¿Aristóbulo, recuerdas lo que en la IV nos hacían a los educadores? ¿Es pura coincidencia?
Eligio Damas
Si, en efecto, estoy jorungando en el pasado. Eso enseña y trae a la memoria cosas agradables, desagradables y hasta sorpresas, como que quienes antes decían o hacían una cosa, ahora dicen y hacen lo contrario. Los perseguidos de entonces ahora persiguen y hacen de capataces.
Esta vez reproduzco un artículo nuestro, escrito en octubre del año 1979, es decir hace 40 años y publicado en el diario “El Tiempo” de Puerto La Cruz. En ese entonces era el suscrito un joven de 30 años y dirigente del Colegio de Profesores de la Seccional N°9 del Estado Anzoátegui, sin militancia política, pues el MIR, mi partido , se había disuelto de nuevo. En ese entonces, Aristóbulo Istúriz formaba parte de la vanguardia que en Caracas coordinaba las luchas del magisterio.
Como se lee abajo, el gobierno de entonces, integrado por los socialcristianos, optaba porque se promulgase una Ley de Sueldos y Salarios, en contra de nuestra aspiración que la relación laboral se hiciese mediante la contratación. La historia es conocida, el movimiento magisterial, como solíamos llamarle entonces, terminó venciendo en aquella contienda y logramos nuestras aspiraciones. En el curso de aquel debate y actos huelgarios, el gobierno optó por acusar al movimiento magisterial de conspirador y hasta hubo amenazas, sanciones, allanamientos policiales y hasta levantamiento de expedientes. Por eso el título de aquel trabajo puesto de manera interrogativa.
Hago estas reflexiones, ahora en mi vejez y jubilación, como un ejercicio de mucho significado. ¿Cómo verme, después de haber participado en aquellas luchas y hasta haber escrito cosas como las que siguen, de estar ahora en el gobierno, hasta de ministro de Educación, como lo está Aristóbulo, jugando el rol contrario al de entonces? ¿Cómo tranquilizar mi conciencia si habiendo llegado al gobierno le haga a mis colegas aquello que a nosotros nos hicieron cuando éramos jóvenes y simples educadores?
El salario de un educador de ahora, como en aquellos tiempos, poco alcanza para cubrir las necesidades básicas; hasta creo que hoy la cosa es peor, pero este no es el asunto de fondo que me motiva ahora. Me motiva y hasta enfada, que como a nosotros en 1979, se nos acusaba, por parte de un gobierno que tildábamos de “derecha”, de conspirar simplemente por reclamar la contratación laboral y todo lo que eso significa, a los maestros o docentes de este tiempo “revolucionario e izquierdista”, se nos acuse de lo mismo y hasta por igual motivo.
¿Puede ser sensato, moralmente aceptable, que alguien quien dice hablar desde la perspectiva de un izquierdista, sabiendo las condiciones miserables en que vive el docente, y estando lo suficientemente claro, porque debe estarlo, de la enorme contribución de ese trabajador en la productividad social, le acuse de conspirador por pedir un aumento salarial cónsono con sus necesidades y su aporte?
Eso siempre lo dice la derecha y en todas partes, pues son ellos “los defensores del capital, su dueño y quien se apropia de la plusvalía”, lo grave y preocupante es que tal acusación provenga de un gobierno y de funcionarios “revolucionarios, defensores del trabajador” que deberían sentirse obligados a estimular las luchas del pueblo por sus beneficios. Y el asunto es más grave, cuando entre quienes hacen esas serias e injustas calificaciones y hasta amenazas contra los educadores, están quienes entonces, en 1979, unos años antes y después también, estaban al frente de esas luchas, como Aristóbulo Istúriz.
Y parece increíble, pero uno ha podido verlo y constatarlo, que este gobierno de “revolucionarios”, intente hacer o hace lo mismo que los gobiernos de entonces, negar las contrataciones, desconocerlas e imponer el salario desde una oficina, sin importar el clamor, necesidades y aportes en el proceso productivo de los trabajadores.
Y es como muy llamativo que un “gobierno revolucionario, entre quienes están hombres de aquellos años, no sólo casi condena la protestan por la defensa de la contratación laboral, como desconocen los contratos mismos, sino que califique como una criminalidad algo sagrado para los luchadores populares y los trabajadores todos, el derecho a huelga. Eso casi significa que, toda lucha, que pudiera tomar distintas formas, incluso el paro o huelga por el cambio, sería para ellos un delito.
Les dejo para que lean la nota de 1979.
¿Conspiran los educadores?
Eligio Damas
El conflicto del magisterio ha entrado en lo que podríamos definir como una nueva etapa.
La etapa que culminó con el exitoso paro de 48 horas, cumplido entre los días miércoles 24 y jueves 25 y la marcha de esta última fecha por la contratación colectiva y defensa del proyecto de Ley de Sueldos y Salarios, se caracterizó por la unidad clasista del gremio.
La ofensiva oficial, orquestada con la intentona divisionista de un sector de la alta dirección copeyana, no pudo quebrar la unidad gremial en esta primera fase.
El gobierno fundamentó su ofensiva contra la acción conflictiva del magisterio en la denuncia de las peticiones económicas como muy elevadas, en la presentación de la Ley de Sueldos y Salarios como una alternativa más adecuada que la contratación, en el señalamiento de las acciones sindicales como lesivas al sistema educativo y por último, en vincular el movimiento a un presunto intento contra la estabilidad gubernamental.
El oficialismo no pudo abrir brechas en la unidad gremial con sus primeras argumentaciones, antes por el contrario produjo fisuras en el seno del partido de gobierno. Fue imposible para el gobierno alcanzar sus objetivos frente a la evidente justeza de los planteamientos contractuales que sólo atienden al interés de la clase de los trabajadores al servicio de la educación; lesionados por la política económica de quienes en el pasado y en el presente han dominado el aparato del estado. Por eso, con justa razón, sectores importantes de Copei desconocieron la línea trazada por Felipe Montilla, que la consideraron en abierta contradicción con los intereses de las bases del magisterio.
Por otra parte, los educadores saben que nada puede deteriorar más al sistema educativo, pues es imposible asesinar a un cadáver. Por el contrario, la firma del proyecto de Contrato Colectivo, que contiene cláusulas relativas a la educación y al educando, puede implicar soluciones a problemas vitales de la educación.
Por estas circunstancias, el gobierno, el Ministerio de Educación y Felipe Montilla, optaron por introducir en el debate un argumento político para amedrentar al país, a los educadores y particularmente a quienes militan en Copei y de paso romper la unidad de clase del magisterio.
Las clases dominantes, representadas en esta confrontación por el oficialismo y un sector gerencial de la alta dirección de Copei, pretenden crear la discordia entre los explotados y expoliados por la inflación, con la conseja que el conflicto de los educadores y trabajadores de la educación en general está siendo utilizado para conspirar contra el gobierno.
En esto, como en muchas otras cosas, este gobierno se parece a los anteriores, quienes revelando el interés de las clases dominantes que representan, no han vacilado en declarar ilegal toda acción reivindicativa de los trabajadores y en presentarla como destinada a socavar las bases del régimen político. Recuérdese que el gobierno anterior declaró ilegales casi la totalidad de los conflictos planteados por los trabajadores y apeló a la fuerza pública con frecuencia contra estos, con el cuento que amenazaban la estabilidad institucional.
Ese comportamiento está destinado a amedrentar, dividir y en última instancia a justificar la represión.
La próxima etapa del conflicto se caracterizará por la profundización de las luchas y nuevos intentos divisionistas los cuales debemos dar respuestas inteligentes y clasistas.
El tiempo
Pto. La Cruz, 30-10-79
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