El verticalismo y la ilegalidad
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- Published on Tuesday, 02 October 2012 09:44
Por Manuel Alberto Ramy
LA HABANA. Hay artículos serios que ud los lee y aunque traten sobre temas en apariencia diferentes, la realidad, cuando se medita, les encuentra el punto o nexo de unión. Así me ha sucedido con un par de trabajos publicados en medios diferentes.
Uno, del profesor Esteban Morales, en el que retoma el urgente y necesario tratamiento al fenómeno de la corrupción; el otro, un artículo publicado en Juventud Rebelde el pasado 14 de septiembre * donde un equipo de periodistas, al informar sobre la ley que amparará a las Unidades Básicas de Producción Cooperativa (UBPC), pone frente al lector una historia de 19 años.
Las UBPC no fueron cooperativas. Ahora lo serán.
Vayamos por partes, como diría Jack el Destripador y mi buen amigo Gustavo.
El artículo de Juventud Rebelde informa en claro castellano que en 1993 un Decreto Ley dio vida a las UBPC. El decreto concedía autonomía a estas organizaciones, pero en la práctica nunca disfrutaron de tal condición. Capacitadas legalmente para elegir su dirección y administración mediante la asamblea de socios, fueron amputadas: los administradores eran nombrados por el Ministerio de la Agricultura (Minag) al amparo de la Resolución 499/01, que los consideraba cuadros administrativos. La retribución económica a cada miembro, estipulada como reparto de utilidades, nunca se efectuó. Los “ubepecistas” devinieron en campesinos asalariados. La ley fue violada de manera sistemática e integral y las UBPC “nacieron con problemas, porque siempre fueron cooperativas, pero nos equivocamos en aplicar los reglamentos y regulaciones para su funcionamiento”, apunta Juventud Rebelde al tomar nota de lo dicho por uno de los funcionarios del Ministerio de la Agricultura (Minag).
Respetuosamente discrepo. Si se equivocaron al aplicar regulaciones y demás, como dice el diario citado, entonces las UBPC jamás fueron cooperativas, salvo en su concepción primaria e ideal. Además, violar un Decreto Ley es mucho más serio que errar en la confección de los reglamentos. Estos existen para apoyar, precisar y aplicar las normas legales y no para, consciente o inconscientemente, disminuir su alcance. Cuando así ocurre no solo se viola la ley: los objetivos pretendidos se frustran y no exclusivamente en términos económicos, sino en los político-sociales generando impactos negativos y frustrantes en la población. ¿Qué papel habrá desempeñado esta violación en los desabastecimientos e incluso en la política de precios? ¿Y en el malestar de la población, a mi juicio el factor esencial de la Seguridad Nacional? Si la batalla por la aplicación del nuevo modelo económico pierde de su centro al hombre, a la persona humana en su doble condición de productor y consumidor, balance y armonía que deben ser preservados, la seguridad… Crear una zanja entre ambas condiciones que poseemos las personas es un claro objetivo de aquellos que aspiran a invalidar el proyecto de renovación económica.
Volviendo al tema. El artículo describe el cuadro desolador siguiente: las 1, 983 UBPC existentes cuentan con unos 160 mil cooperativistas; abarcan el 28% de la superficie agrícola del país, pero el 23% de dichas tierras permanecen ociosas. Del total citado de UBPC, 541 trabajan directamente en la producción cañera y son responsables del 70 %de esta…
“Al término de 2010, el 15 % de todas las existentes cerró con pérdidas económicas e incluso un seis por ciento ni siquiera fue capaz de presentar un balance; o que solo las del Minag (cifra que desconozco) en 2010 tenían un capital negativo de 2 112 millones de pesos entre deudas y pérdidas”, refiere el diario citado.
En mi monólogo interior me hago las siguientes preguntas: ¿Cómo es posible que durante 19 años estas deformaciones e ilegalidades no hayan sido detectadas? ¿Hubo algún “ubepecista” que reclamara sus derechos bien sea personalmente o de manera oficial como unidad productora? ¿Será esta la primera oportunidad en la que durante 19 años se haga un análisis integral y a fondo de esta forma de producción? ¿Los poderes locales de los territorios desconocían lo que estaba ocurriendo?
En mi monólogo, una primera respuesta (no la única): el hábito del verticalismo, ese estilo autoritario y unidireccional de administrar y dirigir de arriba hacia abajo conlleva a fomentar, en unos casos, y a solidificar en otros, la mentalidad de aceptar como bueno y válido todo los que baja sin importar las legislaciones. Terrible, a caballo de esta mentalidad viaja la aceptación de que las leyes y las instituciones van por un lado y la vida real por la otra. Y aquí me viene al recuerdo el artículo de Morales sobre la corrupción y el robo. ¿Capricho? No, mal hábito el de violar o desconocer leyes porque entonces se socializa la corrupción. El artículo de este profesor y académico ejemplifica cómo opera la corrupción en las pequeñas unidades de servicios y/o de producción: verticalmente el director o jefe desvía recursos, pero sus subalternos ¿qué? Ese tiburón jefe “salpica” mirando hacia otro lado para que los de abajo se “mojen”.
La institucionalización tan urgente y tema reiterado por el presidente cubano Raúl Castro pasa por la plena vigencia de las leyes, su correcta aplicación y observancia. Y por el hombre, por el cubano de a pie, ese que debe producir y también, reitero, consumir bienes necesarios para su vida y satisfacción.
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