores
políticos y legales que produjeron la caída del llamado gobierno de
“Transición” de inmediato. Por supuesto, en aquella aventura no estuvo sólo, le
acompañaron las clases adineradas, políticos venales que quisieron recuperar el
país en favor de sus intereses, habiendo dejado constancia de ello en la larga
lista de firmantes de aquel mamotreto jurídico, los propietarios de los más importantes
medios de comunicación, la “meritocracia” de PDVSA, alta jerarquía de la
iglesia católica, un grupo de militares de alta jerarquía sin ascendencia en
los oficiales menores y menos en la tropa y, por supuesto, el Departamento de
Estado del gobierno de Estados Unidos, encabezado este por George W. Bush.
Después de una serie de considerandos en los cuales se hacen acusaciones sin
fundamento y hasta a todas luces inventadas al presidente Hugo Chávez, como el
de una “política internacional que ha conducido a Venezuela a un peligroso
aislamiento”, las relativas a los asesinados alrededor de Puente Llaguno en
manos de francotiradores colocados por los propios golpistas, tal como se dice
en uno de ellos:
“Que en el día de ayer 11 de abril del 2002,
ocurrieron
hechos violentos en la ciudad de Caracas que
se de-
bieron a órdenes impartidas por el gobierno de
Hugo
Chávez Fías de atacar, reprimir y asesinar a mansalva a
inocentes
venezolanos que manifestaban pacíficamente
en los alrededores del Palacio de Miraflores,
cometién-
dose con ellos graves delitos comunes y de lesa humani-
dad contra el pueblo de Venezuela”.
El golpe también se justifica en hechos cometidos por la oposición, por un
cruel montaje en cual francotiradores contratados por los golpistas, como ha
quedado demostrado, asesinan a venezolanos para justificar la intervención
militar. Hechos como ya dijimos, “denunciados” por los militares comprometidos
en la asonada, con más de cuatro horas antes que se produjeran. Como también se
apoyaron en una represión desatada por la policía del Alcalde de Caracas,
Alfredo Peña, hoy fuera del país huyendo a su responsabilidad, por la cual
fueron sentenciados y condenados a encarcelamiento varios de los jefes de ese
cuerpo policial, entre ellos Iván Simonovis.
La conducta de
parte de la oposición venezolana, de haber preparado un golpe de antemano, para
lo cual llegaron a hacer un montaje con asesinatos verdaderos, fomentados por
ellos mismos, queda demostrado también con las declaraciones de Henry Ramos
Allup, en las cuales admitió haber conocido el “Decreto” una semana antes; el
susodicho dijo con desparpajo:
“Es mentira que ese decreto cayó del cielo; lo habíamos
visto todos, una semana antes. Tratamos de modificar
cosas y fue imposible”.
Pero las torpezas y mentiras de Carmona Estanga y sus socios suben de tono,
cuando en ese mismo decreto, intentan justificar la ascensión a la presidencia
de Venezuela del primero, en este adefesio al cual no sabemos si llamar jurídico,
por el denominado “vacío constitucional de poder:
“Considerando que Hugo Chávez Frías en el día de hoy presentó
su renuncia al cargo de Presidente y que el Vicepresidente
Eje-
cutivo
abandonó su cargo, con lo cual se ha configurado un va-
cío constitucional de poder”.
Este primer “considerando” fundamentado en mentiras e inventivas, sirvió de punto
de partida para las posteriores violaciones constitucionales y atropellos a la
persona humana.
Ya es de todo el mundo conocido que tal “renuncia al cargo de Presidente” no
fue que otra cosa sino una argucia de los golpistas, como lo fue que “el
Vicepresidente Ejecutivo abandonó el cargo”.
Es notorio, no se requiere que en este texto aportemos pruebas al respecto, que
el Presidente no renunció nunca, los golpistas se valieron de un documento
apócrifo para hablar de un hecho inexistente, lo que ya de por sí es un delito,
como también es notorio que el Vicepresidente, quien debe suplir las ausencias
del Presidente, según lo dispuesto constitucionalmente, había abandonado el
cargo, como se dice en el “Decreto de Carmona” y sus socios.
El texto constitucional dice sobre las ausencias del presidente, en el artículo
233, lo que sigue:
“Si la falta absoluta del Presidente o Presidenta de la
República
se produce durante los primeros cuatro
Años del período constitucional, se procederá a una
nueva elección universal, directa y secreta dentro de
los treinta días consecutivos siguientes. Mientras se
se elige y toma posesión el nuevo Presidente o nueva
Presidenta, se encargará de la Presidencia
de la Re-
pública el Vicepresidente Ejecutivo o la Vice Presidenta
Ejecutiva”.
Para entonces ocupaba el cargo de Vicepresidente de la República el ciudadano
Diosdado Cabello Rondón, quien no había presentado su renuncia ni abandonado el
cargo, sino que había tomado precauciones, sin dejar de estar en permanente
contacto con las autoridades, empezando con el Presidente de la Asamblea
Nacional el diputado William Lara, una vez consumado el golpe, para preservar
su vida, en vista de los acontecimientos y las represalias que quienes habían
asaltado el Ejecutivo y el Palacio de Miraflores estaban tomando rápidamente.
Además, era como muy prematuro que se declarase tal estado de cosas, como el
abandono de cargo del Vicepresidente, sin haber prueba alguna de la “renuncia”
del presidente y habiendo fundamentadas sospechas que había sido secuestrado.
Es decir, el Decreto de Carmona partía de dos premisas inexistentes, la
renuncia del Presidente y el abandono de cargo por parte del Vice Presidente.
Pero de ellas se valieron el “jefe” golpista y sus socios para declarar una
inconsistente y garrafal situación jurídica “vacío constitucional de poder”;
estado o circunstancia que no está prevista en norma alguna de la carta magna.
Pero ese ilegal y descomunal atropello al sistema jurídico nuestro y los
derechos de los venezolanos, sirvió para que posteriormente, el TSJ controlado
por la oposición, cuando haya de evaluar aquellos acontecimientos, en una
sentencia que pasará -¡ya pasó! – a la historia, decidió que en ese entonces
“no hubo golpe de Estado, sino un vacío de poder”. ¿Será cosa de la simple
casualidad o sería un acomodo de los golpistas del TSJ de aquel momento para
amparar la violación de todas las leyes de la República por otro grupo de
golpistas?
El Decreto de Pedro Carmona Estanga del 12 de abril tuvo por objeto, entre
otras cosas las siguientes:
“Restablecer la institucionalidad democrática y
llenar
el vacío constitucional de poder para que el gobierno
de la República pueda adaptarse a las
exigencias y
principios constitucionales y los
establecidos en la
Carta Democrática Interamericana
.
DECRETAMOS:
constituir un gobierno de Transición Democrática y Uni-
dad Nacional de la siguiente forma y bajo siguientes línea-
mientos.”
De la misma manera que hablaron los golpistas del pasado, en
Venezuela y el resto de América Latina, estos del 2002, hablaron de
“restablecer la institucionalidad”, respeto a la “Carta Interamericana” y la
constitución de un gobierno de “Transición Democrática y Unidad”; como aquellos
lo hicieron, estos comenzaron por atropellar la institucionalidad existente y
saltándose todos los principios constitucionales, derivados de un bello proceso
constituyente que empezó por elegir libremente, en elecciones directas y
secretas, a los constituyentitas que redactaron la Carta Magna –nunca el nombre
estuvo más ajustado- y terminó con la aprobación de la misma en otro acto
electoral como el anterior y ambos con una participación popular que
numéricamente batió todo lo anteriormente registrado en Venezuela.
Para “restablecer la institucionalidad”, el Decreto de Carmona desconoce la
autoridad del Presidente constitucional, secuestrado por un grupo de militares,
el derecho del Vicepresidente Ejecutivo a suplirle por ausencia temporal y toma
la siguiente decisión:
Art. 1°: “Se
designa a Pedro Carmona Estanga, Presidente
de la República y se le
faculta para dictar los
actos de efectos generales que sean necesarios pa-
la mayor ejecución del presente decreto y consoli-
dación
del Gobierno de Transición Democrática”.
Es decir, Pedro Carmona Estanga, por DECRETO se auto nombra Presidente de la
República de Venezuela y de paso, se otorga poderes especiales “para la
ejecución del presente decreto y consolidación del Gobierno de Transición”.
Pese a que una de las razones fundamentales del golpe, según sus promotores,
fue el uso por parte de Chávez del precepto constitucional que le permite
al Presidente promulgar decretos con fuerza de Ley, previa autorización de la
Asamblea Nacional mediante Ley especial. Para los golpistas eso era
inconstitucional, antidemocrático y autoritario, por lo que dispusieron
“restablecer la constitucionalidad”.
Lo particularmente dramático de todo esto es que mientras Pedro Carmona
Estanga, en un acto sin precedente e insólito, se auto juramentaba como “Presidente
de Venezuela”, así de simple, porque el Decreto le borró el nombre de
“bolivariana”, como un acto de desconocimiento al Libertador, cuyo retrato
retiraron previamente del salón en el cual se celebraba aquel triste acto,
donde estuvo por años, el auto juramentado lo hacía sosteniendo en su mano
izquierda, mientas la miraba y sonreía como con sarcasmo, una hoja de papel en
blanco.
Esa noche, en aquel infeliz acto se cometió la mayor infamia y falta de respeto
a la dignidad y orgullo de los venezolanos que tenemos los pies hundidos en
esta tierra.
Pero sigamos revisando lo dispuesto en el Decreto Carmona, destina a
retornar Venezuela “a la institucionalidad Democrática”. Con ese
fin se dispone en el artículo 3°: “Se suspende de sus cargos a los diputados
principales y suplentes de la Asamblea Nacional”.
Pero todavía, se atreve a destituir a funcionarios nombrados por el Poder
Legislativo como el Contralor General de la República, Defensor del Pueblo,
ordena se revise la constitución de 1999 y suspende la vigencia de los 48
Decretos con fuerza de Leyes, promulgados por el Presidente Chávez de
conformidad a la Ley habilitante.
No se quedaron en el tintero, disposiciones para destituir a gobernadores y
alcaldes, funcionarios que habían sido electos en elección universal, directa y
secreta, como tampoco otros altos funcionares escogidos, por disposición de
Ley, por la Asamblea Nacional. Así en el artículo 7° se dispuso:
“El Presidente de la República en
Consejo de Ministros
podrá renovar y designar transitoriamente a los titulares
de los poderes públicos, nacionales, estadales y munici-
pales para asegurar la institucionalidad democrática y el
adecuado funcionamiento del Estado de Derecho; así los
representantes de Venezuela ante los parlamentos Andino
y
Latinoamericano”.
Hay algo curioso de nuevo en este artículo que se repite una y otra vez; por
intermedio de un Decreto promulgado por una persona, fundamentándose en un
papel en blanco, cuando más con el apoyo de un pequeño círculo de civiles y
algunos militares de alta graduación, apela a la ilegalidad, desconocimiento de
la Constitución vigente, todas la leyes de la República, la decisión soberana
del pueblo de Venezuela que en referendo aprobó su Carta Magna, eligió su
presidente y demás autoridades que Carmona destituye de un plumazo, se aspira
“asegurar la institucionalidad democrática”. La legalidad entonces la determina
la voluntad de una persona y un grupo y no la del pueblo de Venezuela. El golpe
y aquel Decreto caracterizan lo que es institucional o no.
Fueron más allá; en el artículo 8° deciden destituir:
“de sus
cargos ilegítimamente ocupados al presidente
y demás magistrados del Tribunal
Supremo de Justicia,
así como al Fiscal General de la República, al Defensor
del Pueblo y a los miembros del Consejo Nacional Elec-
toral”.
Carmona
Estanga y sus asociados se trasmutan en tribunal, sin proceso judicial alguno,
determinan que esos cargos estaban “ilegítimamente ocupados” y por tal
destituyen a quienes los ocupan. Pero la curiosidad se vuelve asombro cuando la
mayoría de esos Magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, absolverán
a Carmona y a quienes con él contribuyeron a dar el golpe, pues decidirán que
“no hubo golpe” sino “vacío constitucional de poder”, por ausencia del
presidente y del vicepresidente. En la sentencia del TSJ que le tocó conocer el
caso, por ponencia de Franklin Arrieche, se le dio valor sustancial a lo
declarado por el general Lucas Rincón; afirmación que con posterioridad fue
desmentida. Hasta Pedro Carmona Estanga, como hemos leído en este texto,
admitió que uno de los errores de ellos, los golpistas, había sido no sacar a
Chávez del país y no haber impedido que hiciese “saber al mundo que no había
renunciado”. Cuando se elaboró aquella ponencia y luego el colectivo del TSJ la
aprobó con las debidas abstenciones o votos en contra, se sabía bien que tal
renuncia nunca existió como también se supo la situación del Vicepresidente
Diosdado Cabello.
Pero por encima de todo, hay que resaltar el atrevimiento de proceder a derogar
la constitución vigente, la de 1999, la única, en toda la historia de
Venezuela, aprobada con los votos del pueblo en ejercicio de su soberanía y
años después, para Carmona Estanga y sus socios, eso no tuvo significado e
importancia alguna. Benigno Rojas, un abogado y de los fiscales que investigó
los sucesos de abril del 2002, reveló al diario “Correo del Orinoco”, para la
edición del 07 de junio del 2014 que:
“Pedro Carmona Estanga declaró ante
la fiscalía, tras
ser capturado por su participación en el golpe de Estado,
que parte del plan de la derecha era asesinar al presiden-
de la República, Hugo Chávez”.
No obstante, sabemos por boca del propio Carmona Estanga, que ellos sabían que
el Presidente Chávez no había renunciado y, en consecuencia ellos no tenían a
mano ningún documento para fundamentar lo que afirmaron en el “Decreto” y justificar
“el vacío constitucional de poder” y sí que el presidente estaba secuestrado.
En efecto, Pedro Carmona, declaró a “El Mundo” de Madrid, según cita tomada de
la página web “Rebelión”, lo siguiente:
“Fue un error no sacar
a Chávez del país, quizás el más
importante que cometimos en esos momentos”.
Para agregar luego:
“El grupo militar que mantenía el diálogo el diálogo
con
el Presidente estaba dividido y esa falta de cohesión fue
fatal, pues se precipitaron las cosas y Chávez anunció
al mundo que no había renunciado, sino que estaba re-
tenido en contra de su voluntad”.
Este último texto permite comprender y probar dos cosas, que en efecto el
presidente estaba secuestrado y esto lo confiesa Carmona Estanga y, como dicen
los abogados a confesión de parte relevo de pruebas. De manera que no hubo tal
vacío constitucional de poder y no había motivos legales para sus actos. Es
decir el 12 de abril del 2002, se consumó en Venezuela un golpe de Estado y se
dio inicio a una dictadura que afortunadamente solo duró 48 horas. En segundo
lugar, la tesis de la intención de matar al presidente, que este mismo
denunció, cobra fuerza en esas declaraciones de Pedro Carmona a “El Mundo”.
En otro espacio se consigna que desde Colombia donde todavía está asilado,
sostuvo que el respaldo que le estaba dando la OEA les garantizaba que
Venezuela saldría “de ese trance más rápido que en el caso de
Honduras”.
Ante estos reconocimientos del implicado uno observa una vez más dos elementos
característicos de los golpes de Estado en América Latina, la presencia de la
OEA, como ministerio de colonias de Estados Unidos, que en aquel entonces, no
sólo lo era en la definición sino que actuaba como tal; en Honduras se vio
claramente como la OEA a través de determinados personajes, como Insulza y
Oscar Arias, se prestaron para que el golpe contra el Presidente Zelaya fuese
exitoso. Por supuesto, lo anterior sirve también de una manifestación más para
mostrar como Estados Unidos estuvo metido en el golpe de Estado contra el
Presidente Chávez, como también contra Zelaya.
El segundo elemento, propio de las dictaduras y destino fatal de los
golpes de Estado, es la disposición al asesinato. Asesinaron mediante
paramilitares y francotiradores el 11 de abril para crear un cuadro propicio
para que algunos estamentos militares, en medio de la confusión desconociesen
al Presidente y hasta lo secuestrasen y estaban dispuestos a seguir matando;
ese el fin asignado al presidente, como lo admitió Carmona Estanga, según el
fiscal del Ministerio Púbico, Benigno Rojas.
En estas mismas declaraciones, el fiscal Benigno Rojas,
señala “dos hechos puntuales”, como el mismo dijo, del interrogatorio hecho a
Pedro Carmona Estanga, que llamaron nuestra atención:
“el primero tiene que ver con el convencimiento absoluto
que tenía Carmona Estanga de que estaba haciendo
lo
correcto, y lo segundo que la soberbia de no
querer re-
conocer sus errores, principalmente,
aquel de haber
emitido un decreto que estaba acabando con el hilo
cons-
titucional y la institucionalidad del país”.
De lo anterior, uno deduce que aquel
proceder se corresponde exactamente con la concepción que la derecha tiene en
materia constitucional y hasta en derechos humanos. La constitución es un
documento para ella hecha para ser violada y, los derechos de la ciudadanía a
ejercer la soberanía, es asunto que le trae sin cuidado; por eso no hubo en
Carmona Estanga cuando se le interrogó disposición alguna a reconocer errores y
menos preocupación por haber intentado romper “con el hilo constitucional y la
institucionalidad”, como expreso asombrado Benigno Rojas.
Pero sigamos con el decreto de Carmona Estanga para encontrar más cosas que
aclaran los fines del golpe y las verdaderas intenciones de quienes estuvieron
envueltos en el mismo. Para tal propósito leamos el artículo 3°:
“Se suspende de sus cargos a los diputados principales y su-
plentes de la Asamblea Nacional”.
De un zarpazo, como todo golpismo tradicional, se llevaron por delante un
organismo que aparte representar la voluntad popular, como el Presidente mismo,
sin mediar los mecanismos previstos en la Constitución e integrado tanto por
partidarios del gobierno como de la oposición, dejando a los venezolanos todos
sin representación alguna sino en manos de un personaje a quien nadie había
elegido, en una República Democrática y Protagónica y donde su constitución
establece en su artículo 72, un precepto no conocido en la de otro país del
planeta:
“Transcurrida la mitad del período para el cual fue elegido
el funcionario o funcionaria, un número no menor del 20
por ciento de los electores o electoras inscritos o inscritas
en la correspondiente circunscripción podrá solicitar
la
convocatoria de un referendo para revocar su mandato.
Cuando igual o mayor número de electores y electoras que
eligieron al funcionario o funcionaria hubieren
votado a
favor de la revocación, siempre que haya concurrido al
re-
ferendo un número de electores y electoras inscritos
o ins-
critas, se considerará revocado su mandato y se procederá de
inmediato
a cubrir la falta absoluta conforme a lo dispuesto
en esta Constitución y en la
Ley”.
Por último dejaremos constar de manera muy categórica, como la dictadura
instaurada el 12 de abril del 2012, encabezada por un civil, Pedro Carmona
Estanga, entonces también presidente de la Patronal Fedecámaras,
reconocido rápidamente por algunos gobiernos que siempre han conspiraron contra
Venezuela desde 1999, se apresuró a declarar mediante el artículo 4° del
Decreto, la suspensión de la vigencia de los 48 Decretos Leyes promulgados por
el Presidente Chávez, sobre todo la Ley de Hidrocarburos, de Tierras y Pesca.
Por supuesto, esa tarde, en aquel salón del Palacio de Miraflores, los allí
congregados premiaron al ungido como Presidente con atronadores aplausos,
mientras gritaban eufóricos: “¡Te queremos Pedro!”. Instante mismo en que
desde los cerros de Caracas, las barriadas y las poblaciones vecinas, la gente
formando multitudes, los militares, comenzaron a movilizarse hacia Miraflores a
defender su presidente y producir un acontecimiento inédito, sin antecedente,
por lo menos en la historia de América Latina.
Más tarde Carmona Estanga, en el exilio, habiéndose fugado de Venezuela,
justificó este proceder todo, como la convocatoria a un presunto proceso
electoral para 365 días a partir del 12 de abril del 2002, como se dijo en el
Decreto, en lugar de los 30 días consecutivos después de la ausencia absoluta
del presidente, según demanda la Constitución bolivariana del 1999, diciendo
que no podían convocar elecciones de inmediato porque los chavistas las
volverían a ganar. Se trataba de ganar tiempo y hacer lo que ya habían
comenzado a hacer de inmediato, lo que suelen hacer las dictaduras para
enterrar los recuerdos, adhesiones e imponer por el terror, quizás también
lisonjas y migajas, nuevos “paradigmas”.
No tuvieron tiempo de desarrollar a plenitud sus planes para borrar de la mente
del colectivo la huella profunda del chavismo, su mensaje de justicia, de
reconocer la deuda social con el venezolano que lleva implícita la idea de Hugo
Rafael Chávez Frías, de darle al pueblo, como dijo Bolívar, “la mayor suma de
felicidad posible”, repartiendo de la manera más equilibrada los beneficios de
la renta petrolera y del trabajo en general. Como tampoco tuvieron tiempo de
recorrer la senda del pinochetismo que, como vimos en su oportunidad en este
texto, comenzó por acorralar, atropellar y destruir las fuerzas allendistas, en
todo su espectro y luego se volvió contra sus iniciales aliados y todo
aquél que entorpeciese sus planes de continuismo y perpetuación. Como decir,
empezaron por Salvador Allende hasta llegar a Eduardo Frei quien trabajó
activamente en favor del golpe creyendo que contribuía a “rescatar la
institucionalidad”, en verdad representada en el médico mártir, dirigente
del Partido Socialista chileno. Y lo hicieron mediante la más brutal e
indiscriminada represión hasta llegar a crueldad de robarles niños a sus
padres. Pero no dejaron, quienes tomaron el poder el 11 de abril del 2002, de
asomar las pezuñas y cometer algunas tropelías, que dejaron huellas
demostrativas de lo que se proponían ejecutar, como toda dictadura y
dictadores.
