FALLA DE LOS FALLOS DE LA CORTE SUPREMA DE USA

                             Falla de los Fallos de la Corte Suprema de USA

                                Por Lorenzo Gonzalo, 25 de Junio del 2012

 

La invención de las Constituciones fue un gran adelanto para el surgimiento y posterior desarrollo de naciones estables.

 

Este documento de los Estados nació según la mayoría de los historiadores a partir de la llamada Carta Magna, documento impuesto al Rey Juan sin Tierra por los nobles para protegerse del Monarca. Este antecedente que coincide con el desenvolvimiento parlamentario inglés, nacido en el Siglo XIII, culmina con la versión moderna surgida al final de ese gran acontecimiento que conocemos como la Guerra de Independencia de Norteamérica.

 

Las constituciones permiten fiscalizar y controlar la conducta de los gobiernos dentro de un sistema dado. Hasta hoy, desde los tiempos del nacimiento de las Repúblicas, solamente conocemos el sistema capitalista de gobierno.

 

Intentos varios por sustituir este sistema capitalista de gobierno no han sido posibles hasta nuestros días, porque no han aparecido soluciones que garanticen el desarrollo sostenido de un sistema orientado hacia la inclusión social, con miras a impartir justicia basada en una real equidad.

 

La existencia de una economía gobernada por grandes capitales, concentrados en centros financieros y enormes conglomerados industriales de dimensión internacional, impone leyes y regulaciones que entorpecen la continuidad de un sistema de orientación social, toda vez que no ha permitido el establecimiento de un Poder que pueda ser ejercido con la aplicación del mínimo de democracia practicada en los países capitalistas. Esta dificultad, impuesta desde fuera de esos territorios donde se ha intentado establecer un sistema de esa naturaleza, favorecida además por un mundo donde el aislamiento se hace no solamente imposible, sino controvertido, discutible y rechazado por las sociedades de hoy, creando confusiones dentro de sus fronteras, ha obligado a quienes se interesan en seguir una ruta social de desarrollo, a acceder a la fuerza, al ejército y a los órganos de inteligencia, como único modo para sostenerse.

 

De todos lo métodos utilizados el peor de todos es el que limita de manera burda la función de los cuerpos judiciales y las expresiones de pensamiento y opinión que son comunes, aun en aquellos países capitalistas con un débil sistema que les permite ejercer la fuerza con total impunidad.

 

Estos tipos de procedimientos, sin solución alterna que podamos prever desde las problemáticas actuales, han dado como consecuencia una limitación para las prácticas democráticas, consistentes no solamente en la posibilidad de elegir candidatos, aunque fuese con las limitaciones impuestas en los Estados Capitalistas, sino derechos reales como la expresión pública de opiniones personales, sin que por ello se menoscaben los aspectos laborales, profesionales y académicos de las personas.

 

En las condiciones señaladas, por las razones objetivas que hemos señalado y las múltiples más que puedan aducir quienes gobiernan con el discurso de diseñar un Estado de esa naturaleza social, las Constituciones no han desempeñado el mínimo papel jugado en el sistema actual de los Estados Capitalistas.

 

Un sistema para ser considerado como tal debe resultar funcional, ser capaz de desenvolverse con una represión que permita el desempeño personal de los criterios, acordes con la cultura de la época y las circunstancias del entorno en que se vive.

 

Cuando la expresión política tiene que ser cercenada por motivos de seguridad de Estado, el sistema muestra enormes grietas por donde escapa la fluidez ciudadana, la cual indiscutiblemente no está exenta de limitaciones. Pero esta represión aun bajo la represión social vigente en los Estados Capitalistas, se presenta disfrazada bajo compasivos métodos. Ese tipo de políticas represivas, aplicadas en países insignias como Los Estados Unidos de América, son sutiles, por lo cual la denuncia de las mismas es de baja intensidad y las personas no las sienten con mucha fiereza, porque como dice el refrán: “ojos que no ven, corazón que no siente”. Claro, la presencia de métodos tan sofisticados responde a la existencia de un sistema consolidado, funcional, que con los años ha sido cortado con la tijera de un sastre. El hecho de que un sistema funcione y presente una relativa estabilidad no lo exime de evolucionar y ser susceptible de perfeccionamiento y aun de transformación.

 

Dentro de estas circunstancias generales que hemos señalado, no ha sido posible instrumentar un mecanismo de Estado orientado al desarrollo y crecimiento de los aspectos sociales, sin que padezca de interrupciones constantes y variadas y donde el uso de la fuerza y la aplicación de poderes excepcionales se conviertan en un tema obligado.

 

Ahora bien, no haber alcanzado un Estado de naturaleza superior, al cual acostumbramos nombrar como socialista, no implica que los procedimientos utilizados en Estado Capitalista, aun en un país que en este aspecto considera insignia, como Los Estados Unidos de América, halla logrado aplicar justicia y no viole habitualmente los lineamientos básicos de su propia Constitución e incluso el de su Órgano Legislativo.

 

Sin embargo para lograr estabilidad, sostenibilidad y cierto balance, existe en el país la Corte Suprema de Justicia, la cual puede “considerar” la constitucionalidad de ciertas legislaciones y disposiciones ejecutivas.

 

Ahora bien, la Corte Suprema como mecanismo de balance entre los cuerpos Ejecutivos y Legislativos puede rendir una función adecuada, si no existiesen los Partidos Políticos. Pero en las circunstancias actuales, los miembros del excelso organismo son designados por el Ejecutivo y previa aprobación del Legislativo, ratificados entonces de por vida. Obviamente, siendo el Presidente en funciones al momento de nombrar un Juez, una persona perteneciente a un Partido determinado, comprometido por lo general con concepciones doctrinarias e ideológicas, los miembros de la Corte Suprema escogidos, son aquellos solidarios con esos criterios.

 

En esto radica el inconveniente para legislar y aprobar determinadas leyes que, aun sin violar realmente los principios básicos constitucionales, puedan abrirse paso en el país de los sueños.

 

La existencia de Partidos Políticos, implica por su misma naturaleza, la supervivencia de criterios inmóviles y no tiene en cuenta la necesidad de crear un Estado de Derecho que fluya al calor de las circunstancias y en función de la representación universal de la sociedad. En este agujero se encuentra la Corte Suprema de Los Estados Unidos de América y por ende es muy difícil impulsar legislaciones que eventualmente puedan conducir a Enmendar o introducir eventualmente transformaciones en la Carta Magna de esta nación.

 

Una víctima de este inconveniente sistémico es la Ley de Salud aprobada durante el primer período presidencial de Barack Obama, la cual no es más que una caricatura de lo que suponía ser una solución de carácter universal.

 

El aspecto de la Ley que quiere ser eliminado por los conservadores es el que exige que “todo ciudadano tiene que tener seguro de salud”. Aunque a simple vista puede parecer como una imposición que afectaría los bolsillos de los más indefensos y que es una interferencia con la “privacidad”, la realidad es que la misma dejaría sentada las bases para un futuro que instituya un Seguro Universal, al cual tengan derecho todos los residentes. Pero en este caso, el solo hecho de exigir que todo ciudadano posea un seguro de salud, le imprime cierta universalidad.

 

La Ley contiene una manera muy sutil de introducir ese elemento, en una sociedad en la cual las personas sin seguro médico son atendidas en los hospitales, causando  extraordinarios gastos que no están contemplados en los presupuestos. Para compensar la exigencia, la Ley también contempla soluciones para proveer seguro médico a quienes no tienen ninguna posibilidad de sufragar el gasto con sus haberes.

 

Es muy probable que la universalidad oculta en la Ley sea la razón por la cual se oponen a la misma los conservadores y defensores del individualismo a ultranza, algunos de los cuales han expresado que quien no tenga seguro médico no debe ser atendido y en consecuencia debe ser abandonado a su suerte.

 

En realidad la única parte de la Ley que dejaría abierta las puertas para futuras legislaciones en el mediano o largo plazo, orientadas a la socialización requerida por el país, es ese aspecto de la Ley.

 

Todo indica que la Corte recesará sin discutir ese aspecto de la Ley de Salud.

 

Más importante por el momento es el tema migratorio. En relación al mismo ya la Corte se pronunció a favor de la Ley de Arizona que permite a cualquier autoridad pedirle a un detenido sus papeles de residencia, lo cual implica autorizarlos a guiarse por criterios raciales y étnicos.

 

Esperemos para ver qué sucede con estos “fallos” de la Corte Suprema que adolece la gran “falla” de ser un resultado de una elección partidista, con lo cual presenta un carácter individual con muy bajo y relativo comprometimiento social.