Brasil y la corrupción oligárquica
Por Hedelberto López Blanch
La corrupción acompaña a la mayoría
de los miembros de la
Cámara Baja , del Senado y del gobierno provisional brasileño
después que la oligarquía criolla logró con artimañas sacar a la legítima presidenta
Dilma Rousseff.
El dinero mal habido ha salpicado a
los hasta hace pocos meses denominados intocables, debido al control y el poder
que ejercen en esa inmensa nación sudamericana.
Todo estaba preparado desde hacía
meses para lanzar el golpe de Estado contra la presidenta legítima de Brasil,
Dilma Rousseff con el objetivo de devolverle el país a la fuerte burguesía
criolla, eliminar los programas sociales llevados a cabo desde 2003 e implantar
el sistema neoliberal que ignora los beneficios para las grandes mayorías.
Consumada la
implementación del impeachment (Juicio Político) en la Cámara
de Diputados que lo
aprobó por 342 votos, el siguiente paso fue llevarlo al Senado y, al
sancionarse en esta instancia, la mandataria fue separada de su cargo por seis
meses a la espera de un veredicto, que estará igualmente en manos de la Cámara Alta.
Resulta completamente incongruente
que de los 21 senadores de la comisión especial que determinó que Dilma debía
ir a juicio político, ocho de ellos aparecen implicados en el caso de
corrupción de Petrobrás. Ellos son: Antonio Anastasia, Donald Caiado, Dario
Berger, Gladson Cameli, Fernando Becerra, Aloysio Nunes, Cassio Cunha y Zeze
Perrilla.
A estos se sumaron después numerosos
senadores y congresistas implicados en actos de corrupción con el manifiesto
objetivo de que fuera enterrado el caso Lava Jato (lavadero de autos) por
desfalcos y malversaciones a la empresa estatal Petrobrás.
En 2014 se hizo pública la
investigación que destapó la red de corrupción en la estatal Petrobrás, además
de numerosos problemas financieros en la empresa.
La operación consistía en que
compañías sobornaban a altos dirigentes de Petrobrás y a otros funcionarios
públicos para conseguir contratos multimillonarios con la mencionada petrolera.
Decenas de ejecutivos de varias empresas han sido detenidos.
Muchos de los poderosos políticos
implicados han tratado de detener las investigaciones sobre Petrobrás para que
el lodo no siga convirtiéndose en arenas movedizas.
En manos del juez del Tribunal
Supremo Federal están cuatro de los hasta ahora “intocables”: el ex presidente
del Senado, Renan Calheiros, el senador y ex ministro, Romero Jucá, el ex
presidente del Parlamento, Eduardo Cunha y el ex presidente de Brasil José
Sarney, todos bajo acusación de obstruir las investigaciones sobre Petrobrás y
de conspirar contra la operación.
Dos aspectos importantes al que
aspiran la oligarquía criolla y los políticos de derecha son lograr la
privatización de Petrobras (para enriquecerse aún más) y eliminar los grandes
logros sociales alcanzados durante los gobiernos sucesivos de Luiz Inacio Lula
da Silva y Dilma Rousseff.
Pero podríamos preguntarnos cómo una
administración, con un poder ejecutivo y legislativo, lleno de personas con
antecedentes y actuales procesos por corrupción, puedan mantenerse en el poder
sin que organizaciones financieras internacionales, gobiernos de países
desarrollados y medios de comunicación occidentales, no lo hayan condenado ni
solicitado sanciones.
Los datos son contundentes: Según la ONG Anticorrupción
Transparencia Brasil, de los 594 miembros de las dos cámaras, el 59 % registra
cargos y condenas en los tribunales, incluso por lavado de dinero o tortura.
De los 513 congresistas, 303 tienen
procesos o condenas judiciales o en tribunales de cuentas por diferentes
motivos. En cuanto a los 81 senadores, 49 figuran con procesos o condenas en la
justicia y tribunales de cuentas.
Ya son tres los ministros del
presidente por “sustitución forzada” Michel Temer que han caído a solo un mes
de la salida de Dilma: de Transparencia, Fabiano Silviera; de Planificación,
Romero Jucá y de Turismo, Enrique Eduardo Alves. Los tres presionaban y
trataban de chantajear a jueces y políticos para que no continuaran las
investigaciones de corrupción en la empresa petrolera.
El presidente de la Cámara de Diputados,
Eduardo Cunha, fue suspendido del cargo al ser acusado por varios delitos como
mentir sobre sus cuentas secretas en bancos suizos y otra por 20 millones en
bancos uruguayos, malversación de 5,7 millones de dólares y otros más. Cunha
amenazó con complicar a 150 diputados, un ministro y un senador cercanos Temer
si es condenado. Si se determina mi prisión por el Supremo Tribunal Federal, no
caerá solo, dijo Cunha y le recordó al presidente provisional que sin su apoyo
ningún gobierno logrará apoyar ningún proyecto.
Temer no se queda atrás y negocia un
acuerdo general con la
Justicia pues está acusado de hacer una donación en 2012 de
428 000 dólares de origen irregular para la campaña electoral de Gabriel
Chalita, candidato del Partido Movimiento Democrático Brasileño (PMDB) a la
alcaldía de Sao Paulo; un cargo por apadrinar una venta ilícita de etanol a
finales de los años 90; otra demanda por ser beneficiado con la entrega de 1
230 000 dólares por un constructor.
Temer y todo su aparato oligárquico
se han lanzado a tratar de eliminar, lo antes posible, las acciones sociales
que emprendieron los gobierno de Lula y Dilma a favor del pueblo. En esa línea,
presionan para recortar los presupuestos para la salud y educación; eliminar
empleos en el sector público; elevar las jubilaciones a 65 años de edad;
privatizar numerosas empresas estatales, entre ellas Petrobrás; suspender el
programa Mi Casa, Mi Vida, y cancelar la construcción de 11 200 viviendas
pactadas por la administración anterior.
Durante los gobiernos del Partido de
los Trabajadores se generaron casi 6 000 000 de puestos de trabajo que elevaron
el poder adquisitivo de los brasileños. El proyecto Mi Casa, Mi Vida fabricó
más de un millón de inmuebles y esperaba llegar a 2016 con 2,75 millones en
total.
La pobreza bajo del 26 % en 2002 a 8,7 % en 2015. El
presupuesto para la educación en 2015 alcanzó el 15,57 % del presupuesto
nacional, mientras en la salud se amplió la cobertura médica al 85 % de la
población menos favorecida. Desde hace 12 años, el programa Bolsa Familia ha
brindado apoyo a 53 millones de familias pobres y a 17 millones de niños en
edad escolar.
Dilma no esta acusada por corrupción,
sino por "haber irrespetado la
Ley de Responsabilidad Fiscal, un proyecto neoliberal que
limita enormemente los gatos del Estado para los proyectos sociales, pero en
contraposición, permite pagos de grandes fortunas a los banqueros".
En resumen,
es el llamado golpe de Estado blando en el que un presidente, elegido
democráticamente con respaldo de 54 millones de votos, ha sido objetado por
autoproclamados “jueces” parlamentarios, muchos de ellos imputados por
corrupción, desfalco y lavado de dinero.
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