Trump: ahogar económicamente a Venezuela
Por Hedelberto López Blanch
El presidente Donald Trump ha tomado decisiones económicas y financieras radicales
contra Venezuela por dos motivos: esa nación no ha permitido que Estados Unidos
se adueñe de sus enormes reservas petroleras, y en contraposición ha puesto a
disposición del pueblo numerosos programas sociales subvencionados con los
beneficios que se obtienen de los hidrocarburos.
Para Trump y todo su equipo ultraderechista, esa verdadera democracia en
América Latina no puede sobrevivir en la región porque es un mal ejemplo para algunos
gobiernos que acatan dócilmente las directrices de Estados Unidos.
La Republica Bolivariana de Venezuela ha resistido durante años los
continuos ataques desestabilizadores dirigidos desde Washington y que son ejecutados
por una oposición que en los últimos tiempos optó por acciones terroristas
realizadas contra centros de salud, de educación, empresas y locales
gubernamentales.
La instauración de
una Asamblea Constituyente, apoyada masivamente por el pueblo en una votación
abierta y democrática, que congeló a la Asamblea Nacional controlada por la
derecha criolla que apostaba por derrocar al legítimo gobierno de Nicolás
Maduro, acabó de llenar la copa del todopoderoso gigante norteamericano.
La primera reacción
de Trump fue amenazar con ataques militares al Gobierno Bolivariano y al no
contar con apoyo internacional para esa acción, firmó el pasado 27 de agosto
una orden ejecutiva para implementar sanciones a la economía y al sistema
financiero de Venezuela.
Esas medidas, con
características de bloqueo, dan continuidad a la orden ejecutiva 13692 del 8 de
marzo de 2015, emitida por el ex presidente Barack Obama, en la que se declaró
a Venezuela una "amenaza inusual y extraordinaria a la seguridad de Estados
Unidos".
La resolución prohíbe
que "cualquier persona, entidad, empresa o asociación, legalmente radicada
o que realice actividades en Estados Unidos, pueda efectuar negocios con nuevos
bonos de deuda que sean emitidos por cualquier instancia del Gobierno
venezolano”.
Aunque no afecta
directamente los bonos ya emitidos por el Estado y por la petrolera Pdvsa, que
ya están en manos de tenedores, personas, empresas y entidades financieras en Estados
Unidos, sí los lanza hacia la categoría de "bonos basura", lo que
coloca a Venezuela como una "zona de peligro" para la inversión en el
mercado de bonos, pese a que el país es un fiel pagador.
En los últimos 24
meses, Venezuela y Pdvsa han pagado por sus compromisos más de 65 000 millones
de dólares.
La orden ejecutiva apuesta
a que Venezuela caiga en default o impago de su deuda externa y como aseguró abiertamente
el secretario del Tesoro norteamericano,
Steven Mnuchin, “va destinada a ahogar al país suramericano”.
Maduro denunció que Trump pretende
imponer un bloqueo para ahogar económica y financiera a Venezuela con el
objetivo de que entre en default o impago de su deuda externa.
El presidente
bolivariano, en una transmisión televisiva, explicó que las sanciones afectan
el suministro de crudo venezolano a Estados Unidos porque impide que se
materialicen los mecanismos para el pago de estas transacciones.
En especial atentan directamente
contra la empresa Citgo, filial de Pdvsa en Norteamérica, al prohibir que se
hagan cartas de crédito para el pago del crudo venezolano, y por tal motivo se evalúan
medidas para proteger a esa compañía.
En los próximos días,
ejecutivos del gobierno caraqueño se reunirán con tenedores de bonos de deudas e
inversionistas de Estados Unidos en busca de soluciones alternativas.
Esa reunión resulta
importante porque el 62 %
de los tenedores de las deudas venezolanas son estadounidenses y otros 12 % del
Reino Unido, por tanto, la orden ejecutiva también afecta a esos ciudadanos.
La ola de sanciones de Washington contra
Caracas ha ido en espiral ascendente. A finales del julio pasado el
Departamento del Tesoro decretó ataques
financieros dirigidos contra 13 altos cargos del Gobierno venezolano, civiles,
militares y a PDVSA, a la vez que amenazó con agregar a la lista de
sancionados a cualquier persona que saliera elegida para formar parte de la
Asamblea Constituyente
El 30 de julio
Washington bloqueó todos los activos
del presidente venezolano, que estén o puedan estar bajo la jurisdicción
de Estados Unidos y prohibió a los ciudadanos estadounidenses contraer
cualquier acuerdo con Nicolás Maduro.
Según la Casa Blanca,
las sanciones impuestas están cuidadosamente calibradas para negar al país
bolivariano una fuente primordial de
financiamiento, no importa que éstas violen la legalidad internacional y
la carta de Naciones Unidas, el motivo final es destruir a la Revolución
Bolivariana.
Maduro señaló que su país tiene mercado seguro para
todo el petróleo que le vende a Estados Unidos, mientras que el representante
de Venezuela ante la ONU, Rafael Ramírez informó que ya la nación sudamericana
suministra a China más de 600 000 barriles diarios de petróleo y a la India 420
000.
Otros socios
importantes para Caracas son Rusia e Irán y como una de las primeras
contramedidas para encauzar el blindaje contra las sanciones, Venezuela
solicitó pertenecer al Grupo BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica) y
al Banco de Desarrollo de esa institución.
Innegablemente que
las nuevas medidas afectarán a la economía de la República Bolivariana pero ya
varios pueblos y países han demostrado que pese a esas ilegales medidas que
violan los derechos humanos de cualquier país, se puede salir adelante mientras
se defienda la soberanía y la independencia al precio que sea necesario.
Sin embargo, la
comunidad internacional debe estar alerta pues ante las frustraciones por no
poder derrocar al legítimo gobierno venezolano, Estados Unidos y su presidente
Donald Trump podrían lanzar ataques militares contra esa nación, lo que
convertiría a toda la región americana en un verdadero polvorín.
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