Jimaguayú
Ciro Bianchi Ross
ciro@juventudrebelde.cu
La guerra de liberación, iniciada el 24 de febrero de 1895, se
consolida durante los meses de mayo y junio. La caída en combate de
José Martí, «el alma del levantamiento», como lo definió Máximo Gómez,
significó una pérdida irreparable para la Revolución, pero Antonio
Maceo, demostraba, en Oriente, la pujanza de la insurrección con su
imparable campaña jalonada por las victorias de Jobito, Peralejo y Sao
del Indio, a donde llegó en marcha forzada a fin de rescatar a su
hermano, el general José, gravemente enfermo. Hazañas que hacían que
el territorio fuese quedando en manos de las fuerzas mambisas y que
obligaba al enemigo a moverse en grandes e inoperantes columnas.
Mientras tanto, Máximo Gómez, General en Jefe del Ejército
Libertador, debilitado y agotado por la fiebre, cruzaba el río Jobabo
y penetraba en Camagüey con lo que demostraba que la Revolución era
una realidad irreversible y plenamente viable. Sale triunfador en el
combate de Altagracia y luego de manifestar su respeto a Salvador
Cisneros Betancourt, ex Presidente de la República en Armas, que se
halla en la manigua, se apresta a iniciar, apenas sin recursos, lo
que llama la campaña circular a fin de poner en pie de guerra el
territorio y lograr que los jóvenes, atraídos por su fama, se
incorporen al Ejército. Se mueve constantemente en torno a la ciudad
capital y se anota éxitos notables en El Mulato y San Jerónimo,
combates en los que se hace de nueve mil tiros. Obstaculiza la vía del
ferrocarril Camagüey. Nuevitas, ataca el poblado de Cascorro y hostiga
los convoyes que se mueven entre Guáimaro y la ciudad cabecera. El
número de hombres que conforma la fuerza de Máximo Gómez se duplica en
solo dos meses de campaña y la Revolución es una realidad en el
legendario Camagüey. El Generalísimo puede sentirse orgulloso.
Las cosas van bien asimismo en las inquietas Villas, donde la
contienda, que se había iniciado en abril, cobra relieve con el
desembarco, el 24-25 de julio, de la expedición de los mayores
generales Serafín Sánchez y Carlos Roloff que llegaba con gran
cantidad de pertrechos de guerra y un elevado número de hombres que
reforzarían a los ya alzados en armas, entre los que sobresaldrán
jóvenes que se harían célebres, y a veces tristemente célebres, en la
Cuba republicana, como José Braulio Alemán, José de Jesús Monteagudo
—«Chuchú»— y Gerardo Machado, mientras que una figura de mayor
relieve, que combatió en la Guerra Grande y en la Chiquita, se
destacará en Sancti Spíritus, José Miguel Gómez.
Escribe el historiador Oscar Loyola:
«La expedición Sánchez-Roloff, al decir de Máximo Gómez, constituyó
uno de los acontecimientos trascendentales del año 1895, y con ella se
consolidó la guerra anticolonial. En agosto de ese año, en pie de
lucha tres provincias que representaban más del 70% del territorio
nacional, se imponía como tarea histórica la creación del Estado
nacional en la manigua».
FACCIONES
Entre el 13 y el 16 de septiembre de 1895, unos veinte representantes
de las tropas en armas en Oriente, Camagüey y Las Villas se reunían en
Jimaguayú, histórica localidad de la región camagüeyana, donde en 1873
cayera en combate el mayor general Ignacio Agramonte, para discutir y
aprobar la carta magna de la República en Armas, la llamada
Constitución de Jimaguayú. Máximo Gómez escogió el lugar de la reunión
y, durante el encuentro, lo protegió con sus tropas. Los
asambleístas discurrirían en un bohío de tablas de palma y techo de
guano. Hombres que pertenecían en su mayoría a las capas medias de la
sociedad, imbuidos todos por el afán de la independencia y la
prioridad de la guerra, sin embargo, no había unanimidad de criterios
en cuanto a la estructura a implantar y a las relaciones entre los
militares y el mando civil, que tantos problemas ocasionó en la Guerra
Grande.
Cisneros Betancourt era partidario de aplicar la organización
originada por la Constitución de Guáimaro, que daba todo el poder a la
Cámara y que había demostrado su inoperatividad. Los maceìstas,
capitaneados por Rafael Portuondo, sostenían el criterio del Titán de
que el Presidente de la República debía ser el jefe del Ejército, y su
Lugarteniente, el vice, con lo que, expresa el historiador Loyola,
subordinaban la estructura civil a la militar, a lo que se oponía de
manera terminante Máximo Gómez; «centralización que podía, bajo
ciertas circunstancias, convertirse en dictadura». Los más jóvenes,
aquellos que no combatieron en la Guerra de los Diez Años y que no
sufrieron las discordias entre civiles y militares ni el poder
desmesurado que a la Cámara confirió la Constitución de Guáimaro,
deseaban una Constitución que dotara a la República de una estructura
sencilla, en la que el Ejército y la dirección civil no se
interfirieran y las decisiones se tomaran por el ramo pertinente.
«Estas diferencias eran no ya tan solo reflejo de los problemas
históricos del independentismo cubano, sino también de la
multiplicidad generacional de los delegados y de su procedencia
regional», dice Loyola, y apunta que la decisión de resolver tan
espinosa cuestión con las mejores garantías para la viabilidad de la
Revolución permitió encontrar una fórmula de transición: se
establecería un consejo de gobierno compuesto por un presidente
(Cisneros Betancourt) un vice (Bartolomé Masó) y cuatro secretarios
que atenderían las carteras de Guerra, Relaciones Exteriores, Orden
Interior y Hacienda. Tendría ese consejo potestades ejecutivas y
legislativas, «obviando la existencia de una desmesurada Cámara de
Representantes a la usanza de Guáimaro».
Se lee en su preámbulo, escrito por Enrique Loynaz del Castillo:
«La Revolución por la independencia y creación de Cuba en república
democrática, en su nuevo periodo de guerra iniciado en 24 de febrero
último, solemnemente declara la separación de Cuba de la monarquía
española y su institución como Estado libre e independiente, con
gobierno propio por autoridad suprema con el nombre de República de
Cuba y confirma su existencia entre las divisiones políticas de la
Tierra. Y en su nombre y por delegación que al efecto le han conferido
los cubanos en armas, declarando previamente ante la patria la pureza
de sus pensamientos, libres de violencia, de ira o de prevención, y
solo inspirados en el propósito de interpretar en bien de Cuba los
votos populares para la institución del régimen y gobierno
provisionales de la República, los representantes electos de la
Revolución, en Asamblea Constituyente, han pactado entre Cuba y el
mundo con la fe de su honor empeñado en el cumplimiento, los
siguientes artículos de la Constitución…».
Conformada por veinticuatro artículos, la de Jimaguayú era la tercera
Constitución que se proclamaba en los campos de Cuba libre. Las que le
precedieron, se promulgaron durante la Guerra de los Diez Años. La
primera en Guáimaro (1869) y la segunda, en Baraguá (1878). Se firmó
el 16 de septiembre de 1895. Los asambleístas concedieron a esta
constitución una vigencia de dos años. Vencido dicho plazo, se
reuniría la Asamblea de Representantes para conocer la gestión del
Consejo de Gobierno, convocaría a elecciones y revisaría, si fuese
necesario, el propio texto constitucional.
EL EJÉRCITO, LIBRE
La Constitución de Jimaguayú no recoge normas relativas a los derechos
civiles. Solo establece el deber cívico de servir a la causa de la
independencia. Destaca en qué condiciones se firmaría un tratado de
paz con España y cuál sería el procedimiento para su aprobación.
Reconoce la independencia de los tribunales de justicia y establece
normas impositivas sobre fincas y propiedades extranjeras en
dependencia del reconocimiento de la beligerancia de Cuba.
Se quiso en Jimaguayú cerrar las contradicciones entre civiles y
militares que dejó abierta la Constitución de Guáimaro. El texto
constitucional otorgaba al General en Jefe plenas facultades para
dirigir las operaciones militares y decidir el plan de campaña además
de la organización del Ejército. Es por eso, afirman algunos
estudiosos, que se hacía innecesario un secretario de Guerra en el
Consejo, toda vez que la Revolución contaba ya con un aparato militar
y un General en Jefe. Por otra parte, la Constitución despojaba al
jefe del Ejército de la importante atribución de otorgar los grados
militares de Coronel a Mayor General, lo que haría que los aspirantes
a esos grados estuviesen atentos a la política de los funcionarios
civiles. Por último, otro de los artículos facultaba al aparato civil
a intervenir en las operaciones militares para la «realización de
altos fines políticos». Apunta Loyola al respecto: «Muy matizado en su
formulación, este artículo, sin embargo, abría la puerta a muchas
interpretaciones sobre lo que pudiera ser un “alto fin político”,
realidad nunca precisada». Aunque de alguna manera se evitaba la
subordinación del General en Jefe al Consejo de Gobierno y a su
Presidente, se dieron pasos en Jimaguayú para subordinar al Ejército a
los poderes civiles, esto es, ese texto constitucional no expresó la
concepción de José Martí encerrada en una célebre frase: «El Ejército,
libre, y el país, como país y con toda su dignidad representado». Una
vez proclamada la Constitución, los delegados se trasladaron al
campamento de Máximo Gómez para notificarle —mejor, ratificarle— su
condición de General en Jefe.
El tantas veces citado historiador Oscar Loyola dice que la
Constitución de Jimaguayú, de cuya proclamación se cumplen hoy 123
años, fue una fórmula para la organización interna de la Revolución de
1895, pero dicha organización no se plasmó de manera idónea. Precisa.
«En líneas generales Jimaguayú se quedó por debajo de las necesidades
del momento dentro del proceso nacional-liberador».
Pese a todo, la unificación lograda con ese texto fue un paso de
avance. Aparecerían nuevas leyes, nuevas realidades, nuevos problemas
y los mambises tratarían de encontrarle respuestas y soluciones. Una
vez creado el Estado nacional se imponía con fuerza propia la
extensión de la guerra hacia Occidente. A esa tarea se dedicaría con
ahínco el General en Jefe con la anuencia del Consejo de Gobierno.
--
Ciro Bianchi Ross
cbianchi@enet.cu
http://wwwcirobianchi.blogia.com/
http://cbianchiross.blogia.com/
Ciro Bianchi Ross
ciro@juventudrebelde.cu
La guerra de liberación, iniciada el 24 de febrero de 1895, se
consolida durante los meses de mayo y junio. La caída en combate de
José Martí, «el alma del levantamiento», como lo definió Máximo Gómez,
significó una pérdida irreparable para la Revolución, pero Antonio
Maceo, demostraba, en Oriente, la pujanza de la insurrección con su
imparable campaña jalonada por las victorias de Jobito, Peralejo y Sao
del Indio, a donde llegó en marcha forzada a fin de rescatar a su
hermano, el general José, gravemente enfermo. Hazañas que hacían que
el territorio fuese quedando en manos de las fuerzas mambisas y que
obligaba al enemigo a moverse en grandes e inoperantes columnas.
Mientras tanto, Máximo Gómez, General en Jefe del Ejército
Libertador, debilitado y agotado por la fiebre, cruzaba el río Jobabo
y penetraba en Camagüey con lo que demostraba que la Revolución era
una realidad irreversible y plenamente viable. Sale triunfador en el
combate de Altagracia y luego de manifestar su respeto a Salvador
Cisneros Betancourt, ex Presidente de la República en Armas, que se
halla en la manigua, se apresta a iniciar, apenas sin recursos, lo
que llama la campaña circular a fin de poner en pie de guerra el
territorio y lograr que los jóvenes, atraídos por su fama, se
incorporen al Ejército. Se mueve constantemente en torno a la ciudad
capital y se anota éxitos notables en El Mulato y San Jerónimo,
combates en los que se hace de nueve mil tiros. Obstaculiza la vía del
ferrocarril Camagüey. Nuevitas, ataca el poblado de Cascorro y hostiga
los convoyes que se mueven entre Guáimaro y la ciudad cabecera. El
número de hombres que conforma la fuerza de Máximo Gómez se duplica en
solo dos meses de campaña y la Revolución es una realidad en el
legendario Camagüey. El Generalísimo puede sentirse orgulloso.
Las cosas van bien asimismo en las inquietas Villas, donde la
contienda, que se había iniciado en abril, cobra relieve con el
desembarco, el 24-25 de julio, de la expedición de los mayores
generales Serafín Sánchez y Carlos Roloff que llegaba con gran
cantidad de pertrechos de guerra y un elevado número de hombres que
reforzarían a los ya alzados en armas, entre los que sobresaldrán
jóvenes que se harían célebres, y a veces tristemente célebres, en la
Cuba republicana, como José Braulio Alemán, José de Jesús Monteagudo
—«Chuchú»— y Gerardo Machado, mientras que una figura de mayor
relieve, que combatió en la Guerra Grande y en la Chiquita, se
destacará en Sancti Spíritus, José Miguel Gómez.
Escribe el historiador Oscar Loyola:
«La expedición Sánchez-Roloff, al decir de Máximo Gómez, constituyó
uno de los acontecimientos trascendentales del año 1895, y con ella se
consolidó la guerra anticolonial. En agosto de ese año, en pie de
lucha tres provincias que representaban más del 70% del territorio
nacional, se imponía como tarea histórica la creación del Estado
nacional en la manigua».
FACCIONES
Entre el 13 y el 16 de septiembre de 1895, unos veinte representantes
de las tropas en armas en Oriente, Camagüey y Las Villas se reunían en
Jimaguayú, histórica localidad de la región camagüeyana, donde en 1873
cayera en combate el mayor general Ignacio Agramonte, para discutir y
aprobar la carta magna de la República en Armas, la llamada
Constitución de Jimaguayú. Máximo Gómez escogió el lugar de la reunión
y, durante el encuentro, lo protegió con sus tropas. Los
asambleístas discurrirían en un bohío de tablas de palma y techo de
guano. Hombres que pertenecían en su mayoría a las capas medias de la
sociedad, imbuidos todos por el afán de la independencia y la
prioridad de la guerra, sin embargo, no había unanimidad de criterios
en cuanto a la estructura a implantar y a las relaciones entre los
militares y el mando civil, que tantos problemas ocasionó en la Guerra
Grande.
Cisneros Betancourt era partidario de aplicar la organización
originada por la Constitución de Guáimaro, que daba todo el poder a la
Cámara y que había demostrado su inoperatividad. Los maceìstas,
capitaneados por Rafael Portuondo, sostenían el criterio del Titán de
que el Presidente de la República debía ser el jefe del Ejército, y su
Lugarteniente, el vice, con lo que, expresa el historiador Loyola,
subordinaban la estructura civil a la militar, a lo que se oponía de
manera terminante Máximo Gómez; «centralización que podía, bajo
ciertas circunstancias, convertirse en dictadura». Los más jóvenes,
aquellos que no combatieron en la Guerra de los Diez Años y que no
sufrieron las discordias entre civiles y militares ni el poder
desmesurado que a la Cámara confirió la Constitución de Guáimaro,
deseaban una Constitución que dotara a la República de una estructura
sencilla, en la que el Ejército y la dirección civil no se
interfirieran y las decisiones se tomaran por el ramo pertinente.
«Estas diferencias eran no ya tan solo reflejo de los problemas
históricos del independentismo cubano, sino también de la
multiplicidad generacional de los delegados y de su procedencia
regional», dice Loyola, y apunta que la decisión de resolver tan
espinosa cuestión con las mejores garantías para la viabilidad de la
Revolución permitió encontrar una fórmula de transición: se
establecería un consejo de gobierno compuesto por un presidente
(Cisneros Betancourt) un vice (Bartolomé Masó) y cuatro secretarios
que atenderían las carteras de Guerra, Relaciones Exteriores, Orden
Interior y Hacienda. Tendría ese consejo potestades ejecutivas y
legislativas, «obviando la existencia de una desmesurada Cámara de
Representantes a la usanza de Guáimaro».
Se lee en su preámbulo, escrito por Enrique Loynaz del Castillo:
«La Revolución por la independencia y creación de Cuba en república
democrática, en su nuevo periodo de guerra iniciado en 24 de febrero
último, solemnemente declara la separación de Cuba de la monarquía
española y su institución como Estado libre e independiente, con
gobierno propio por autoridad suprema con el nombre de República de
Cuba y confirma su existencia entre las divisiones políticas de la
Tierra. Y en su nombre y por delegación que al efecto le han conferido
los cubanos en armas, declarando previamente ante la patria la pureza
de sus pensamientos, libres de violencia, de ira o de prevención, y
solo inspirados en el propósito de interpretar en bien de Cuba los
votos populares para la institución del régimen y gobierno
provisionales de la República, los representantes electos de la
Revolución, en Asamblea Constituyente, han pactado entre Cuba y el
mundo con la fe de su honor empeñado en el cumplimiento, los
siguientes artículos de la Constitución…».
Conformada por veinticuatro artículos, la de Jimaguayú era la tercera
Constitución que se proclamaba en los campos de Cuba libre. Las que le
precedieron, se promulgaron durante la Guerra de los Diez Años. La
primera en Guáimaro (1869) y la segunda, en Baraguá (1878). Se firmó
el 16 de septiembre de 1895. Los asambleístas concedieron a esta
constitución una vigencia de dos años. Vencido dicho plazo, se
reuniría la Asamblea de Representantes para conocer la gestión del
Consejo de Gobierno, convocaría a elecciones y revisaría, si fuese
necesario, el propio texto constitucional.
EL EJÉRCITO, LIBRE
La Constitución de Jimaguayú no recoge normas relativas a los derechos
civiles. Solo establece el deber cívico de servir a la causa de la
independencia. Destaca en qué condiciones se firmaría un tratado de
paz con España y cuál sería el procedimiento para su aprobación.
Reconoce la independencia de los tribunales de justicia y establece
normas impositivas sobre fincas y propiedades extranjeras en
dependencia del reconocimiento de la beligerancia de Cuba.
Se quiso en Jimaguayú cerrar las contradicciones entre civiles y
militares que dejó abierta la Constitución de Guáimaro. El texto
constitucional otorgaba al General en Jefe plenas facultades para
dirigir las operaciones militares y decidir el plan de campaña además
de la organización del Ejército. Es por eso, afirman algunos
estudiosos, que se hacía innecesario un secretario de Guerra en el
Consejo, toda vez que la Revolución contaba ya con un aparato militar
y un General en Jefe. Por otra parte, la Constitución despojaba al
jefe del Ejército de la importante atribución de otorgar los grados
militares de Coronel a Mayor General, lo que haría que los aspirantes
a esos grados estuviesen atentos a la política de los funcionarios
civiles. Por último, otro de los artículos facultaba al aparato civil
a intervenir en las operaciones militares para la «realización de
altos fines políticos». Apunta Loyola al respecto: «Muy matizado en su
formulación, este artículo, sin embargo, abría la puerta a muchas
interpretaciones sobre lo que pudiera ser un “alto fin político”,
realidad nunca precisada». Aunque de alguna manera se evitaba la
subordinación del General en Jefe al Consejo de Gobierno y a su
Presidente, se dieron pasos en Jimaguayú para subordinar al Ejército a
los poderes civiles, esto es, ese texto constitucional no expresó la
concepción de José Martí encerrada en una célebre frase: «El Ejército,
libre, y el país, como país y con toda su dignidad representado». Una
vez proclamada la Constitución, los delegados se trasladaron al
campamento de Máximo Gómez para notificarle —mejor, ratificarle— su
condición de General en Jefe.
El tantas veces citado historiador Oscar Loyola dice que la
Constitución de Jimaguayú, de cuya proclamación se cumplen hoy 123
años, fue una fórmula para la organización interna de la Revolución de
1895, pero dicha organización no se plasmó de manera idónea. Precisa.
«En líneas generales Jimaguayú se quedó por debajo de las necesidades
del momento dentro del proceso nacional-liberador».
Pese a todo, la unificación lograda con ese texto fue un paso de
avance. Aparecerían nuevas leyes, nuevas realidades, nuevos problemas
y los mambises tratarían de encontrarle respuestas y soluciones. Una
vez creado el Estado nacional se imponía con fuerza propia la
extensión de la guerra hacia Occidente. A esa tarea se dedicaría con
ahínco el General en Jefe con la anuencia del Consejo de Gobierno.
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