Brasil en venta
Por Hedelberto López Blanch
Desde la abrupta llega al poder de Michel Temer, tras sacar de
la presidencia a Dilma Rousseff en un proceso parlamentario que muchos
gobiernos y personalidades del mundo catalogan como golpe de Estado, numerosas
empresas, fábricas y recursos naturales se han puesto a la venta.
El mandatario interino, que llegó al puesto sin ningún respaldo
ciudadano, está dispuesto a transferir al sector privado todo lo que sea
posible según una frase contenida en un informe denominado travesía social que
delinea los postulados de su Partido Movimiento Democrático Brasileño (PMDB).
Se trata de una hoja de ruta económica prevista por Temer una vez que alcanzara
el poder.
La línea política neoliberal en aras de ir desmontando los programas
sociales que beneficiaron a millones de personas en el gigante sudamericano
durante los gobiernos de Inacio Lula da Silva y de Dilma Rousseff, se inició
con un recorte previsto para 2017 al presupuesto público nacional en los
sectores de la educación, salud y derechos sociales.
El proyecto prevé aumentar la jornada laboral a 12 horas
diarias, elevar la edad mínima para la jubilación a la par de entregar los
principales recursos del país a las compañías transnacionales con el manido
pretexto de sanear las arcas públicas.
Solo desde mayo cuando comenzó como presidente interino, hasta
agosto de este año, puso en manos de esas compañías diversos sectores. En el
energético, la estatal Electrobras entregó 174 pequeñas empresas dedicadas a la
generación y distribución de electricidad, así como varios parques eólicos e hidroeléctricos.
En la rama del transporte, ya fueron transferidas las otrora
empresas públicas, Infraero, Ocas y
parte de la compañía prestamista Caixa.
Se ha trazado un plan para entregar a partir de este mes de
septiembre varios aeropuertos nacionales que reciben a numerosos pasajeros. En
la lista aparecen Congonhas de Sao Paulo, Santos Dumont de Río de Janeiro y
otros ubicados en Florianópolis, Porto Alegre, Salvador y Fortaleza.
A solo cuatro días de asumir el cargo, Ricardo Barros, designado
como ministro de Salud, afirmaba en una entrevista con el diario Folha: “No hay
suficiente capacidad financiera que permita suplir todas las garantías
constitucionales”, en referencia al Sistema Único de Salud (SUS) instaurado por
los gobiernos de Lula y Dilma, que destinó en 2016, 36 000 millones de dólares
y que atiende al 65 % de la población.
El recorte planteado para 2017 en ese sector será de 13 000
millones de dólares y afectará los programas básicos como Farmacia Popular, el
Servicio de Atención Médica Urgente (SAMU) y colapsará la atención por
epidemias de dengue, chikungunya y zika.
En el trimestre de mayo a junio de 2016, el desempleo subió al
11,6 % de la población económicamente activa.
En la indetenible carrera de privatizaciones aparece el ente más
importante del gigante sudamericano, la Petrobrás que llegó a un acuerdo
para vender el 90 % de su unidad de conductores para gas natural en 5 200
millones de dólares, a un grupo de inversores pertenecientes a Brookfield Asset
Management Inc, de Canadá.
La negociación se expondrá a los
gerentes de las empresas para su aprobación definitiva y cerrar las operaciones
a fines de este septiembre.
Éste ha sido el mayor traspaso de
inversiones de la compañía insigne de Brasil que tiene un plan de vender
activos por 15 100 millones de dólares, de los cuales ya ha traspasado activos por 3 900 millones de
dólares.
El apuro por privatizar se debe
primordialmente para tratar de eliminar cualquiera investigación que profundice
sobre la gran corrupción en que esta envuelta esa empresa y en la que aparecen
involucrados la mayoría de los senadores que decretaron la separación de
Rousseff de la presidencia.
Además, de los 513 diputados de la
Cámara de Representante, 299 son investigados en procesos judiciales y 76 han
sido sancionados.
Entre los más relevantes aparecen el
presidente interino Michel Temer, quien recientemente fue denunciado por haber
recibido de Petrobrás más de 3 000 000 de dólares para llevar adelante su
campaña electoral.
El otro gran involucrado es el ex
presidente de la Cámara, Eduardo Cunha que resultó destituido del cargo por
tener un enorme expediente de corrupción y que junto a Temer hizo lo indecible
por sacar de la presidencia a Dilma.
De que la privatización de Petrobrás
esta directamente relacionada con las ansias de presidente, diputados y
representantes corruptos por tapar las investigaciones sobre esa empresa
conocida como Lava Jato, no queda la menor duda.
Han sido varios testigos
esenciales los encargados de denunciarlo, y el más reciente fue el Abogado
General de la Unión, Fabio Medina Osorio, que había sido designado
anteriormente por Temer para llevar adelante el caso.
Medina Osorio
manifestó que fue destituido recientemente de su cargo como una estrategia del
gobierno interino para “tapar” la investigación por corrupción en Petrobrás.
“El Gobierno quiere tapar el Lava
Jato, dijo, y mi remoción del cargo ocurrió tras chocar con ministros de esta
gestión que intentan detener la pesquisa para proteger a los aliados de Temer”.
El abogado detalló que sus problemas
con el Gobierno de Temer se iniciaron hace tres meses cuando pidió acceso a las
investigaciones de Petrobrás con el objetivo de hallar vínculos entre altos
funcionarios involucrados en la red de corrupción, abrirles procesos y
declarar su inhabilitación política. Fue entonces, aseguró, cuando el ministro
de la Presidencia, Eliseu Padilha, me ordenó no meterme con las investigaciones
y permanecer lejos de esos asuntos.
Parar las investigaciones sobre
corrupción y a la par detener los avances sociales alcanzados durante las
presidencias de Lula y Dilma están en la hoja de ruta del gobierno interino.
Del 2003 (llegada de Lula al poder)
hasta 2015, se crearon 5,5 millones de puestos de trabajo; se construyeron más
de un millón de viviendas y la meta era alcanzar 2,75 millones a finales de
2016; la tasa de pobreza bajó del 26 % en 2002 al 8,9 % en 2015; en ese año se
dedicó el 15,57 % del presupuesto nacional a la educación; la cobertura de los
servicios médicos gratuitos, alcanzó al 65 % a los sectores más desfavorecidos.
Al observar los datos anteriores y
las noticias sobre la extensa corrupción existente entre los directivos del
país, se puede comprender mejor que diariamente salgan a las calles miles y
miles de personas para gritar: Fora Temer.
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