Epígrafe:
Guerra financiera y económica de Occidente
Título:
Objetivo, adueñarse de Venezuela
Hedelberto
López Blanch
La obsesión
de Estados Unidos, encabezada por su presidente Donald Trump por derrocar al
gobierno de la República Bolivariana de Venezuela llega hasta lo inaudito y días
tras días impone sanciones económicas y financieras a la par que presiona a
varios de sus aliados para que sigan su mismo derrotero.
Una de las últimas acciones tomadas
por Washington fue vetar el financiamiento necesario de los bonos que Venezuela
ha emitido y tiene que pagar, y de los bonos que iba a colocar en el mercado
internacional.
Inmediatamente, las llamadas agencias
calificadoras
de riesgo, Fitch y Standard & Poor's rebajaron la nota de deuda de
Venezuela. La primera lo hizo de la categoría CC a C, casi la más baja de esa
escala, mientras que Standard & Poor´s la llevó de CCC a CC. Ambas
argumentaron que la decisión se debió al anuncio hecho por las autoridades bolivarianas
el 3 de noviembre de realizar una renegociación de sus obligaciones de la deuda
externa soberana.
Con el
objetivo de infundir más miedo a los inversionistas y acreedores, Fitch y
Standard & Poor´s, añadieron que estimaban muy probable la suspensión de
pagos por parte de Caracas.
En una
intervención televisada, el presidente Nicolás Maduro aseguró que su gobierno
continuaría abonando los adeudos que tenía, como lo ha hecho en los últimos
cuatro años en los que ha pagado 71 100 millones de dólares, pero que se hacía
necesaria la reestructuración de la deuda por las nuevas medidas asfixiantes
contra la economía de la nación suramericana decretada por Donald Trump.
Las
declaraciones realizadas por el
secretario del Tesoro de Estados Unidos, Steven Mnuchin, el pasado 25 de agosto
son más que elocuentes: “la acción impuesta contra Caracas esta dirigida a la
prohibición de acceso de Venezuela a los mercados de deuda y equidad de Estados
Unidos, no van a poder tomar ventajas del sistema financiero de Washington para
destruir la economía venezolana. Estas medidas también van a minar la capacidad de Maduro de pagar a los partidos y
simpatizantes del gobierno y va a aumentar la presión sobre Caracas para que abandone
su desastroso camino”.
El
refinanciamiento de deudas es un proceso soberano aceptado por los principios
de las Naciones Unidas en el cual el país no descarta ni abandona sus compromisos
internacionales pero sí exige como pagador confiable, que se realicen los
términos de desembolso en mayores condiciones
para esa nación y para los acreedores.
Estados
Unidos trata de que esta acción Bolivariana no pueda realizarse y a la par se
apoya en las calificadoras de riesgo, en su juego político contra ese país, las
cuales hacen más caro el crédito y la reestructuración o refinanciamiento de la
deuda.
Estas calificadoras
han puesto a la República Bolivariana en mucho más peligro de impagos que Colombia,
una nación en conflicto, o Argentina que acordó una deuda por 100 años, o
Ucrania y Grecia, envueltas hace años en profundas crisis.
Las evaluaciones establecidas por esos centros, basándose en la
hipotética “fortaleza o debilidad” de las economías de los países, pueden ser
desde Triple AAA, pasando por los distintos niveles A, de B, hasta una sola C.
A los que, por ejemplo, les otorguen categorías de CCC, CC o C, les será
difícil recibir empréstitos o que alguna entidad compre sus deudas.
Las
transnacionales financieras y otras importantes instituciones, se guían por los
informes y proyecciones de esas tres instituciones, Standard & Poor´s
(S&P), Moody´s y Fitch (conocidas también como la “santísima trinidad”)
cuando van a realizar una inversión en el sector privado o en una nación.
Como
consecuencia, si esas agencias calificadoras rebajan la nota de alguna compañía
o país, el capital no fluye hacia ese lugar y si lo hacen, deberán pagar más
intereses a los que osen poner dinero en sus bonos con el consecuente aumento
de sus deudas.
Pero hay
mucho más en esta violenta guerra económica contra Caracas. El 1 % de las
familias más ricas del planeta (Goldman Sachs, Rockefeller, Rochschild, Wilbur, Wallemberg, Moses, son a su vez las dueñas de
las tres grandes rectoras de riesgos citadas, y controlan entre sus haberes a
las ocho compañías financieras de Estados Unidos: Citigroup, JP Morgan Chase,
Bank of America, The Bank of New York Mellon, Goldman Sachs Group, Morgan
Stanley, State Street Corporation y Wells Fargo & Company.
Estas tienen
la potestad de poner y quitar a los funcionarios de la Reserva Federal de Estados
Unidos (FED), del Banco Mundial, y del Banco Central Europeo. Esas mismas familias,
bancos e instituciones financieras, son propietarias de las principales
petroleras del orbe, como Chevron, Conoco Philips, Exxon Movil, Total, BP, y de
los mayores medios de comunicación, compañías farmacéuticas, de alimentos y la
industria de armas.
Es decir,
cualquier gobierno que no obedezca sus intereses y no responda a sus políticas
financieras y económicas, deberá sufrir los embates de esos poderosos.
Ejemplos del
bloqueo contra la República Bolivariana, se aprecia de innumerables formas:
Euroclear, una empresa operadora de bancos con sede en Bruselas y creada por JP
Morgan, tiene retenido más de 2 200 millones de dólares en papeles para la
compra de alimentos y medicinas para el pueblo venezolano; la empresa colombiana
BSN Medical, propiedad de la familia Wallenberg prohibió, por orden del
presidente colombiano, Juan Manuel Santos, la venta de medicinas a Caracas para
tratar la malaria y el paludismo.
En conclusiones, es una guerra
económica y financiera en todos los frentes, con el objetivo final de derrocar
al gobierno y adueñarse de sus enormes reservas de petróleo, las mayores del
mundo.
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