Gran Bretaña
sigue montado en el Brexit
Por
Hedelberto López Blanch
La primera
ministra británica Theresa May y los miembros de su conservador partido acaban
de ratificar el deseo de salir de la Unión Europea (UE) tras ser aprobado por la
Cámara de los Comunes el pasado 17 de enero ese requisito con lo cual el
proceso de separación se hará efectivo en 2019.
Aunque el
ministro británico del Brexit, David Davis, dijo que estaban satisfechos porque
la ley completará la fase de su tramitación complementaria, el Partido
Laborista se mostró opuesto y el siguiente paso será la Cámara de los Lores
donde probablemente haya nuevas correcciones.
También la
Reina Isabel deberá dar su visto bueno y de entrar en vigor quedaría derogada
la ley de Comunidades Europeas de 1972 que establece el ingreso del Reino Unido
al bloque comunitario.
La Unión
Europea no ha querido cerrar aun todas las puertas a los británicos para tratar
de que recapitulen de sus intenciones y según lo establecido, tras marcharse de
la Unión el 29 de marzo de 2019, podrán mantener el statu quo económico, en un
llamado período de transición que durará hasta finales de 2020, mientras
negocian formalmente su futura relación comercial.
Durante ese período los británicos
seguirían formando parte del mercado único europeo y de la Unión Aduanera , pero
la toma de decisiones en la UE
será sin el Reino Unido, indicó el jefe
del Consejo Europeo, Donald Tusk.
Recordemos que el mercado
único, se basa en las denominadas "cuatro libertades"
de movimiento: capital, bienes, servicios y personas.
Theresa May ha prometido y reiterado
en varias ocasiones liberarse de la jurisdicción del Tribunal de Justicia
Europeo, cuestión ampliamente apoyada por los más fanáticos partidarios del Brexit.
Al respecto, Donald Tusk recordó que
las decisiones de la corte de Estrasburgo no solo se aplicarán en el periodo
transitorio de dos años y sus resoluciones serán utilizadas para interpretar el
acuerdo sobre derechos de los ciudadanos europeos residentes en Reino Unido,
mientras los tribunales británicos podrán remitir a Estrasburgo los casos que
surjan durante un periodo de ocho años desde el acuerdo final.
Jean-Claude Juncker, presidente de la
Comisión Europea fue categórico al enfatizar: “El Tribunal de Justicia Europeo
será competente para los ciudadanos europeos”.
La incertidumbre golpea a los británicos
pues perderán los derechos que la UE les da como el reconocimiento en terceros
Estados, y las facilidades y prerrogativas que mantenían como integrantes del
grupo.
Londres
también ha insistido en que cerrará las fronteras que existen de entrada para
evitar la libre circulación de personas, contrariamente a los derechos que
tienen todos los ciudadanos de la Unión Europea.
En el plano
económico a Gran Bretaña se le complica la situación pues al dejar de
pertenecer a la Unión, tendrá que firmar convenios por separado con las
naciones, para tratar de reemplazar comercialmente a la Unión Europea en su
conjunto, su mayor socio económico, lo cual le será difícil y llevará varios
años.
Detrás de la
posición londinense aparece el gobierno de Estados Unidos que le ha planteado que si
quieren converger con ellos para firmar un acuerdo comercial, deben separarse de los europeos. Washington presiona para
realizar convenios bilaterales más beneficiosos a los que haría con el bloque
en conjunto.
Los traspiés que el Brexit representa
para Gran Bretaña le provocarán su caída en su privilegiada posición de ser la
sexta economía más grande del orbe.
Ya Londres aceptó abonar alrededor de
45 000 millones de euros por abandonar el bloque como se lo han exigido desde
los primeros momentos los dirigentes de la Unión, con el objetivo de saldar
anteriores acuerdos.
El Producto Interno Bruto solo llegó
en 2017 a 1,6 % y un informe del Fondo Monetario Internacional señala que a
pesar de una recuperación del crecimiento mundial, la decisión del Reino Unido
de salir del bloque europeo ha tenido impacto en su economía.
Asimismo, al dejar de pertenecer al
mercado único y a la unión aduanera, la industria financiera de esa nación
perderá automáticamente el pasaporte financiero.
Werner Hoyer, jefe del Banco Europeo
de Inversiones (BEI) expresó que perderán a uno de los principales socios y
para Gran Bretaña será un duro golpe pues ese país tiene un 16,1 % del capital
sin un banco de inversión nacional. Anualmente, informó, el BEI tiene un
volumen de inversión en Londres de entre 7 y 9 mil millones de euros y ha sido
clave para proyectos de infraestructura, estratégicos de innovación, transporte
y parques eólicos en el mar del Norte.
Todo hace indicar que no habrá lugar para brindarle esos
servicios financieros como ha sido hasta ahora desde que en 1972 entró en vigor
la ley de Comunidades Europeas y que por el contrario se le aplicará el marco
actual de equivalencias que la Unión usa con Estados Unidos o Japón.
A la hora de hacer todas las deducciones posibles sobre el
asunto, debe tenerse en cuenta también que la economía de Gran Bretaña es fuerte,
puede enfrentar grandes embates y por tanto los cálculos que se realicen serán
sobre bases objetivas.
La versión más cáustica
sobre el actual diferendo la ofreció el negociador de la Unión Europea para
el Brexit, Michel Barnier, cuando enfatizó: la decisión británica tiene y
tendrá muchas consecuencias humanas, sociales, económicas, fiscales,
financieras y jurídicas.
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