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CUBA: TRESCIENTAS ENTIDADES SUJETAS A COMPROBRACIÓN NACIONAL JOSE ANTONIO CAMELLON Corresponsal Cuba La VIII Comprobación Nacional al Control Interno, estructurada con carácter preventivo y educativo, se efectuará del 21 de octubre al 22 de noviembre próximos, en 309 entidades de todo el país, según se conoció en conferencia de prensa, en La Habana. Gladys Bejerano, miembro del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y Contralora General de la República, explicó que no debe verse como un ejercicio mecánico, sino como un acto para verificar, mejorar y apoyar la labor de sistematicidad y cumplimiento de lo acordado sobre la materia en los Lineamientos de la Política Económica y Social del Partido y la Revolución. Es más bien -dijo- una auditoría de investigación y para realizar sugerencias, donde la participación de los trabajadores permitirá disponer de información útil, aunque –aclaró- en caso de detectarse un delito se actuará con el debido rigor y acorde con la ley. La vicepresidenta del Consejo de Estado precisó que la Comprobación, –que involucra a todos los trabajadores del Sistema Nacional de Contraloría-, este año se concentrará en la producción de alimentos y en las nuevas formas productivas, aspectos esenciales para disminuir importaciones y lograr el bienestar social. El plan de viviendas en Santiago de Cuba y Guantánamo, provincias más afectadas por el huracán Sandy, se incluye entre los programas que también serán evaluados. Bejerano insistió en que la Comprobación no es una acción para sorprender ni se concentrará solo en lugares con problemas, tiene la intención –además- de aprovechar las mejores experiencias. Destacó la importancia de la supervisión y el control sistemáticos, y del valor del autocontrol con honestidad, profundidad y capacidad para reconocer los errores. Alina Vicente, vicecontralora general, precisó que de las 309 entidades a evaluar más del 70 por ciento pertenecen al sector agroalimentario. Comentó que el período de muestra será el primer semestre de 2013, aunque –añadió- puede abarcarse otro período, proceso en el que participarán más de mil auditores y demás especialistas. Señaló que también se comprobarán tareas complementarias, como la contratación económica, el estado de las cuentas por cobrar y por pagar, y el cumplimiento de la regulación para el control de combustible. Durante el encuentro se informó que para la Comprobación –con la que se busca reducir el exceso de controles internos- los principales cuadros de la Contraloría recibieron un seminario de capacitación, para asegurar la preparación tanto de evaluados como de auditores. Aclaran dudas sobre modificaciones en legislaciones penales Dudas e interrogantes de la población sobre cambios recientes en legislaciones penales fueron respondidas hoy en el espacio radiotelevisivo Mesa Redonda, dedicado al tratamiento de este tema. Directivos del Tribunal Supremo Popular, la Fiscalía General de la República y el Ministerio del Interior esclarecieron aspectos sobre lo estipulado en el Decreto Ley 310/2013, que modifica el Código Penal y la Ley de Procedimiento Penal. También respondieron interrogantes acerca de lo recogido en el Decreto Ley 313/2013 del Consejo de Ministros, sobre el depósito, conservación y disposición de los bienes muebles que se ocupan en procesos penales y confiscatorios administrativos Los principales planteamientos se centraron en la ampliación de la competencia de los tribunales municipales, la imposición de multas administrativas, la celeridad de los procesos y la seguridad para garantizar su desarrollo, entre otros aspectos. Rafael Pino, vicefiscal general de la República de Cuba, señaló que las multas administrativas ya se aplicaban anteriormente para los delitos de hasta un año de privación de libertad, y su cuantía era de 200 a tres mil pesos, y en la actualidad corresponden de 500 a cinco mil o siete mil pesos si el delito es de hasta tres años de privación de libertad. Indicó que para su aplicación se tienen que dar otros requisitos como la escasa peligrosidad y condiciones personales del comisor, y siempre con la aprobación del fiscal porque aumenta el marco sancionador y la cuantía de la multa. El comisor debe satisfacer el pago de la multa en los 10 días hábiles siguientes a su imposición, y en caso de que no esté de acuerdo con esta medida el caso sigue y se ventila en los tribunales, precisó. Oscar Manuel Silvera, vicepresidente del Tribunal Supremo Popular, destacó que con las nuevas competencias de los tribunales municipales aumenta la celeridad y calidad de los procesos, y se eliminan trámites innecesarios en tanto la formación de la sanción conjunta beneficia a quien extingue la sanción. El público se pronunció además porque se incluya como medida el trabajo comunitario, se refuerce la seguridad en los tribunales en los casos que lo ameriten, y se actúe inflexiblemente contra lo mal hecho y la impunidad. Al respecto, el coronel Félix Yanes, segundo Jefe de la Dirección General de Investigación Criminal y Operaciones del Ministerio del Interior, manifestó que existen las coordinaciones entre las entidades para que un juicio se desarrolle según los requerimientos y connotación de cada caso. A la pregunta de que si los sancionados con anterioridad a la puesta en vigor de las modificaciones pueden acogerse a estas, Pino respondió que las leyes no son retroactivas. Manifestó que no se modifican sanciones ni delitos, sino solo las competencias de los tribunales y aspectos del Código Penal y la Ley de Procedimiento Penal. Recordó que se puede solicitar la revisión de un caso si se considera que existen elementos que así lo justifique. Insistió en que se trabaja en la individualización de cada caso, partiendo de qué tipo de persona infringe la ley. La persona, el hecho y las pruebas presentadas son elementos fundamentales a la hora de aplicar una sanción, aseveró. Yanes apuntó que se ocupan solo aquellos bienes que tengan relación directa con el delito que se investiga, y se evalúa la devolución de lo que nada tenga que ver. Agregó que todo depende de la demanda de la investigación y la racionalidad con que se actúe. Se informó que el tribunal se responsabiliza con el fallo sobre los bienes y decide su legitimidad. Silvera enfatizó que los tribunales siempre actuarán con rigor ante los delitos graves que afecten a la población, la sociedad y la economía, con una respuesta jurídico-penal justa, ética y proporcionada.