| PUBLICADO POR: Hector Garcia Soto --- El sáb, 15/12/12, librorio guiz <reformas21@hotmail.com> escribió:
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Derechos humanos y finanzas torcidas
Viernes 14 de diciembre de 2012 - 96 Año 2012
Roberto Bissio
El lunes 10 de diciembre, día internacional de los derechos humanos, un grupo de organizaciones defensoras de estos derechos y redes globales de ciudadanos lanzaron un sitio web (www.rightingfinance.org) dedicado a la relación entre las normas que regulan (o no) a las finanzas y las leyes y tratados internacionales que defienden la dignidad humana.
La quiebra de la banca de inversión Lehman Brothers en setiembre de 2008 desencadenó una crisis financiera en Estados Unidos que pronto se convirtió en crisis de la economía globalizada, con efectos que aún se sienten en todo el planeta de diversas maneras. Muchos estudios han documentado cómo esta crisis generó desempleo a nivel mundial, aumentó la pobreza y se descargó sobre las mujeres al aumentar la violencia doméstica y las tareas en el cuidado de niños, ancianos y enfermos, para compensar el recorte de los presupuestos gubernamentales de educación y salud.
“Y sin embargo la regulación financiera es tratada como si los derechos humanos no fueran parte de la discusión”, explicó el economista argentino Aldo Caliari, investigador del Center of Concern de Washington y coordinador de “Esto es lo que nos proponemos cambiar”, una campaña por vincular finanzas y derechos humanos apoyada, además, por la Asociación para los Derechos de las Mujeres y el Desarrollo (AWID), el Centro por los Derechos Económicos y Sociales (CESR), Civicus, la Red de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el grupo de feministas del Sur DAWN, el Insttuto Brasileño de Análisis Social y Económico (Ibase), Social Watch y el Centro Noruego de Derechos Humanos.
La preocupación por el impacto sobre los derechos humanos de la crisis y las consiguientes políticas económicas llamadas “de austeridad” ya había llevado en junio pasado al Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas a dirigirse a los gobiernos a través del poco usual expediente -para un organismo de las Naciones Unidas- de una “carta abierta”. En ella se reconoce que las decisiones en tiempos de crisis son “siempre difíciles y complejas” y “a veces dolorosas”, pero “deben evitarse aquellas que nieguen o restrinjan los derechos económicos, sociales y culturales”, ya que esto sería violatorio de las normas internacionales de derechos humanos y, además, “pueden conducir a inseguridad social e inestabilidad política”.
Pero como sabe cualquier niño lector de cuentos de hadas, es mucho más fácil soltar al genio de su encierro en la botella que hacerlo volver a ella luego.
Las dos medidas principales que resultaron en el caos financiero mundial actual fueron el libre flujo internacional de capitales y la eliminación de la distinción entre banca de servicios al público (ahorros, cheques, hipotecas) y banca de inversión. Esto permitió a los financistas apostar con el dinero de otros y esconder ganancias en paraísos fiscales. La “banca sombra”, o sea todas las actividades financieras no cubiertas por las reglas que rigen a los bancos, como los fondos de cobertura (hedge funds) y los “vehículos estructurados de inversión”, ha crecido hasta los sesenta y siete billones (millones de millones) de dólares a fines de 2011, según un informe publicado a fines de noviembre pasado por la Junta de Estabilidad Financiera, un grupo de trabajo creado por el G-20. Esta suma es mayor que el capital total de todos los bancos centrales del mundo, los fondos de inversión y los fondos de pensión combinados.
La “banca sombra” es en gran medida un activo no declarado de los bancos de inversión y buena parte de este dinero está resguardado por las normas de secreto de los paraísos fiscales. Este dinero está colocado a corto plazo y las instituciones que lo manejan pueden quebrar fácilmente, ya que no tienen la supervisión de los bancos centrales y por tanto tampoco su protección. Esto ocasiona inseguridad y una gran tendencia a las “corridas” debidas a pánicos fundados o infundados.
Esta volatilidad fue uno de los factores que precipitó la crisis del 2008 y la Junta de Estabilidad Financiera ahora sugiere una larga lista de medidas de control, que las hagan funcionar de manera similar a los bancos y permita su inspección por los bancos centrales. Sin embargo, de poco sirve que las autoridades nacionales tapen la botella si en el otro extremo la banca offshore, fuera de la jurisdicción de cualquier país o autoridad impositiva, brinda una salida fácil.
Estados Unidos ejemplifica esta paradoja, con sus recientes medidas que obligan a la banca extranjera que quiera operar en su territorio a brindar información sobre los activos de ciudadanos estadounidenses, al mismo tiempo que protegen el secreto de los depósitos de extranjeros no residentes en bancos del país.
Esto es inadmisible desde el punto de vista de los derechos humanos, que no solo son universales, sino también extraterritoriales, o sea, que los gobiernos son responsables de proteger los de sus ciudadanos y, además, de asegurar que no sean violados en otras partes del mundo por causa de sus acciones u omisiones.
Bajo “nivel de ambición” en la Conferencia de Doha
Viernes 14 de diciembre de 2012 - 96 Año 2012
Martin Khor
La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático celebrada en Doha concluyó con un bajo “nivel de ambición”, tanto en términos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero por parte de los países desarrollados como en financiamiento para los países en desarrollo.
Varios delegados dejaron Doha con un sentimiento de alivio porque después de días de discusiones llegaron a un acuerdo sobre numerosos temas.
En definitiva, el régimen multilateral para el cambio climático sobrevivió una vez más, aunque con profundas diferencias y desconfianza entre países desarrollados y en desarrollo. El conflicto de paradigmas entre esos dos grupos de países fue muy evidente durante las dos semanas de negociaciones y se emparchó superficialmente en las últimas horas para evitar un fracaso rotundo.
Pero las diferencias resurgirán cuando se reanuden las negociaciones el año próximo. Evitar un colapso es una medida de escaso éxito.
En términos de avances hacia una acción real para enfrentar la crisis del cambio climático, la conferencia de Doha resultó totalmente inadecuada y otra oportunidad perdida. Tuvo lugar al final de un año de eventos inusualmente extremos. Las noticias del tifón de Filipinas, que mató a quinientas personas y dejó a otras trescientas mil sin vivienda, recordaron a los participantes la realidad de la crisis climática.
Sin embargo, los dictados de la competencia económica y los intereses comerciales lamentablemente fueron mayores prioridades para los países desarrollados. De ahí su bajo nivel de ambición en materia de reducción de emisiones. Y tampoco cumplieron sus promesas de proporcionar fondos y transferencia de tecnología a los países en desarrollo.
El resultado más importante de la Conferencia de Doha fue la adopción formal del segundo periodo del Protocolo de Kioto (2013 a 2020), que continúa inmediatamente después de la finalización del primer periodo este 31 de diciembre. Pero los elementos son débiles. Canadá, Rusia, Japón y Nueva Zelanda, miembros originales del Protocolo, decidieron abandonarlo o no sumarse al segundo periodo. Solo quedan la Unión Europea, Australia y algunos pocos más de un total de treinta y cinco países desarrollados y en transición para realizar compromisos jurídicamente vinculantes en el segundo periodo.
Además, la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero a las que esos países se comprometieron es, en total, solo de dieciocho por ciento para 2020, por debajo del nivel de 1990, comparado con el veinticinco a cuarenta por ciento necesario para contener el aumento de la temperatura global en dos grados centígrados.
Un factor positivo en la decisión sobre el Protocolo de Kioto es el mecanismo relativo al “nivel de ambición”, presentado por países en desarrollo, que dispone que los países “repasarán” su objetivo original y aumentarán sus compromisos para 2014, acorde con el objetivo global de veinticinco a cuarenta por ciento.
Por otra parte, la decisión limitó severamente los créditos o asignaciones extra disponibles para el segundo periodo del Protocolo de Kioto, que fueron acumulados en el primero por países que habían reducido sus emisiones más del nivel fijado. Según la decisión, esos países tal vez no puedan utilizar o vender la mayoría de sus excedentes.
Rusia es el país más afectado. El día de la clausura, el sábado 8 de diciembre, objetó duramente la forma en que el presidente de la conferencia, el qatarí Abdullah Hamad al-Attiyah, impuso la decisión sobre el Protocolo de Kioto, incluso cuando ese y otros dos países no habían estado de acuerdo.
Otra gran crítica es la falta de fondos para que los países en desarrollo puedan tomar medidas relativas al clima. La conferencia de 2010 en Cancún decidió que los países desarrollados deberían movilizar 100,000 millones de dólares por año desde 2020, y que entre 2010 y 2012 se entregarían 30,000 millones a través de una vía rápida.
Pero hay una brecha entre 2013 y 2020. A pesar de la demanda de los países en desarrollo de que hubiera 60,000 millones de dólares para 2015, la decisión del sábado 8 no especifica números en los compromisos. Solo “alienta” a los países a ofrecer por lo menos tanto como lo habían hecho en el periodo 2010-2012.
La falta de un compromiso financiero creíble restringe la capacidad de los países en desarrollo de adoptar medidas para combatir el cambio climático, y eso provocó su protesta en el plenario.
La conferencia de Doha también adoptó un conjunto de decisiones sobre acciones a largo plazo. Los países en desarrollo estuvieron conformes con los párrafos sobre equidad, medidas en torno al comercio unilateral, evaluación de la tecnología y una vaga referencia a los efectos de la propiedad intelectual.
No obstante, esas decisiones fueron muy débiles. Aún así, Estados Unidos registró su desacuerdo o reservas ante esas decisiones después de adoptado el texto, indicando que podría continuar objetándolo en futuras discusiones.
Una decisión positiva en Doha fue preparar, para la conferencia del próximo año, un “mecanismo internacional” para ayudar a los países en desarrollo a hacer frente a las pérdidas y perjuicios derivados del cambio climático. Mientras tanto, se establecieron algunas actividades, entre las que se incluirán una reunión de expertos y la elaboración de documentos técnicos sobre el tema. Los países en desarrollo esperan que este programa dé lugar a nuevos fondos para los países que sufren desastres como inundaciones, sequías y aumento del nivel del mar.
La conferencia también adoptó un plan de trabajo sobre la Plataforma de Durban. Hubo grandes discusiones en Doha en torno a esto, y varios países en desarrollo insistieron en que se mencionara dicha Plataforma, que tiene su base en la equidad y las responsabilidades comunes pero diferenciadas. El texto final no mencionó este principio e incluso, a instancias de Estados Unidos, se eliminó la referencia a la Cumbre de Río+20, que lo había refrendado.
Lo que quedó en el texto es una referencia al trabajo de la Plataforma de Durban guiado por los principios de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Pero incluso entonces, en la sesión plenaria final, Estados Unidos introdujo la reserva de que rechazaba el uso de esta frase en las negociaciones.
Esto revela hasta qué punto Estados Unidos y otros países desarrollados carecen de un espíritu de cooperación internacional. Ya no están dispuestos a ayudar a los países en desarrollo y, lo que es inaudito, objetan hasta la aplicación de los principios de la Convención en las negociaciones por un nuevo acuerdo.
Por encima de todo, esto demuestra la trágica paradoja de la conferencia de Doha. Tuvo éxito en adoptar varias decisiones y mantener vivo el régimen multilateral, pero no existe una sustancia real en las medidas para salvar el planeta del cambio climático, como tampoco un compromiso genuino para apoyar a los países en desarrollo.
* Fundador de la Red del Tercer Mundo, es director ejecutivo de South Centre, una organización de países en desarrollo con sede en Ginebra.
El Salvador: Programas sociales exitosos, pero económicamente insostenibles
Published on Fri, 2012-12-14 08:57
Una anciana salvadoreña
aprende finalmente a leer y
escribir. (Foto: MINED)
El primer gobierno izquierdista de El Salvador se ha dedicado, en los tres años que lleva de gestión, a implementar planes de apoyo a sectores excluidos, como los adultos mayores, las mujeres, las niñas y niños y la población rural, según el aporte desde la sociedad civil de ese país al Informe de Social Watch 2013. Las mejoras en materia de salud y educación son notorias, pero hacen falta cambios estructurales para que los programas sociales sean sustentables, entre ellos una reforma fiscal que permita financiarlos con recursos propios sin depender, como ahora, de fondos externos.
Los exitosos programas educativos incluyen la entrega de material didáctico a más de 1,3 millones de estudiantes, la creación de 60 escuelas inclusivas de tiempo completo, un servicio de alimentación a los alumnos, el fortalecimiento de la educación inicial, mejoras en la infraestructura y un Plan Nacional de Alfabetización por el cual más de 141.000 jóvenes y adultos aprendieron a leer y a escribir y ocho municipios fueron declarados “libres de analfabetismo”.
El presupuesto del la educación aumentó del 2,8% del producto interno bruto de 2008 al 3,45% que se le dispuso para 2013. En su informe nacional, Social Watch El Salvador consideró necesario elevar la asignación al sistema educativo a una suma equivalente al 6% del PIB, como recomiendan la UNESCO y otros organismos internacionales.
La cobertura de la educación primaria asciende a 95% de las niñas y niños en edad escolar. Pero la cobertura en parvularia (ciclo inicial) es de 55%; en el tercer ciclo, de 69%; y en educación media, de 40%. Eso motivó el Programa de Modalidades Flexibles de Educación, que permitió en 2011 proseguir sus estudios a 50.085 personas con sobre-edad, de los cuales 19.035 completaron el bachillerato.
En materia de salud, en 2011 se registraron mejoras en la cobertura, pero muchas de los avances no tienen continuidad garantizada pues dependen de fondos externos. No obstante, el presupuesto asignado al Ministerio de Salud ha tendido al alza: en 2005 representó 1,7% del PIB, y en 2011 llegó a 2,4%. En 2009, el actual gobierno reforzó el presupuesto para ampliar la cobertura y mejorar la calidad de los servicios brindados en áreas rurales, a la población pobre, a las mujeres y a niñas y niños. La implementación de los Equipos Comunitarios de Salud Familiar (ECOS Familiares) amplió el acceso a este derecho básico a zonas que nunca habían contado con atención médica.
Por otra parte, la mortalidad materna, que en los años 90 ascendía a 211 por cada 100.000 nacidos vivos, bajó a 50,8. Por lo tanto, El Salvador ha cumplido con el quinto de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM). Eso fue posible por la aumento de la cobertura de control prenatal brindado a mujeres de entre 10 y 49 años del 53,4% de 2008 a 90,7% en 2012. Pero la mortalidad neonatal aumentó, de 4,5 muertos por cada 1.000 nacidos vivos en 2010 a 5,2 en 2011, y también la infantil, de 6,9 menores de cinco años muertos por cada 1.000 nacidos vivos en 2010 a 7,9 en 2011.
El Equipo de Naciones Unidas de Evaluación y Coordinación en Caso de Desastres calificó este año a El Salvador como el cuarto país más vulnerable del mundo a los problemas ambientales y al cambio climático que sufre. Es la nación más densamente poblada de la América continental y el segundo más deforestado del continente. El 88,7% de su territorio es vulnerable a eventos climáticos, y 95% de su población vive en condiciones de vulnerabilidad.
El cambio climático agrava la ya difícil situación de la agricultura y la falta de soberanía alimentaria. El país importa la mayor parte de alimentos que consume. La falta de producción local y nacional afecta la salud de la población, en especial la de niñas y niños, mujeres embarazadas y personas adultas mayores.
El gobierno presentó recientemente la Política Nacional de Medio Ambiente, pero es preciso diseñar e implementar un plan estratégico exhaustivo y financieramente sustentable para disminuir la vulnerabilidad y garantizar la habitabilidad del territorio, advirtió Social Watch El Salvador.
Se estima que 40,6% de los hogares del país se encuentran debajo de la línea de pobreza, incluidos el 12.2% que sufre condiciones de extrema pobreza y el 28.3% que viven en pobreza relativa.
El Salvador ha sido el país más afectado por la crisis económica en América Latina. En 2009, el PIB se contrajo 3,5% y las remesas (que representaban casi 18% del PIB) cayeron 9,9%. El crecimiento de la economía fue de menos de 1% en 2010, mientras las remesas, los ingresos fiscales, las exportaciones, el crédito privado y la inversión extranjera directa no alcanzaron el nivel anterior a la crisis. Expertos pronostican que El Salvador crecerá a un ritmo menor que el resto de América Central en 2011 y 2012.
Fuente
Informe de la coalición de Social Watch en El salvador: http://www.socialwatch.org/es/
Derechos humanos y finanzas torcidas
Viernes 14 de diciembre de 2012 - 96 Año 2012
La quiebra de la banca de inversión Lehman Brothers en setiembre de 2008 desencadenó una crisis financiera en Estados Unidos que pronto se convirtió en crisis de la economía globalizada, con efectos que aún se sienten en todo el planeta de diversas maneras. Muchos estudios han documentado cómo esta crisis generó desempleo a nivel mundial, aumentó la pobreza y se descargó sobre las mujeres al aumentar la violencia doméstica y las tareas en el cuidado de niños, ancianos y enfermos, para compensar el recorte de los presupuestos gubernamentales de educación y salud.
“Y sin embargo la regulación financiera es tratada como si los derechos humanos no fueran parte de la discusión”, explicó el economista argentino Aldo Caliari, investigador del Center of Concern de Washington y coordinador de “Esto es lo que nos proponemos cambiar”, una campaña por vincular finanzas y derechos humanos apoyada, además, por la Asociación para los Derechos de las Mujeres y el Desarrollo (AWID), el Centro por los Derechos Económicos y Sociales (CESR), Civicus, la Red de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el grupo de feministas del Sur DAWN, el Insttuto Brasileño de Análisis Social y Económico (Ibase), Social Watch y el Centro Noruego de Derechos Humanos.
La preocupación por el impacto sobre los derechos humanos de la crisis y las consiguientes políticas económicas llamadas “de austeridad” ya había llevado en junio pasado al Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas a dirigirse a los gobiernos a través del poco usual expediente -para un organismo de las Naciones Unidas- de una “carta abierta”. En ella se reconoce que las decisiones en tiempos de crisis son “siempre difíciles y complejas” y “a veces dolorosas”, pero “deben evitarse aquellas que nieguen o restrinjan los derechos económicos, sociales y culturales”, ya que esto sería violatorio de las normas internacionales de derechos humanos y, además, “pueden conducir a inseguridad social e inestabilidad política”.
Pero como sabe cualquier niño lector de cuentos de hadas, es mucho más fácil soltar al genio de su encierro en la botella que hacerlo volver a ella luego.
Las dos medidas principales que resultaron en el caos financiero mundial actual fueron el libre flujo internacional de capitales y la eliminación de la distinción entre banca de servicios al público (ahorros, cheques, hipotecas) y banca de inversión. Esto permitió a los financistas apostar con el dinero de otros y esconder ganancias en paraísos fiscales. La “banca sombra”, o sea todas las actividades financieras no cubiertas por las reglas que rigen a los bancos, como los fondos de cobertura (hedge funds) y los “vehículos estructurados de inversión”, ha crecido hasta los sesenta y siete billones (millones de millones) de dólares a fines de 2011, según un informe publicado a fines de noviembre pasado por la Junta de Estabilidad Financiera, un grupo de trabajo creado por el G-20. Esta suma es mayor que el capital total de todos los bancos centrales del mundo, los fondos de inversión y los fondos de pensión combinados.
La “banca sombra” es en gran medida un activo no declarado de los bancos de inversión y buena parte de este dinero está resguardado por las normas de secreto de los paraísos fiscales. Este dinero está colocado a corto plazo y las instituciones que lo manejan pueden quebrar fácilmente, ya que no tienen la supervisión de los bancos centrales y por tanto tampoco su protección. Esto ocasiona inseguridad y una gran tendencia a las “corridas” debidas a pánicos fundados o infundados.
Esta volatilidad fue uno de los factores que precipitó la crisis del 2008 y la Junta de Estabilidad Financiera ahora sugiere una larga lista de medidas de control, que las hagan funcionar de manera similar a los bancos y permita su inspección por los bancos centrales. Sin embargo, de poco sirve que las autoridades nacionales tapen la botella si en el otro extremo la banca offshore, fuera de la jurisdicción de cualquier país o autoridad impositiva, brinda una salida fácil.
Estados Unidos ejemplifica esta paradoja, con sus recientes medidas que obligan a la banca extranjera que quiera operar en su territorio a brindar información sobre los activos de ciudadanos estadounidenses, al mismo tiempo que protegen el secreto de los depósitos de extranjeros no residentes en bancos del país.
Esto es inadmisible desde el punto de vista de los derechos humanos, que no solo son universales, sino también extraterritoriales, o sea, que los gobiernos son responsables de proteger los de sus ciudadanos y, además, de asegurar que no sean violados en otras partes del mundo por causa de sus acciones u omisiones.
Bajo “nivel de ambición” en la Conferencia de Doha
Viernes 14 de diciembre de 2012 - 96 Año 2012
Martin Khor
La Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático celebrada en Doha concluyó con un bajo “nivel de ambición”, tanto en términos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero por parte de los países desarrollados como en financiamiento para los países en desarrollo.
Varios delegados dejaron Doha con un sentimiento de alivio porque después de días de discusiones llegaron a un acuerdo sobre numerosos temas.
En definitiva, el régimen multilateral para el cambio climático sobrevivió una vez más, aunque con profundas diferencias y desconfianza entre países desarrollados y en desarrollo. El conflicto de paradigmas entre esos dos grupos de países fue muy evidente durante las dos semanas de negociaciones y se emparchó superficialmente en las últimas horas para evitar un fracaso rotundo.
Pero las diferencias resurgirán cuando se reanuden las negociaciones el año próximo. Evitar un colapso es una medida de escaso éxito.
En términos de avances hacia una acción real para enfrentar la crisis del cambio climático, la conferencia de Doha resultó totalmente inadecuada y otra oportunidad perdida. Tuvo lugar al final de un año de eventos inusualmente extremos. Las noticias del tifón de Filipinas, que mató a quinientas personas y dejó a otras trescientas mil sin vivienda, recordaron a los participantes la realidad de la crisis climática.
Sin embargo, los dictados de la competencia económica y los intereses comerciales lamentablemente fueron mayores prioridades para los países desarrollados. De ahí su bajo nivel de ambición en materia de reducción de emisiones. Y tampoco cumplieron sus promesas de proporcionar fondos y transferencia de tecnología a los países en desarrollo.
El resultado más importante de la Conferencia de Doha fue la adopción formal del segundo periodo del Protocolo de Kioto (2013 a 2020), que continúa inmediatamente después de la finalización del primer periodo este 31 de diciembre. Pero los elementos son débiles. Canadá, Rusia, Japón y Nueva Zelanda, miembros originales del Protocolo, decidieron abandonarlo o no sumarse al segundo periodo. Solo quedan la Unión Europea, Australia y algunos pocos más de un total de treinta y cinco países desarrollados y en transición para realizar compromisos jurídicamente vinculantes en el segundo periodo.
Además, la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero a las que esos países se comprometieron es, en total, solo de dieciocho por ciento para 2020, por debajo del nivel de 1990, comparado con el veinticinco a cuarenta por ciento necesario para contener el aumento de la temperatura global en dos grados centígrados.
Un factor positivo en la decisión sobre el Protocolo de Kioto es el mecanismo relativo al “nivel de ambición”, presentado por países en desarrollo, que dispone que los países “repasarán” su objetivo original y aumentarán sus compromisos para 2014, acorde con el objetivo global de veinticinco a cuarenta por ciento.
Por otra parte, la decisión limitó severamente los créditos o asignaciones extra disponibles para el segundo periodo del Protocolo de Kioto, que fueron acumulados en el primero por países que habían reducido sus emisiones más del nivel fijado. Según la decisión, esos países tal vez no puedan utilizar o vender la mayoría de sus excedentes.
Rusia es el país más afectado. El día de la clausura, el sábado 8 de diciembre, objetó duramente la forma en que el presidente de la conferencia, el qatarí Abdullah Hamad al-Attiyah, impuso la decisión sobre el Protocolo de Kioto, incluso cuando ese y otros dos países no habían estado de acuerdo.
Otra gran crítica es la falta de fondos para que los países en desarrollo puedan tomar medidas relativas al clima. La conferencia de 2010 en Cancún decidió que los países desarrollados deberían movilizar 100,000 millones de dólares por año desde 2020, y que entre 2010 y 2012 se entregarían 30,000 millones a través de una vía rápida.
Pero hay una brecha entre 2013 y 2020. A pesar de la demanda de los países en desarrollo de que hubiera 60,000 millones de dólares para 2015, la decisión del sábado 8 no especifica números en los compromisos. Solo “alienta” a los países a ofrecer por lo menos tanto como lo habían hecho en el periodo 2010-2012.
La falta de un compromiso financiero creíble restringe la capacidad de los países en desarrollo de adoptar medidas para combatir el cambio climático, y eso provocó su protesta en el plenario.
La conferencia de Doha también adoptó un conjunto de decisiones sobre acciones a largo plazo. Los países en desarrollo estuvieron conformes con los párrafos sobre equidad, medidas en torno al comercio unilateral, evaluación de la tecnología y una vaga referencia a los efectos de la propiedad intelectual.
No obstante, esas decisiones fueron muy débiles. Aún así, Estados Unidos registró su desacuerdo o reservas ante esas decisiones después de adoptado el texto, indicando que podría continuar objetándolo en futuras discusiones.
Una decisión positiva en Doha fue preparar, para la conferencia del próximo año, un “mecanismo internacional” para ayudar a los países en desarrollo a hacer frente a las pérdidas y perjuicios derivados del cambio climático. Mientras tanto, se establecieron algunas actividades, entre las que se incluirán una reunión de expertos y la elaboración de documentos técnicos sobre el tema. Los países en desarrollo esperan que este programa dé lugar a nuevos fondos para los países que sufren desastres como inundaciones, sequías y aumento del nivel del mar.
La conferencia también adoptó un plan de trabajo sobre la Plataforma de Durban. Hubo grandes discusiones en Doha en torno a esto, y varios países en desarrollo insistieron en que se mencionara dicha Plataforma, que tiene su base en la equidad y las responsabilidades comunes pero diferenciadas. El texto final no mencionó este principio e incluso, a instancias de Estados Unidos, se eliminó la referencia a la Cumbre de Río+20, que lo había refrendado.
Lo que quedó en el texto es una referencia al trabajo de la Plataforma de Durban guiado por los principios de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Pero incluso entonces, en la sesión plenaria final, Estados Unidos introdujo la reserva de que rechazaba el uso de esta frase en las negociaciones.
Esto revela hasta qué punto Estados Unidos y otros países desarrollados carecen de un espíritu de cooperación internacional. Ya no están dispuestos a ayudar a los países en desarrollo y, lo que es inaudito, objetan hasta la aplicación de los principios de la Convención en las negociaciones por un nuevo acuerdo.
Por encima de todo, esto demuestra la trágica paradoja de la conferencia de Doha. Tuvo éxito en adoptar varias decisiones y mantener vivo el régimen multilateral, pero no existe una sustancia real en las medidas para salvar el planeta del cambio climático, como tampoco un compromiso genuino para apoyar a los países en desarrollo.
* Fundador de la Red del Tercer Mundo, es director ejecutivo de South Centre, una organización de países en desarrollo con sede en Ginebra.
Varios delegados dejaron Doha con un sentimiento de alivio porque después de días de discusiones llegaron a un acuerdo sobre numerosos temas.
En definitiva, el régimen multilateral para el cambio climático sobrevivió una vez más, aunque con profundas diferencias y desconfianza entre países desarrollados y en desarrollo. El conflicto de paradigmas entre esos dos grupos de países fue muy evidente durante las dos semanas de negociaciones y se emparchó superficialmente en las últimas horas para evitar un fracaso rotundo.
Pero las diferencias resurgirán cuando se reanuden las negociaciones el año próximo. Evitar un colapso es una medida de escaso éxito.
En términos de avances hacia una acción real para enfrentar la crisis del cambio climático, la conferencia de Doha resultó totalmente inadecuada y otra oportunidad perdida. Tuvo lugar al final de un año de eventos inusualmente extremos. Las noticias del tifón de Filipinas, que mató a quinientas personas y dejó a otras trescientas mil sin vivienda, recordaron a los participantes la realidad de la crisis climática.
Sin embargo, los dictados de la competencia económica y los intereses comerciales lamentablemente fueron mayores prioridades para los países desarrollados. De ahí su bajo nivel de ambición en materia de reducción de emisiones. Y tampoco cumplieron sus promesas de proporcionar fondos y transferencia de tecnología a los países en desarrollo.
El resultado más importante de la Conferencia de Doha fue la adopción formal del segundo periodo del Protocolo de Kioto (2013 a 2020), que continúa inmediatamente después de la finalización del primer periodo este 31 de diciembre. Pero los elementos son débiles. Canadá, Rusia, Japón y Nueva Zelanda, miembros originales del Protocolo, decidieron abandonarlo o no sumarse al segundo periodo. Solo quedan la Unión Europea, Australia y algunos pocos más de un total de treinta y cinco países desarrollados y en transición para realizar compromisos jurídicamente vinculantes en el segundo periodo.
Además, la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero a las que esos países se comprometieron es, en total, solo de dieciocho por ciento para 2020, por debajo del nivel de 1990, comparado con el veinticinco a cuarenta por ciento necesario para contener el aumento de la temperatura global en dos grados centígrados.
Un factor positivo en la decisión sobre el Protocolo de Kioto es el mecanismo relativo al “nivel de ambición”, presentado por países en desarrollo, que dispone que los países “repasarán” su objetivo original y aumentarán sus compromisos para 2014, acorde con el objetivo global de veinticinco a cuarenta por ciento.
Por otra parte, la decisión limitó severamente los créditos o asignaciones extra disponibles para el segundo periodo del Protocolo de Kioto, que fueron acumulados en el primero por países que habían reducido sus emisiones más del nivel fijado. Según la decisión, esos países tal vez no puedan utilizar o vender la mayoría de sus excedentes.
Rusia es el país más afectado. El día de la clausura, el sábado 8 de diciembre, objetó duramente la forma en que el presidente de la conferencia, el qatarí Abdullah Hamad al-Attiyah, impuso la decisión sobre el Protocolo de Kioto, incluso cuando ese y otros dos países no habían estado de acuerdo.
Otra gran crítica es la falta de fondos para que los países en desarrollo puedan tomar medidas relativas al clima. La conferencia de 2010 en Cancún decidió que los países desarrollados deberían movilizar 100,000 millones de dólares por año desde 2020, y que entre 2010 y 2012 se entregarían 30,000 millones a través de una vía rápida.
Pero hay una brecha entre 2013 y 2020. A pesar de la demanda de los países en desarrollo de que hubiera 60,000 millones de dólares para 2015, la decisión del sábado 8 no especifica números en los compromisos. Solo “alienta” a los países a ofrecer por lo menos tanto como lo habían hecho en el periodo 2010-2012.
La falta de un compromiso financiero creíble restringe la capacidad de los países en desarrollo de adoptar medidas para combatir el cambio climático, y eso provocó su protesta en el plenario.
La conferencia de Doha también adoptó un conjunto de decisiones sobre acciones a largo plazo. Los países en desarrollo estuvieron conformes con los párrafos sobre equidad, medidas en torno al comercio unilateral, evaluación de la tecnología y una vaga referencia a los efectos de la propiedad intelectual.
No obstante, esas decisiones fueron muy débiles. Aún así, Estados Unidos registró su desacuerdo o reservas ante esas decisiones después de adoptado el texto, indicando que podría continuar objetándolo en futuras discusiones.
Una decisión positiva en Doha fue preparar, para la conferencia del próximo año, un “mecanismo internacional” para ayudar a los países en desarrollo a hacer frente a las pérdidas y perjuicios derivados del cambio climático. Mientras tanto, se establecieron algunas actividades, entre las que se incluirán una reunión de expertos y la elaboración de documentos técnicos sobre el tema. Los países en desarrollo esperan que este programa dé lugar a nuevos fondos para los países que sufren desastres como inundaciones, sequías y aumento del nivel del mar.
La conferencia también adoptó un plan de trabajo sobre la Plataforma de Durban. Hubo grandes discusiones en Doha en torno a esto, y varios países en desarrollo insistieron en que se mencionara dicha Plataforma, que tiene su base en la equidad y las responsabilidades comunes pero diferenciadas. El texto final no mencionó este principio e incluso, a instancias de Estados Unidos, se eliminó la referencia a la Cumbre de Río+20, que lo había refrendado.
Lo que quedó en el texto es una referencia al trabajo de la Plataforma de Durban guiado por los principios de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Pero incluso entonces, en la sesión plenaria final, Estados Unidos introdujo la reserva de que rechazaba el uso de esta frase en las negociaciones.
Esto revela hasta qué punto Estados Unidos y otros países desarrollados carecen de un espíritu de cooperación internacional. Ya no están dispuestos a ayudar a los países en desarrollo y, lo que es inaudito, objetan hasta la aplicación de los principios de la Convención en las negociaciones por un nuevo acuerdo.
Por encima de todo, esto demuestra la trágica paradoja de la conferencia de Doha. Tuvo éxito en adoptar varias decisiones y mantener vivo el régimen multilateral, pero no existe una sustancia real en las medidas para salvar el planeta del cambio climático, como tampoco un compromiso genuino para apoyar a los países en desarrollo.
* Fundador de la Red del Tercer Mundo, es director ejecutivo de South Centre, una organización de países en desarrollo con sede en Ginebra.
El Salvador: Programas sociales exitosos, pero económicamente insostenibles
Published on Fri, 2012-12-14 08:57
Los exitosos programas educativos incluyen la entrega de material didáctico a más de 1,3 millones de estudiantes, la creación de 60 escuelas inclusivas de tiempo completo, un servicio de alimentación a los alumnos, el fortalecimiento de la educación inicial, mejoras en la infraestructura y un Plan Nacional de Alfabetización por el cual más de 141.000 jóvenes y adultos aprendieron a leer y a escribir y ocho municipios fueron declarados “libres de analfabetismo”. El presupuesto del la educación aumentó del 2,8% del producto interno bruto de 2008 al 3,45% que se le dispuso para 2013. En su informe nacional, Social Watch El Salvador consideró necesario elevar la asignación al sistema educativo a una suma equivalente al 6% del PIB, como recomiendan la UNESCO y otros organismos internacionales. La cobertura de la educación primaria asciende a 95% de las niñas y niños en edad escolar. Pero la cobertura en parvularia (ciclo inicial) es de 55%; en el tercer ciclo, de 69%; y en educación media, de 40%. Eso motivó el Programa de Modalidades Flexibles de Educación, que permitió en 2011 proseguir sus estudios a 50.085 personas con sobre-edad, de los cuales 19.035 completaron el bachillerato. En materia de salud, en 2011 se registraron mejoras en la cobertura, pero muchas de los avances no tienen continuidad garantizada pues dependen de fondos externos. No obstante, el presupuesto asignado al Ministerio de Salud ha tendido al alza: en 2005 representó 1,7% del PIB, y en 2011 llegó a 2,4%. En 2009, el actual gobierno reforzó el presupuesto para ampliar la cobertura y mejorar la calidad de los servicios brindados en áreas rurales, a la población pobre, a las mujeres y a niñas y niños. La implementación de los Equipos Comunitarios de Salud Familiar (ECOS Familiares) amplió el acceso a este derecho básico a zonas que nunca habían contado con atención médica. Por otra parte, la mortalidad materna, que en los años 90 ascendía a 211 por cada 100.000 nacidos vivos, bajó a 50,8. Por lo tanto, El Salvador ha cumplido con el quinto de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM). Eso fue posible por la aumento de la cobertura de control prenatal brindado a mujeres de entre 10 y 49 años del 53,4% de 2008 a 90,7% en 2012. Pero la mortalidad neonatal aumentó, de 4,5 muertos por cada 1.000 nacidos vivos en 2010 a 5,2 en 2011, y también la infantil, de 6,9 menores de cinco años muertos por cada 1.000 nacidos vivos en 2010 a 7,9 en 2011. El Equipo de Naciones Unidas de Evaluación y Coordinación en Caso de Desastres calificó este año a El Salvador como el cuarto país más vulnerable del mundo a los problemas ambientales y al cambio climático que sufre. Es la nación más densamente poblada de la América continental y el segundo más deforestado del continente. El 88,7% de su territorio es vulnerable a eventos climáticos, y 95% de su población vive en condiciones de vulnerabilidad. El cambio climático agrava la ya difícil situación de la agricultura y la falta de soberanía alimentaria. El país importa la mayor parte de alimentos que consume. La falta de producción local y nacional afecta la salud de la población, en especial la de niñas y niños, mujeres embarazadas y personas adultas mayores. El gobierno presentó recientemente la Política Nacional de Medio Ambiente, pero es preciso diseñar e implementar un plan estratégico exhaustivo y financieramente sustentable para disminuir la vulnerabilidad y garantizar la habitabilidad del territorio, advirtió Social Watch El Salvador. Se estima que 40,6% de los hogares del país se encuentran debajo de la línea de pobreza, incluidos el 12.2% que sufre condiciones de extrema pobreza y el 28.3% que viven en pobreza relativa. El Salvador ha sido el país más afectado por la crisis económica en América Latina. En 2009, el PIB se contrajo 3,5% y las remesas (que representaban casi 18% del PIB) cayeron 9,9%. El crecimiento de la economía fue de menos de 1% en 2010, mientras las remesas, los ingresos fiscales, las exportaciones, el crédito privado y la inversión extranjera directa no alcanzaron el nivel anterior a la crisis. Expertos pronostican que El Salvador crecerá a un ritmo menor que el resto de América Central en 2011 y 2012. Fuente Informe de la coalición de Social Watch en El salvador: http://www.socialwatch.org/es/ |
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