Rebelión contra el neoliberalismo en Colombia
Por Hedelberto López Blanch
La rebelión popular se ha desatado por toda Colombia por los desatinos
económicos y políticos cometidos por el gobierno de Iván Duque lo cual
ha obligado a la población a reclamar sus derechos con manifestaciones
pacíficas en las calles.
Cada día aumentan las organizaciones sociales, obreras, indígenas y de
ex guerrilleros que se unen a las protestas desde que el pasado 21 de
noviembre se decretó el paro nacional contra del llamado paquetazo de
Duque.
El gobierno, como ya es habitual, ha respondido con allanamientos a
organizaciones sociales y con fuerte presencia de los cuerpos de
seguridad del Estado en las calles, lo que ha sido catalogado por los
manifestantes como "tratamiento de guerra, persecución y
criminalización de la protesta".
Las razones de este largo paro nacional se motivaron por las nuevas
medidas neoliberales que decretaría el gobierno entre las que aparecen
la imposición de un salario mínimo diferente según la productividad de
cada región; bajar el salario mínimo hasta el 75 % para los jóvenes
que tienen menos de 25 años e imponer la contratación del personal por
horas.
Asimismo los ciudadanos rechazan una reforma en las pensiones para
convertirlo en un fondo privado. No aceptan que se cree un holding
estatal de servicios financieros, o sea, una agrupación de empresas
estatales vinculadas al sector que aportarían al mercado y que
dejarían de tener control directo del Estado lo que representa para
las organizaciones sociales una privatización encubierta.
Se impondría además una rebaja impositiva a grandes empresas y
transnacionales que ya tienen de por sí grandes rebajas tributarias.
También se tiene previsto un tarifazo en el precio del servicio
eléctrico para algunos consumidores que se ubicaría en un 35 %.
Como ocurre en estas economías neoliberales impulsadas por Estados
Unidos y organismos financieros internacionales como el FMI, Colombia
es uno de los países que más va a crecer en la región pero a las
personas del pueblo no les benefician esas riquezas.
Mientras el Producto Interno de América Latina será en promedio 0,2 %,
la economía colombiana lo hará en 3,3 % según estimaciones del FMI,
pero actualmente el desempleo se mantiene en 10,2 % mientras entre los
jóvenes de 14 a 28 años, aumentó del 16,5 % a 18,1 %.
Organizaciones gremiales afirman que el 64 % de los colombianos
trabaja en la informalidad; el 18 % en labores ilegales, mientras el
89 % de los asalariados no tienen protección social y el 47,1 % ganan
menos del salario mínimo legal.
Colombia es el segundo país más desigual de América Latina, solo
superado por Honduras, y de los 43 millones de habitantes, 22 millones
están en condiciones de pobreza.
Desde la firma del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos en
2012, se acrecentó la fuga de capitales, aumentó la privatización de
servicios esenciales como electricidad, agua, educación, salud y se
redujo la producción alimentaria con la entrada de mercancías
subsidiadas procedentes de Estados Unidos.
El Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE) informó
que entre 2016 y 2019 ingresaron 1 200 000 personas en la categoría de
pobreza multidimensional y entre las poblaciones más afectadas se
encuentran Guainía, Vaupes, Vichada, La Guajira y Chocó.
Datos de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL) señalan que
de 2012 a 2018 la deuda externa estatal se duplicó del 12,5 % al 25,2
% y la deuda externa privada del 8,8% al 18,6 %. Las dos suman en
total el 44 % del PIB, 24 % más que hace seis años.
En el paro nacional y las manifestaciones, los sectores estudiantiles,
sindicales y sociales reclaman la aplicación de leyes a favor de la
población que han sido incumplidas por el gobierno.
Entre estas aparece un acuerdo firmado en diciembre de 2018 por Duque
con 32 universidades mediante el cual el presupuesto tendría una
subida de 1,2 billones de pesos en los próximos cuatro años y hasta la
fecha el dinero no ha aparecido.
La Federación Colombiana de Educadores (Fecode) denuncia la ausencia
de garantías para ejercer la docencia en el país pues más de 70
maestros están bajo amenaza de muerte por grupos ilegales y
paramilitares.
El partido FARC apoyó las manifestarse para condenar el bombardeo
donde murieron por lo menos ocho niños en Caquetá, así como denunciar
los asesinatos, de 52 indígenas, 155 líderes sociales y más de 50
exguerrilleros desmovilizados en este año 2019.
El pueblo colombiano se ha cansado de aguantar gobiernos neoliberales
al servicio de Estados Unidos y sale masivamente a las calles a
reclamar sus usurpados derechos humanos aunque la tarea será ardua y
sangrienta pues la oligarquía derechista nacional esta dispuesta a
reprimir con furia a sus ciudadanos para que no disminuyan sus
prebendas.
Los colombianos comienzan a despertar y con mayor fuerza refutan los
cantos de sirena del neoliberalismo.
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