CUBA ENCUENTRO
Carromero en Miami
Un automóvil accidentado no se deja en la escena como objeto museable. Y como es preciso trasladarlo, los detalles del auto y del lugar no “cambian inexplicablemente”, como afirma Carromero
Este 10 de octubre, al mediodía, el rector Juan Rumín Domínguez dejó que Ángel Carromero profanara el Santuario Nacional Ermita de la Caridad con una rueda de prensa sobre “las muertes aún sin aclarar” de Oswaldo Payá y Harold Cepero. Rumín Domínguez y el resto del clero saben que “no basta un solo testigo para declarar a un hombre culpable de crimen o delito” (Dt 19, 15) y que el único testigo de cargo por el presunto asesinato de Payá es Carromero.
El otro sobreviviente de la tragedia del 22 de julio de 2012 cerca de Bayamo, el sueco Aron Modig, texteó con su teléfono móvil: “Ángel dice que un auto nos golpeó y nos sacó de la carretera”. Este mensaje vale tanto como yo no sé y torna plausible que Modig venía durmiendo, como declaró, e inverosímil que si otro auto “comenzó a acosarnos”, como dice Carromero, no despertara a Modig.
Un testigo de oídas, Ortelio Abr(ah)antes, apareció en Bahamas con carné de policía y alarde de contrainteligencia, pero resultó ser otro personaje de la novela picaresca criolla y enseguida corrió la suerte de Chacumbele.
Números
El circo mediático itinerante de Carromero estrena ahora el numerito rocambolesco de que no hace falta ser experto para comprobar que las fotos del auto accidentado fueron manipuladas. Tampoco hace falta ser coronel del MININT para darle dos bofetadas a Carromero:
El dictamen forense acreditaría que un auto accidentado no se deja en la escena como objeto museable. Y como es preciso trasladarlo, los detalles del auto y del lugar no “cambian inexplicablemente”, según afirmó Carromero a El Nuevo Herald, sino que indican diversos momentos del traslado — “sobre la hierba, o sobre la arena, o cerca de un riachuelo”— y forman en sucesión la cadena de custodia de la prueba que es el auto mismo. No viene al cuento que aparezca en una foto con el parachoques delantero desprendido y en otra foto sin él, porque nada se manipula quitándolo. El parachoques relevante es el trasero.
El Nuevo Herald haría muy buen periodismo sometiendo la tira completa de fotos a examen forense y revisando de paso el informe oficial del entonces agregado diplomático en La Habana del Ministerio del Interior español, Vicente Cuesta-Macho, quien fue a Bayamo a inspeccionar personalmente el auto accidentado y no encontró indicio alguno de colisión con otro.
Cuesta Macho, ya jubilado, no era un agregado diplomático cualquiera. Es autor de artículos y libros sobre ciencia policial, fue jefe de seguridad en La Moncloa, sede del gobierno de España, y sobre todo: no es castrista.
Libro de los Jueces
Carromero presenta su libro Muerte bajo sospecha (Anaya, 2014) en la Casa Bacardí este 14 de octubre y aprovecha su estancia en EEUU para seguir dando vueltas en el redil politiquero del asesinato político de Payá y Cepero. Declaró que “el gobierno español tiene que reconocer la validez de la condena y no puede revisar mi causa, a partir de un tratado de extradición de presos”, pero se guardó que ese mismo tratado[1] autoriza para instar la revisión en Cuba (Art. 17). Ese es el libro que Carromero tiene que presentar ante los jueces de la opinión pública para desacreditar jurídicamente y para siempre a la dictadura castrista.
Apocalipsis
Carromero mismo —u otra persona, organización o entidad en su nombre— puede y debe instar la revisión de la sentencia 573, de 12 de octubre de 2012, que dictó la Sala Primera de lo Penal del Tribunal Provincial Popular con sede en Bayamo. La revisión puede solicitarse a la ministra de Justicia (María Esther Reus González), el presidente del Tribunal Supremo Popular (Rubén Remigio Ferro) o el fiscal general (Darío Delgado Cura), quienes están obligados por la LPP a admitir la solicitud y comunicar a Carromero, dentro del plazo de “noventa días contados desde el recibo de la solicitud”, si la revisión es “procedente [o no, pero siempre] fundamentándose la no aceptación” (Art. 458).
La claque carromerina alegará que la solicitud será en vano, pero es lo único que permitiría tener respuesta negativa fundamentada de la dictadura a las alegaciones que Carromero se tragó en juicio. Por su respuesta oficial, la dictadura quedaría expuesta ante la opinión pública mundial y sería peor si no responde: quien calla, otorga. Por el contrario, la literatura y la prensa folletinesca que se inspiran en Carromero no sirven para nada, salvo para cocinarse en su propia salsa.
La dictadura no solo se ríe de eso, sino que sabe perfectamente que Carromero no correrá el trámite jurídico de rigor porque no puede hacer otra cosa que continuar con su culebrón. Si se atreviera a solicitar la revisión, la respuesta oficial vendría fundamentada nada menos que con los propios abogados defensores.
Carromero declaró a El Nuevo Herald: “Nunca vi el expediente de mi causa”, pero agregó que “las abogadas tuvieron que ir desde La Habana hasta Bayamo y copiar a mano 800 folios”. Así que pudo verlo tal y como lo ve todo acusado en Cuba, porque los tribunales ni dejan sacar los expedientes ni dan servicios de fotocopia. Así y todo, la causa se resume por escrito en las conclusiones provisionales de la acusación y de la defensa, que todo acusado recibe y Carromero no enseña.
El Nuevo Herald haría buen periodismo dejando de dar vueltas sobre un caso criminal sin revisar primero el pliego acusatorio y el alegato de la defensa, así como entrevistando a los juristas del bufete madrileño Lupicinio Abogados que fueron a defender a Carromero: José María “Pepe” Viñals y Lis Mari Suárez. No hace falta entrevistar a los abogados cubanos que completaron el equipo de la defensa, Dorisbel Rojas y Alejandro Millares, porque serían castristas.
Coda
En trance de manicomio, la seguridad se reforzó para prevenir que algún agente castrista atentara contra Carromero en Miami. Aparte de que la única medida racional de seguridad sería asignarle un chofer, Castro no se preocupa por quien, como no tiene función jurídica que dar, da funciones de circo en una casa de Dios y en otra de Bacardí. Allá quien pague por el espectáculo.
El otro sobreviviente de la tragedia del 22 de julio de 2012 cerca de Bayamo, el sueco Aron Modig, texteó con su teléfono móvil: “Ángel dice que un auto nos golpeó y nos sacó de la carretera”. Este mensaje vale tanto como yo no sé y torna plausible que Modig venía durmiendo, como declaró, e inverosímil que si otro auto “comenzó a acosarnos”, como dice Carromero, no despertara a Modig.
Un testigo de oídas, Ortelio Abr(ah)antes, apareció en Bahamas con carné de policía y alarde de contrainteligencia, pero resultó ser otro personaje de la novela picaresca criolla y enseguida corrió la suerte de Chacumbele.
Números
El circo mediático itinerante de Carromero estrena ahora el numerito rocambolesco de que no hace falta ser experto para comprobar que las fotos del auto accidentado fueron manipuladas. Tampoco hace falta ser coronel del MININT para darle dos bofetadas a Carromero:
- Si es tan evidente, ¿por qué demoró más de dos años en plantearlo?
- Si demoró tanto, ¿por qué su claque en el Partido Popular español —desde el diputado Pablo Casado hasta la jefaza Esperanza Aguirre— no consiguieron dictamen forense del CIN español o del MI-6 inglés, del FBI o de la CIA, para desacreditar como Dios manda al G-2 castrista?
El dictamen forense acreditaría que un auto accidentado no se deja en la escena como objeto museable. Y como es preciso trasladarlo, los detalles del auto y del lugar no “cambian inexplicablemente”, según afirmó Carromero a El Nuevo Herald, sino que indican diversos momentos del traslado — “sobre la hierba, o sobre la arena, o cerca de un riachuelo”— y forman en sucesión la cadena de custodia de la prueba que es el auto mismo. No viene al cuento que aparezca en una foto con el parachoques delantero desprendido y en otra foto sin él, porque nada se manipula quitándolo. El parachoques relevante es el trasero.
El Nuevo Herald haría muy buen periodismo sometiendo la tira completa de fotos a examen forense y revisando de paso el informe oficial del entonces agregado diplomático en La Habana del Ministerio del Interior español, Vicente Cuesta-Macho, quien fue a Bayamo a inspeccionar personalmente el auto accidentado y no encontró indicio alguno de colisión con otro.
Cuesta Macho, ya jubilado, no era un agregado diplomático cualquiera. Es autor de artículos y libros sobre ciencia policial, fue jefe de seguridad en La Moncloa, sede del gobierno de España, y sobre todo: no es castrista.
Libro de los Jueces
Carromero presenta su libro Muerte bajo sospecha (Anaya, 2014) en la Casa Bacardí este 14 de octubre y aprovecha su estancia en EEUU para seguir dando vueltas en el redil politiquero del asesinato político de Payá y Cepero. Declaró que “el gobierno español tiene que reconocer la validez de la condena y no puede revisar mi causa, a partir de un tratado de extradición de presos”, pero se guardó que ese mismo tratado[1] autoriza para instar la revisión en Cuba (Art. 17). Ese es el libro que Carromero tiene que presentar ante los jueces de la opinión pública para desacreditar jurídicamente y para siempre a la dictadura castrista.
- En Cuba, la Ley de Procedimiento Penal (LPP)[2] permite revisar sentencias en todo tiempo (Art. 457) por fundamentos no alegados en su día y “a instancia de alguna persona, organización u otra entidad” (Art. 455).
- Desde el 5 de marzo de 2012 en The Washington Post, Carromero viene alegando algo esencial que no dijo en su día de juicio: que otro coche “impactó con estruendo por detrás” al suyo.
- El 3 de abril de 2014 Carromero dijo a Diario las Américas que “concibió pedir un peritaje sencillo del parachoques [trasero] pero no se concedió ninguna prueba a mi defensa”.
- No conceder “ninguna prueba” es causal de revisión que la LPP autoriza por quebranto de las “garantías esenciales del procedimiento” (Art. 456.1), pues tras dictarse prisión provisional, el acusado y su defensor pueden “proponer pruebas” (Art. 249).
- No conceder el “peritaje sencillo del parachoques” para determinar si otro coche “impactó con estruendo por detrás”, refuerza la solicitud de revisión por no haberse “practicado pruebas de importancia esencial para el proceso” (Art. 456.1).
- Carromero declaró a El Nuevo Herald que “la legislación cubana impide que puedas proponer un perito”. Es cierto: en Cuba toda diligencia pericial se lleva a cabo con “los peritos designados oficialmente” (Art. 210), pero aunque no puedas proponer a tu perito sí puedes proponer la prueba pericial que te dé la gana (Art. 209) y si no estás de acuerdo con el resultado, pedir a la autoridad que exija a los peritos “aclaración o ampliación” (Art. 213).
- Si el Instructor Policial no practica la prueba solicitada, la defensa puede “recurrir en queja ante el Fiscal” (Art. 249). Y si el Fiscal tampoco accede, la prueba puede proponerse al tribunal en el trámite de presentación de las conclusiones provisionales de la defensa (Arts. 280 y 283).
Apocalipsis
Carromero mismo —u otra persona, organización o entidad en su nombre— puede y debe instar la revisión de la sentencia 573, de 12 de octubre de 2012, que dictó la Sala Primera de lo Penal del Tribunal Provincial Popular con sede en Bayamo. La revisión puede solicitarse a la ministra de Justicia (María Esther Reus González), el presidente del Tribunal Supremo Popular (Rubén Remigio Ferro) o el fiscal general (Darío Delgado Cura), quienes están obligados por la LPP a admitir la solicitud y comunicar a Carromero, dentro del plazo de “noventa días contados desde el recibo de la solicitud”, si la revisión es “procedente [o no, pero siempre] fundamentándose la no aceptación” (Art. 458).
La claque carromerina alegará que la solicitud será en vano, pero es lo único que permitiría tener respuesta negativa fundamentada de la dictadura a las alegaciones que Carromero se tragó en juicio. Por su respuesta oficial, la dictadura quedaría expuesta ante la opinión pública mundial y sería peor si no responde: quien calla, otorga. Por el contrario, la literatura y la prensa folletinesca que se inspiran en Carromero no sirven para nada, salvo para cocinarse en su propia salsa.
La dictadura no solo se ríe de eso, sino que sabe perfectamente que Carromero no correrá el trámite jurídico de rigor porque no puede hacer otra cosa que continuar con su culebrón. Si se atreviera a solicitar la revisión, la respuesta oficial vendría fundamentada nada menos que con los propios abogados defensores.
Carromero declaró a El Nuevo Herald: “Nunca vi el expediente de mi causa”, pero agregó que “las abogadas tuvieron que ir desde La Habana hasta Bayamo y copiar a mano 800 folios”. Así que pudo verlo tal y como lo ve todo acusado en Cuba, porque los tribunales ni dejan sacar los expedientes ni dan servicios de fotocopia. Así y todo, la causa se resume por escrito en las conclusiones provisionales de la acusación y de la defensa, que todo acusado recibe y Carromero no enseña.
El Nuevo Herald haría buen periodismo dejando de dar vueltas sobre un caso criminal sin revisar primero el pliego acusatorio y el alegato de la defensa, así como entrevistando a los juristas del bufete madrileño Lupicinio Abogados que fueron a defender a Carromero: José María “Pepe” Viñals y Lis Mari Suárez. No hace falta entrevistar a los abogados cubanos que completaron el equipo de la defensa, Dorisbel Rojas y Alejandro Millares, porque serían castristas.
- Carromero afirmó a El Mundo el 5 de agosto de 2013: “A mi abogado lo vi una vez el día antes del juicio y pude hablar con él a solas 60 segundos por el descuido de un coronel. En ese momento le dije: ‘Pepe, en España saben que no ha sido un accidente, ¿verdad?’. Él me contestó que sí, pero que me mantuviera en la versión oficial”.
- Viñals declaró al periódico ABC, el 29 de diciembre de 2012, que “los abogados pudimos estar a solas con Ángel [Carromero] mientras duró el procedimiento y preparar con él la defensa”. Así que la cosa no fue de último minuto ni de un solo abogado.
- “Pepe” Viñals declaró el 30 de diciembre de 2012 al periódico español en línea Diario Jurídico: “Nosotros organizamos un equipo en España y en Cuba y presentamos unas alegaciones preliminares a las conclusiones de la fiscalía. [En el juicio] pedimos la absolución”.
- Así que no pudo haberle dicho jamás a Carromero que se mantuviera en la versión oficial, máxime si se opuso a ella desde las alegaciones preliminares, a saber: que Carromero no conducía a exceso de velocidad y perdió el control del vehículo por la mala señalización del tramo en que ocurrió el accidente, que no era terraplén, sino vía no pavimentada.
Coda
En trance de manicomio, la seguridad se reforzó para prevenir que algún agente castrista atentara contra Carromero en Miami. Aparte de que la única medida racional de seguridad sería asignarle un chofer, Castro no se preocupa por quien, como no tiene función jurídica que dar, da funciones de circo en una casa de Dios y en otra de Bacardí. Allá quien pague por el espectáculo.
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