EL UMBRAL DE NUEVOS TIEMPOS

 El umbral de nuevos tiempos
                                                      Por Lorenzo Gonzalo, 11 de agosto del 2018

Desde hace unos días estoy por charlar un poco sobre el Proyecto de Reforma Constitucional que tiene lugar en Cuba. Tarea que, al parecer, ha tomado varios meses de discusiones por diversas comisiones del Gobierno, el Partido, Instituciones civiles y ciudadanía en general. El Proyecto en cuestión será presentado de nuevo públicamente a través de las llamadas Organizaciones de Masa, las cuales son agrupaciones de barrio, ciudades, organismos sindicales e intelectuales.

Una novedad es que el Gobierno ha invitado a los emigrados cubanos a participar, un sector que por décadas fue desconocido y vilipendiado de manera oficial y oficiosa. Por ese motivo haré primeramente este comentario, antes de decidirme a opinar sobre el particular.

Debido a la Guerra Fría y en muchas oportunidades caliente, decretada unilateralmente por Washington, la política oficial cubana se autoproclamó el derecho de considerar desertores, apátridas y otros calificativos peyorativos, a quienes abandonaban la Isla. Las razones para defender dicho criterio fue el caprichoso argumento, de que cada ciudadano del país, era un “soldado de la Patria”. La acusación no tuvo en cuenta, que no todos los que combatieron la Dictadura de Batista y aceptaron el liderazgo de Fidel Castro, juraron apoyarlo incondicionalmente en lo político a posteriori del triunfo. 

Con los años las cosas se calmaron y quedó claro que no todos los que abandonaban el país apoyaban a Estados Unidos en sus agresiones o servían de quinta columna para minar la estabilidad del proceso revolucionario iniciado con el apoyo mayoritario de la población o comprendieron que habían sido instrumentos políticos de Washington. Esta evolución en las mentalidades y las actitudes de la mayoría emigrada dio lugar a diálogos con el gobierno, limándose asperezas y arribando a comprensiones mutuas.

Lamentablemente, aún para muchos de los protagonistas de aquel proceso, las personas que se fueron de la Isla o que, sin abandonarla emitieron opiniones críticas contra la dirección del gobierno revolucionario, apartándose del oficialismo, continúan siendo considerados desertores. Pero la realidad es que la lucha en contra de Batista no fue un movimiento ideológico, sino la respuesta política a un golpe de Estado que violó flagrantemente la Constitución vigente en 1952. Otro tanto ocurre con algunos de quienes se marcharon y pretenden enjuiciar a personeros del gobierno que, en función de sus ideas y desempeños, tuvieron a su cargo reprimir y eliminar los focos insurrectos que surgieron bajo la dirección o al servicio de Estados Unidos de América.

Dicho esto, se puede entender mejor porqué resulta novedoso que los emigrados cubanos hayan sido invitados a un acontecimiento de esta naturaleza. No sólo significa reconocerles la plena ciudadanía que nunca perdieron y a la cual. la mayoría de ellos jamás renunció, sino devolverle el derecho político a la participación.

Esto apunta a un languidecimiento de las acusaciones contra el gobierno cubano por “por violaciones a los derechos políticos de sus ciudadanos”. Por supuesto siempre quedarán vigentes aquellos acusadores que se fundamentan en sistemas políticos diferentes al cubano, lo cual implica desconocer las leyes soberanas de Cuba. En estos casos las acusaciones son meramente propaganda o una manifiesta injerencia en sus asuntos internos.

Como colofón de ese reconocimiento político ciudadano al emigrado, está la propuesta de ciudadanía fundada en nacionalidad que aparece en el texto del Proyecto el cual la define por el lugar de nacimiento. Esta disposición constitucional convierte a los nacidos en el país en eternos nacionales cubanos. La ciudadanía puede ser renunciable pero no la nacionalidad, la cual está dada por el lugar de nacimiento, hecho que no puede borrarse por decreto o capricho alguno. Al menos así interpreto el párrafo que lidia con este asunto.

La invitación del gobierno cubano convocando a los emigrados a participar en las propuestas constitucionales, sumada a esa definición plasmada en el Proyecto definiendo la ciudadanía por nacimiento, cierra el círculo que garantiza a todo ciudadano la participación política en los asuntos de Estado.

Todo esto, por supuesto, está sujeto a la organización del sistema político cubano, el cual, por su motivación social, concibe la política como una función administrativa y no como competencia deportiva en pos de triunfos o para satisfacer determinados intereses personales o de grupo.

Cuba ha dado un paso más en el camino de considerar a todos sus ciudadanos por igual. Ya van quedando atrás los días azarosos donde la confusión causada por las intromisiones de Estados Unidos en sus asuntos internos llevó a la dirección cubana a colocar en un rasero común de carácter político, a todos los que partían a otras tierras por razones personales e incluso desplazando a muchos que decidieron quedarse en el país, limitándolos en su movilidad de decidir profesiones o trabajos.

Para asombro de muchos, el proceso cubano ha dado muestra de enorme objetividad para reconocer errores y rectificarlos con pasmosa ecuanimidad y respeto.

El camino a la opinión plena de todos los ciudadanos cubanos ha comienza a ser oficialmente inaugurada por el Estado cubano. Aceptarlo no es un deber de los emigrados, pero sí una consideración a la hora de criticar al gobierno.

No considerarla es además una oportunidad perdida y la inmadurez política de negarle el beneficio de la duda a un proceso que ha sido capaz de vivir y desarrollarse, con altas y bajas, por sesenta años.

Ojalá no me equivoque, pero creo que estamos en el umbral de nuevos tiempos, aun cuando queden muchas cosas por definir y muchos viejos criterios por erradicar.

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