| PUBLICADO POR : Hector Garcia Soto --- El lun, 26/11/12, librorio guiz <reformas21@hotmail.com> escribió:
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Lo que viene en China
11/11/2012
El inicio de las deliberaciones del 18° Congreso Nacional del Partido Comunista Chino, el 8 de noviembre pasado en Beijing, fue probablemente uno de los momentos noticiosos más importantes del año.
Cuando el congreso termine, en los próximos días, la segunda potencia mundial después de Estados Unidos tendrá un nuevo presidente electo, Xi Jinping, y se habrán renovado casi completamente los miembros del Politburo, el organismo supremo de gobierno.
El cambio no será democrático, por cierto. Pero si las decisiones del actual presidente, Hu Jintao, en los últimos diez años han sido prueba de su buen criterio en favor e su país, sólo queda esperar que el nombramiento de Xi Jiping sea un acierto.
Pero es precisamente en el alto crecimiento y creciente bienestar donde puede estar ahora la semilla de la inestabilidad. Hasta hace poco, los chinos estaban demasiado ocupados ganando mejores sueldos como para preocuparse de otra cosa. Y si bien los medios de comunicación tradicionales y las redes sociales de Occidente, como Facebook y Twitter, están férreamente controlados o bloqueados por el gobierno, ha surgido una gran cantidad de mini blogs y redes sociales locales donde se ventilan abiertamente denuncias, quejas y reclamos.
Una activista de los derechos de la mujer, por ejemplo, decidió hace unos meses hacer trabajo voluntario como prostituta en la ciudad de Yulin, provincia de Guangxi, con el objetivo de apoyar la demanda de las 8 millones de prostitutas chinas de que su actividad sea legalizada y se les den beneficios de salud laboral. La activista describió en detalle su experiencias en el microblog chino Weibo y recibió 73.000 comentarios. Como consecuencia, una abogada presentó al Congreso Nacional del Pueblo, el Parlamento chino, un proyecto de ley para legalizar la prostitución.
Las redes sociales chinas incluso están luchando contra la corrupción y el abuso de poder, y a veces hasta tienen éxito. En septiembre pasado varios microblogueros circularon fotografías de un burócrata que aparecía sonriente y despreocupado mientras miraba un accidente de tránsito que había dejado varios muertos. A los pocos días, el burócrata fue despedido.
Nada de esto significa que haya en China real apertura política. Su sistema político es tan vertical como un regimiento, donde el jefe da las órdenes y los subordinados obedecen sin cuestionar las órdenes.
Con creciente disconformidad social y tasas de crecimiento más lentas -poco más de 8% este año y 7,5% estimado para el próximo-, Xi Jiping y los nuevos miembros del Politburó deben decidir si permitirán que continúe la efervescencia en las redes sociales e incluso más, iniciar un proceso de apertura política, o bien mantener el sistema político cerrado y en manos de una aristocracia iluminada, silenciando los gritos que vienen de abajo. Sea como fuere, la decisión que tomen Xi Jiping y su equipo afectarán a todo el mundo, incluyendo a América Latina, que es uno de los principales proveedores de productos básicos del gigante asiático. En gran medida, el saludable crecimiento económico de los países de la región ha sido producto del hambre china por nuestras materias primas.
En Occidente ha estado de moda decir que a China no se le pueden aplicar los estándares occidentales, y que si en los últimos 20 años lo han hecho tan bien, no hay que tratar de darles lecciones de democracia o de igualdad ante la ley. Algunos académicos han llegado a decir que el propio sistema ha producido una virtuosa meritocracia que hace que los mejores lleguen a las esferas más altas del poder.
Pero por muy iluminada que sea hoy la cúpula del Partido Comunista chino, es iluso pensar que las buenas prácticas y las virtudes de la buena gobernanza van a flotar siempre hacia arriba en un sistema político como el chino, donde las ideas, opiniones y acciones fluyen de arriba hacia abajo pero nunca en el otro sentido. Creer que un gobierno como el chino siempre será bueno es desconocer la naturaleza humana.
Lo que necesita hoy China para seguir creciendo y hacer del siglo XXI el siglo chino, es más crecimiento, más y mejor educación, libertad para emprender y libre competencia, un Banco Central independiente, un Poder Judiial independiente, un Poder Legislativo independiente, una prensa libre e independiente, y un gobierno elegido por voto popular.
A China le falta mucho, pero ha cambiado tanto en tan poco tiempo, que nada es imposible. En todo caso, es grande la tarea que Xi Jiping tiene por delante.
Cuando el congreso termine, en los próximos días, la segunda potencia mundial después de Estados Unidos tendrá un nuevo presidente electo, Xi Jinping, y se habrán renovado casi completamente los miembros del Politburo, el organismo supremo de gobierno.
Lo que necesita hoy China para seguir creciendo y hacer del siglo XXI el siglo chino, es más crecimiento, más y mejor educación, libertad para emprender y libre competencia, un Banco Central independiente, un Poder Judiial independiente, un Poder Legislativo independiente, una prensa libre e independiente, y un gobierno elegido por voto popular.Los cambios que impuso Deng Xiaping en 1992, y que Hu Jintao profundizó al asumir en 2002, han transformado a China de tal manera que ya nadie recuerda cómo era hace 30 años. El tamaño de su economía se cuadruplicó en los últimos diez años para escalar cinco puestos en el ranking mundial y llegar al número dos. China es hoy el mayor país exportador del mundo. El país se urbaniza aceleradamente y ya tiene 170 ciudades con más de un millón de habitantes. Hay un nuevo sistema de seguridad social que provee cobertura de salud básica al 95% de los 1.300 millones de chinos. Shanghai está plagada de tiendas Louis Vuitton y la ciudad tiene el único tren de levitación magnética de alta velocidad que funciona comercialmente en el mundo. China está incluso planeando enviar una misión tripulada a la Luna.
Pero es precisamente en el alto crecimiento y creciente bienestar donde puede estar ahora la semilla de la inestabilidad. Hasta hace poco, los chinos estaban demasiado ocupados ganando mejores sueldos como para preocuparse de otra cosa. Y si bien los medios de comunicación tradicionales y las redes sociales de Occidente, como Facebook y Twitter, están férreamente controlados o bloqueados por el gobierno, ha surgido una gran cantidad de mini blogs y redes sociales locales donde se ventilan abiertamente denuncias, quejas y reclamos.
Una activista de los derechos de la mujer, por ejemplo, decidió hace unos meses hacer trabajo voluntario como prostituta en la ciudad de Yulin, provincia de Guangxi, con el objetivo de apoyar la demanda de las 8 millones de prostitutas chinas de que su actividad sea legalizada y se les den beneficios de salud laboral. La activista describió en detalle su experiencias en el microblog chino Weibo y recibió 73.000 comentarios. Como consecuencia, una abogada presentó al Congreso Nacional del Pueblo, el Parlamento chino, un proyecto de ley para legalizar la prostitución.
Las redes sociales chinas incluso están luchando contra la corrupción y el abuso de poder, y a veces hasta tienen éxito. En septiembre pasado varios microblogueros circularon fotografías de un burócrata que aparecía sonriente y despreocupado mientras miraba un accidente de tránsito que había dejado varios muertos. A los pocos días, el burócrata fue despedido.
Nada de esto significa que haya en China real apertura política. Su sistema político es tan vertical como un regimiento, donde el jefe da las órdenes y los subordinados obedecen sin cuestionar las órdenes.
Con creciente disconformidad social y tasas de crecimiento más lentas -poco más de 8% este año y 7,5% estimado para el próximo-, Xi Jiping y los nuevos miembros del Politburó deben decidir si permitirán que continúe la efervescencia en las redes sociales e incluso más, iniciar un proceso de apertura política, o bien mantener el sistema político cerrado y en manos de una aristocracia iluminada, silenciando los gritos que vienen de abajo. Sea como fuere, la decisión que tomen Xi Jiping y su equipo afectarán a todo el mundo, incluyendo a América Latina, que es uno de los principales proveedores de productos básicos del gigante asiático. En gran medida, el saludable crecimiento económico de los países de la región ha sido producto del hambre china por nuestras materias primas.
En Occidente ha estado de moda decir que a China no se le pueden aplicar los estándares occidentales, y que si en los últimos 20 años lo han hecho tan bien, no hay que tratar de darles lecciones de democracia o de igualdad ante la ley. Algunos académicos han llegado a decir que el propio sistema ha producido una virtuosa meritocracia que hace que los mejores lleguen a las esferas más altas del poder.
Pero por muy iluminada que sea hoy la cúpula del Partido Comunista chino, es iluso pensar que las buenas prácticas y las virtudes de la buena gobernanza van a flotar siempre hacia arriba en un sistema político como el chino, donde las ideas, opiniones y acciones fluyen de arriba hacia abajo pero nunca en el otro sentido. Creer que un gobierno como el chino siempre será bueno es desconocer la naturaleza humana.
Lo que necesita hoy China para seguir creciendo y hacer del siglo XXI el siglo chino, es más crecimiento, más y mejor educación, libertad para emprender y libre competencia, un Banco Central independiente, un Poder Judiial independiente, un Poder Legislativo independiente, una prensa libre e independiente, y un gobierno elegido por voto popular.
A China le falta mucho, pero ha cambiado tanto en tan poco tiempo, que nada es imposible. En todo caso, es grande la tarea que Xi Jiping tiene por delante.
Corte Internacional modifica frontera de Colombia y Nicaragua en el Caribe
Colombia, Nicaragua
Aunque a Colombia le fue ratificada la soberanía sobre siete islotes que reclamaba Nicaragua, la decisión fue leída como adversa por analistas y ex funcionarios por representar la pérdida de control sobre una amplia plataforma marítima con elevado potencial económico.
El presidente del Consejo de Estado, Gustavo Gómez, resaltó la pérdida para Colombia. "Es una realidad dolorosa".
Lun, 19/11/2012
La Haya. La Corte Internacional de Justicia amplió este lunes la jurisdicción de Nicaragua sobre una amplia zona del Mar Caribe rica en recursos petroleros y mineros que controlaba Colombia, en un fallo celebrado por el país centroamericano.
Aunque a Colombia le fue ratificada la soberanía sobre siete islotes que reclamaba Nicaragua, la decisión fue leída como adversa por analistas y ex funcionarios por representar la pérdida de control sobre una amplia plataforma marítima con elevado potencial económico
El fallo, que es inapelable y de obligatorio cumplimiento para las partes, está siendo analizado por las autoridades y la posición oficial de ambas partes está previsto que sea dada a conocer en las próximas horas por los presidentes de las naciones.
Peter Tomka, presidente del tribunal de 15 magistrados, leyó el fallo que fijó las coordenadas de un complejo trazado de la nueva frontera que, sin embargo, mantiene la jurisdicción colombiana sobre los islotes, así como en un radio de 12 millas náuticas alrededor de los cayos de Serrana y Quitasueño.
Pero modificó los límites desde la frontera previa establecida en el meridiano 82 y que Nicaragua consideraba que vulneraba sus derechos sobre el mar.
El representante de Nicaragua ante La Haya, Carlos Argüello, sostuvo que el fallo es favorable a los intereses de su país.
"Dentro de lo que nosotros habíamos previsto, esto era el mejor resultado posible, así que estamos muy contentos todos", afirmó vía telefónica desde La Haya a la televisora sandinista nicaragüense Canal 4.
"Ni el (meridiano) 82 es límite, ni tampoco estamos encerramos enfrente de las islas, así que la Corte nos ha dado unos espacios marítimos importantísimos", explicó.
Desgarrodor para Colombia. Por su parte, el jefe del equipo de defensa de Colombia, Julio Londoño, destacó la parte del fallo que ratificó la soberanía de Colombia sobre la totalidad de los cayos del archipiélago de San Andrés y Providencia, al tiempo que anunció un estudio detallado de las demás decisiones.
"Tenemos que estudiar cuidadosamente los detalles del fallo para trasladarlos al Gobierno Nacional, que tomará las decisiones que considere adecuadas después de un análisis cuidadoso que se realice al respecto", afirmó.
Después de conocerse el fallo, el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, convocó a una reunión de la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores de la que forman parte ex presidentes, ex ministros de Relaciones Exteriores y congresistas.
"Estamos analizando el fallo que es muy doloroso, los fallos se acatan. Yo no comparto para nada la decisión que se ha tomado sobre estas áreas marinas y submarinas", dijo la ex canciller Noemí Sanín al ingresar a la reunión en la sede de la Presidencia.
El presidente del Consejo de Estado, Gustavo Gómez, resaltó la pérdida para Colombia. "Es una realidad dolorosa. Perdimos mar, plataforma marítima y quedamos con un enclave en San Andrés y los Cayos, algo que ya se preveía desde el 2007, cuando decidimos poner un tratado aceptado por las partes en un tribunal", dijo a periodistas.
La corte ratificó la pertenencia colombiana sobre los cayos Alburquerque, Este Sudeste, Roncador, Serrana, Quitasueño, Serranilla y Bajo Nuevo,
"Durante decenios, Colombia ha actuado como soberano" en esos cayos y "ejecutado su autoridad soberana, sin oposición de Nicaragua", dijo el fallo.
El dictamen del principal órgano judicial de Naciones Unidas pone fin a una controversia jurídica de 11 años en la corte pero que diplomática y políticamente se remonta a comienzos de la década de 1980, cuando Nicaragua declaró inválido el Tratado Esguerra-Bárcenas de 1928.
En ese tratado, los dos países firmaron un acuerdo que establecía el meridiano 82 como frontera marítima.
A finales del 2007, el mismo tribunal había ratificado la soberanía de Colombia sobre las islas de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, que hacen parte del archipiélago que reclamaba Nicaragua.
Aunque a Colombia le fue ratificada la soberanía sobre siete islotes que reclamaba Nicaragua, la decisión fue leída como adversa por analistas y ex funcionarios por representar la pérdida de control sobre una amplia plataforma marítima con elevado potencial económico
El fallo, que es inapelable y de obligatorio cumplimiento para las partes, está siendo analizado por las autoridades y la posición oficial de ambas partes está previsto que sea dada a conocer en las próximas horas por los presidentes de las naciones.
Peter Tomka, presidente del tribunal de 15 magistrados, leyó el fallo que fijó las coordenadas de un complejo trazado de la nueva frontera que, sin embargo, mantiene la jurisdicción colombiana sobre los islotes, así como en un radio de 12 millas náuticas alrededor de los cayos de Serrana y Quitasueño.
Pero modificó los límites desde la frontera previa establecida en el meridiano 82 y que Nicaragua consideraba que vulneraba sus derechos sobre el mar.
El representante de Nicaragua ante La Haya, Carlos Argüello, sostuvo que el fallo es favorable a los intereses de su país.
"Dentro de lo que nosotros habíamos previsto, esto era el mejor resultado posible, así que estamos muy contentos todos", afirmó vía telefónica desde La Haya a la televisora sandinista nicaragüense Canal 4.
"Ni el (meridiano) 82 es límite, ni tampoco estamos encerramos enfrente de las islas, así que la Corte nos ha dado unos espacios marítimos importantísimos", explicó.
Desgarrodor para Colombia. Por su parte, el jefe del equipo de defensa de Colombia, Julio Londoño, destacó la parte del fallo que ratificó la soberanía de Colombia sobre la totalidad de los cayos del archipiélago de San Andrés y Providencia, al tiempo que anunció un estudio detallado de las demás decisiones.
"Tenemos que estudiar cuidadosamente los detalles del fallo para trasladarlos al Gobierno Nacional, que tomará las decisiones que considere adecuadas después de un análisis cuidadoso que se realice al respecto", afirmó.
Después de conocerse el fallo, el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, convocó a una reunión de la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores de la que forman parte ex presidentes, ex ministros de Relaciones Exteriores y congresistas.
"Estamos analizando el fallo que es muy doloroso, los fallos se acatan. Yo no comparto para nada la decisión que se ha tomado sobre estas áreas marinas y submarinas", dijo la ex canciller Noemí Sanín al ingresar a la reunión en la sede de la Presidencia.
El presidente del Consejo de Estado, Gustavo Gómez, resaltó la pérdida para Colombia. "Es una realidad dolorosa. Perdimos mar, plataforma marítima y quedamos con un enclave en San Andrés y los Cayos, algo que ya se preveía desde el 2007, cuando decidimos poner un tratado aceptado por las partes en un tribunal", dijo a periodistas.
La corte ratificó la pertenencia colombiana sobre los cayos Alburquerque, Este Sudeste, Roncador, Serrana, Quitasueño, Serranilla y Bajo Nuevo,
"Durante decenios, Colombia ha actuado como soberano" en esos cayos y "ejecutado su autoridad soberana, sin oposición de Nicaragua", dijo el fallo.
El dictamen del principal órgano judicial de Naciones Unidas pone fin a una controversia jurídica de 11 años en la corte pero que diplomática y políticamente se remonta a comienzos de la década de 1980, cuando Nicaragua declaró inválido el Tratado Esguerra-Bárcenas de 1928.
En ese tratado, los dos países firmaron un acuerdo que establecía el meridiano 82 como frontera marítima.
A finales del 2007, el mismo tribunal había ratificado la soberanía de Colombia sobre las islas de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, que hacen parte del archipiélago que reclamaba Nicaragua.
Contratista preso en Cuba demanda a EE.UU. y a su empleador por US$60M
Alan Gross, de 63 años, culpa al Gobierno y a la empresa que lo contrató por su privación de libertad y por no advertirle sobre los riesgos que enfrentaba en la isla.
El estadounidense ha estado preso desde el 3 de diciembre de 2009.
Sáb, 17/11/2012 Reuters
Sáb, 17/11/2012 Reuters
Un contratista estadounidense encarcelado en Cuba tras ser encontrado culpable de crímenes contra el Estado demandó este viernes al Gobierno de Estados Unidos y a la empresa que lo contrató por US$60 millones.
Alan Gross, de 63 años, culpa al Gobierno y a la empresa que lo contrató por su privación de libertad y por no advertirle sobre los riesgos que enfrentaba en la isla comunista.
El estadounidense ha estado preso desde el 3 de diciembre de 2009, sirviendo una sentencia de 15 años por entregar equipamiento para internet a cubanos en virtud de un programa estadounidense que Cuba considera subversivo.
En la demanda presentada en la corte estadounidense del Distrito de Washington, Gross y su esposa, Judy Gross, alegan que su empleador, Development Alternatives Inc, o DAI, con sede en Maryland, y el Gobierno "no revelaron en forma adecuada a Gross, tanto antes como después de que comenzó a viajar a Cuba, sobre los riesgos materiales que enfrentaba debido a su participación en el proyecto".
La demanda también sostiene que la DAI y el Gobierno "no tomaron medidas adecuadas" para entrenar y proteger a Gross durante sus viajes a Cuba y que "ignoraron las reiteradas preocupaciones de seguridad de Gross de modo que la DAI pudiera seguir generando ingresos significativos y el Gobierno pudiera seguir usando a Gross como un peón en sus iniciativas generales de políticas hacia Cuba".
En otra demanda contra Federal Insurance Co (FIS), con sede en Nueva Jersey, presentada en la corte del Distrito de Maryland, Gross y su esposa dijeron que la FIS "ha rechazado beneficios injustificadamente" bajo lo que la demanda citó como una cláusula de "detención injusta".
El Departamento de Justicia estadounidense no respondió a la demanda este viernes. "El caso está siendo revisado", comentó el portavoz Charles Miller.
Un portavoz de la DAI dijo que preparaba un comunicado para ser emitido más tarde. Federal Insurance Co, parte del grupo de seguros Chubb, no pudo ser contactado para comentar la información.
Gross viajó a Cuba cinco veces como subcontratista de la DAI, que tenía un contrato con la Agencia para el Desarrollo Internacional de Estados Unidos.
Afirma que fue a Cuba sólo para ayudar a la comunidad judía de la isla, no por motivos políticos, y que trabajaba en un proyecto del Gobierno de Estados Unidos que apuntaba a aumentar la disponibilidad de acceso a internet para la comunidad cubano-judía.
El Gobierno estadounidense ha dicho que Gross no debería ser encarcelado por proveer de acceso a internet a judíos y ha exigido su liberación en reiteradas oportunidades.
El caso paralizó las relaciones entre Estados Unidos y Cuba, que habían mejorado levemente después de que el presidente Barack Obama asumió su primer mandato en enero de 2009.
Alan Gross, de 63 años, culpa al Gobierno y a la empresa que lo contrató por su privación de libertad y por no advertirle sobre los riesgos que enfrentaba en la isla comunista.
En la demanda presentada en la corte estadounidense del Distrito de Washington, Gross y su esposa, Judy Gross, alegan que su empleador, Development Alternatives Inc, o DAI, con sede en Maryland, y el Gobierno "no revelaron en forma adecuada a Gross, tanto antes como después de que comenzó a viajar a Cuba, sobre los riesgos materiales que enfrentaba debido a su participación en el proyecto".
La demanda también sostiene que la DAI y el Gobierno "no tomaron medidas adecuadas" para entrenar y proteger a Gross durante sus viajes a Cuba y que "ignoraron las reiteradas preocupaciones de seguridad de Gross de modo que la DAI pudiera seguir generando ingresos significativos y el Gobierno pudiera seguir usando a Gross como un peón en sus iniciativas generales de políticas hacia Cuba".
En otra demanda contra Federal Insurance Co (FIS), con sede en Nueva Jersey, presentada en la corte del Distrito de Maryland, Gross y su esposa dijeron que la FIS "ha rechazado beneficios injustificadamente" bajo lo que la demanda citó como una cláusula de "detención injusta".
El Departamento de Justicia estadounidense no respondió a la demanda este viernes. "El caso está siendo revisado", comentó el portavoz Charles Miller.
Un portavoz de la DAI dijo que preparaba un comunicado para ser emitido más tarde. Federal Insurance Co, parte del grupo de seguros Chubb, no pudo ser contactado para comentar la información.
Gross viajó a Cuba cinco veces como subcontratista de la DAI, que tenía un contrato con la Agencia para el Desarrollo Internacional de Estados Unidos.
Afirma que fue a Cuba sólo para ayudar a la comunidad judía de la isla, no por motivos políticos, y que trabajaba en un proyecto del Gobierno de Estados Unidos que apuntaba a aumentar la disponibilidad de acceso a internet para la comunidad cubano-judía.
El Gobierno estadounidense ha dicho que Gross no debería ser encarcelado por proveer de acceso a internet a judíos y ha exigido su liberación en reiteradas oportunidades.
El caso paralizó las relaciones entre Estados Unidos y Cuba, que habían mejorado levemente después de que el presidente Barack Obama asumió su primer mandato en enero de 2009.
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