El Desasociado
Estado Puertorriqueño
Por
Hedelberto López Blanch
La noticia era de esperar desde hacía bastante tiempo. El
gobernador de Puerto Rico, Alejandro García Padilla confirmó el primero de
Mayo, día de los trabajadores, que el país entró en impago parcial de 422
millones de dólares.
En
transmisión televisiva como ya ha hecho en otras ocasiones, García Padilla
anunció que el gobierno carecía de fondos para pagar una deuda del Banco Gubernamental
de Fomento (BGF, central), que venció este primero de mayo.
El 29 de junio de 2015, también por televisión, García Padilla dijo que el país no podía pagar los más de 73 000 millones de dólares de su abultada deuda pública y pidió a los habitantes “compartir el sacrificio”.
El 29 de junio de 2015, también por televisión, García Padilla dijo que el país no podía pagar los más de 73 000 millones de dólares de su abultada deuda pública y pidió a los habitantes “compartir el sacrificio”.
Esta es la
segunda ocasión que el gobernador decreta impagos con acreedores, debido a la
insolvencia del Banco Central, que en la actualidad solo cuenta con 562
millones de dólares en sus arcas.
Tuvo que
reconocer que está con las manos atadas pues por la inacción del Congreso de
Estados Unidos, el denominado Estado
Libre Asociado (ELA) que desde 1898 funciona como una colonia de Estados
Unidos, no cuenta con instrumentos para sobrellevar ese pago y al mismo tiempo
asumir los gastos de los servicios esenciales de la ciudadanía.
El gobernador dijo que han sido infructuosos sus continuos viajes a Washington para pedir, solicitar y rogar al Congreso que "nos provea las herramientas para reestructurar nuestras deudas", que ascienden a 73 000 millones de dólares.
El gobernador dijo que han sido infructuosos sus continuos viajes a Washington para pedir, solicitar y rogar al Congreso que "nos provea las herramientas para reestructurar nuestras deudas", que ascienden a 73 000 millones de dólares.
Como García
Padilla sabe que no tiene ningún poder real, le manifestó al Congreso
estadounidense, en su última visita a Washington, que le daría la bienvenida a
una junta de supervisión fiscal que asistiera al gobierno de Puerto Rico en el
proceso de balancear su presupuesto y mejorar su disciplina fiscal, para que
"los errores que cometieron gobernadores del pasado no los cometan otros
en el futuro". A la par, se “opuso” a una junta de control fiscal, bajo el
argumento de que sus decisiones prevalezcan sobre las del gobierno
puertorriqueño porque se "regresaría al régimen colonial".
Como se
conoce, el anterior gobernante republicano Luís Fortuño, reconocido neoliberal al
igual que Padilla, abogaba por la anexión plena de Puerto Rico a Estados
Unidos, e impuso en 2009, el ahorro de 2 000 millones de dólares en gastos
públicos mediante la llamada Ley 7, la cual implicaba el despido masivo de más
de 21 000 funcionarios y trabajadores y el perjuicio para sus familias.
Con el
argumento de “hacer el gobierno más chico y que la empresa privada sea la que
resuelva el problema”, Fortuño justificó los despidos en una nación cuya tasa
de desempleo se ubicaba ya en ese año en 15,8 %
En cuanto al
impago propuesto por el gobernador del oficialista Partido Popular Democrático
(PPD), la senadora independentista María de Lourdes Santiago lo consideró una
acción tardía ya que, según afirmó, “la estrategia correcta es una declaración
frontal de impago pues resulta imposible cumplir con la deuda y con los
servicios que necesita el país”.
Seguidamente
criticó a García Padilla por haber dicho que la junta federal de control fiscal
haría volver a Puerto Rico al régimen colonial.
Y sentenció: "vivimos en el régimen colonial que el PPD defiende; es el Congreso el que puede imponer la junta o cualquier medida que se le antoje; porque el ELA es colonia y por eso los puertorriqueños se han visto obligados a servir y morir en las guerras de Estados Unidos".
Hasta el momento, el gobierno federal estadounidense que dirige la vida política nacional e internacional dela
Isla no ha previsto ningún rescate para Puerto Rico pese a su
asfixia financiera.
Y sentenció: "vivimos en el régimen colonial que el PPD defiende; es el Congreso el que puede imponer la junta o cualquier medida que se le antoje; porque el ELA es colonia y por eso los puertorriqueños se han visto obligados a servir y morir en las guerras de Estados Unidos".
Hasta el momento, el gobierno federal estadounidense que dirige la vida política nacional e internacional de
La realidad
es que la vida se ha vuelto mucho más cara para los 3 650 000 habitantes de la Isla que desde hace largos
años enfrentan la incertidumbre económica sin ver algún respiro.
Las
estadísticas indican que en ese Estado Libre Asociado, el 40 % de la población
adulta trabaja o busca algún empleo, mientras que el resto esta desvinculada o
lo hace en la economía sumergida. La inversión ha caído un 20 % y los activos
bancarios en 35 %.
Las cifras son calamitosas pues Organizaciones
No Gubernamentales afirman que el 72,6 % de la población vive en precarios
niveles de pobreza, y más de 15 000 habitantes (la mitad jóvenes) son adictos a
las drogas.
El gobernador García Padilla impuso el pasado
año varias medidas para “solventar” la situación: aumentó los impuestos a la
venta de 7 % a 11,5 %, redujo en 11 % los servicios de atención de salud
Medicare y Medicaid; eliminó puestos de
trabajo en empresas y administración, y disminuyó los pagos de jubilaciones.
Con acciones
neoliberales orientadas por el Banco Mundial y el Fondo Monetario
Internacional, con el auspicio de Washington, los gobiernos puertorriqueños han
ampliado año tras año la brecha entre pobres y ricos al propiciar constantes
alzas en el precio de los servicios básicos esenciales, como la energía
eléctrica, el agua potable y transportación pública.
Este Primero de Mayo se recordará en esa Isla
Caribeña porque miles de trabajadores, activistas políticos y sociales marcharon
en repudio a los constantes recortes sociales y contra la proyectada imposición
de una junta federal de control fiscal que representaría nuevas vicisitudes
para cientos de miles de puertorriqueños.
Algunos
especialistas ya denominan al ELA como el Desasociado Estado Puertorriqueño.
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