Vulnera gobierno derecho humano a la información con cierre de La Nación
Por Marcel Garcés
La determinación del gobierno del presidente Sebastián Piñera de terminar con el diario La Nación, es mucho más que la alevosa supresión de un medio de comunicación, sino que apunta a una condición esencial de la democracia, de la libertad de pensamiento, del derecho de los ciudadanos a ser informado.
Es la notificación al país de una política que considera a la información una mercadería, un “bien de consumo”, así como lo dijo el propio Mandatario respecto de la educación, una expresión más de la dictadura de la propiedad privada, del modelo neoliberal, sobre el derecho a la información consagrado como un derecho humano esencial, base y condición de la democracia.
Además se trata de una venganza contra el periodismo libre, que participó activamente en la restauración del sistema democrático, en combate contra la dictadura de Augusto Pinochet.
Así, en lo que se supone es una democracia del siglo 21, la derecha económica y política, los que llevaron a un Pinochet al poder dictatorial, los que eliminaron o intentaron eliminar toda voz disidente, mediante la cárcel, la persecución, la tortura, el degollamiento, la desaparición y el exilio, cumplen ahora su propósito de un país uniforme, sometido a un monopolio de contenidos, de mensajes, en los medios de comunicación.
No se trata, como cínicamente afirma cierta autoridad ministerial de gobierno, de que no debe haber una voz oficial de ningún gobierno. En ideario lo que debe haber es libertad de mercado para que cualquiera funde un medio, en el marco de la libertad de empresa imperante.
De lo que se trata es acallar, eliminar, frustrar la posibilidad de que un diario como La Nación , se pueda convertir en una voz crítica, por lo menos no uniformada con las mentirijillas de cada día de algún vocero oficial, de eliminar toda posibilidad de investigación de los escándalos de Palacio o de los clanes económicos que los han colocado en La Moneda , en calidad de sus representantes, y como se ve de sus cancerberos.
Se trata de cercenar el derecho de opinión y de información de los chilenos. Eso es lo que está detrás de todo.
Y de dejarle el negocio a los que realmente mandan en el país: los grupos económicos a los “mandantes”.
Lo que repugna, y preocupa, a estos aprendices de Torquemada es el ejercicio de un periodismo crítico, independiente de los poderes, que interprete el sentimiento de la mayoría nacional, que sea capaz de enjuiciar, de denunciar.
Eso es .lo que teme el actual poder, y generalmente todos los poderes: un periodismo consciente de su rol, de ser intérprete de de las aspiraciones de una mayoría, o que se nutra de los principios de la libertad,
Desde el Palacio de Gobierno se nos notifica de que se busca eliminar del “mercado” de la noticia, la mera posibilidad de una voz disidente, de un periodismo responsable, de una mirada vigilante sobre el poder.
Ese es el rostro de un totalitarismo del pensamiento.
En esto no cabe equivocarse. Y este es un deber para los periodistas, para su Colegio de Periodista, denunciarlo, y rechazarlo, como lo ha hecho, sumándose también la voz y la acción solidaria de sindicatos y otras organizaciones del gremio..
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Pero no se trata de un problema solo de los periodistas, un tema gremial, o solo económico social que afecte a un centenar de colegas y trabajadores de la comunicación, lo que de por si es inaceptable.
Es la sociedad la que ha sido agredida en sus derechos, Y por lo mismo es un deber de toda la sociedad, de los legisladores, de las organizaciones sociales, salir a la palestra y defender el derecho democrático a la información, porque luego- con la prensa clausurada o amenazada, vendría el intento de eliminar los derechos políticos de organización, de expresión de su pensamiento, de imponer el silencio al debate, de acallar la disidencia.
Y no habrá nadie para denunciarlo.
La formula es conocida.
Hasta ahora el gobierno ha respondido al reclamo ciudadano con la altanería que caracteriza su conducta y su retorica: ”Somos los dueños y por lo tanto hacemos lo que queremos, tenemos la mayoría de las acciones por lo tanto podemos imponer las decisiones que nos convengan”.
Dentro de su lógica empresarial, y un cinismo político, parecería obvio.
Pero la democracia, la libertad no les pertenece, Y el país y la ciudadanía no les pertenece, mal que les pese, como lo demuestran las encuestas..
No por lo menos a quienes son hijos de la dictadura, discípulos de los que asesinaron no solo la libertad de prensa, quemaron diarios, y asesinaron periodistas.
Pero aprovechando que, circunstancialmente, están en el poder., aprovechan para sacarse las ganas. No les basta con poner en venta al país y sus riquezas, con hacer leyes para beneficiar a sus mandantes: los grupos económicos ( a los cuales volverán apenas termine su período en el gobierno, que duda cabe).
El mecanismo de dejar algo parecido a las “leyes de amarre” de la dictadura está detrás de una serie de medidas, legislativas o por decreto que se están adoptando desde el poder.
Y eliminar la libertad de prensa e información parece ser uno de los objetivos.
Entonces el atentado contra el diario La Nación, y sus trabajadores, no es solo el mero cierre de un medio, sino de lo que se trata es imponer una visión, un mensaje, un discurso monocorde, uniforme, manipulable por el avisaje o las presiones políticas e ideológicas,
Lo que buscan con esto es dominar en el contenido de los mensajes con que buscan adormecer a los chilenos, y presentarnos un “mundo de bils y pap”, sin contradicciones, ordenadito,
No se trata de suponer intenciones. La realidad es suficientemente clara, obstinada.
La señora ministra del Trabajo Evelyn Mathei, ha pretendido en declaraciones de prensa que el problema parece ser muy simple. No le gusta que “un gobierno de turno” tenga un periódico”.
Por otro lado, y además en cuanto a los trabajadores que quedarán cesantes, dice con un desparpajo y falta de respeto a la dignidad de los trabajadores que ; “ Gracias a Dios en estos momentos hay posibilidades de otros empleos bastante rápido, Si ellos se acercan nosotros los podremos ayudar. Y uno también debe estar abierto y hay muchos rubros donde uno puede ganar bastante no?”.
Se trata de una burla insultante para los 500 trabajadores de La Nación que ya que han sufrido el cese de sus trabajos, Y el centenar de los que entrarán a la cesantía si no hay cambios en la política del gobierno al respecto.
Y la ministra se dio tiempo para pontificar, para dar una clase de periodismo, y hasta de ética, cuando pregona que “los medios de comunicación debieran ser ojalá lo más independientes posible. Que puedan realmente informar lo que está sucediendo y no con el sesgo del gobierno”,
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Ojalá, agrega “no tuvieran ningún sesgo, pero el peor sesgo de todos es el del gobierno de turno, porque el gobierno de por sí ya tiene bastante poder. Imagínese, cada cuatro años cambio de gobierno, cambian las pautas, las editoriales, imagínese un periodista que lo mandaron a cubrir cosas de una determinada manera y a los tres días lo mandan a cubrir de otra manera, no puede ser”.
Aparentemente ella no sabe- en realidad lo sabe muy bien- cómo funcionan el propio aparato de comunicaciones y de propaganda de su gobierno, como se ha relacionado el poder, a la que ella pertenece, con los medios o como actúan los monopolios de la comunicación respecto de la realidad, la verdad, la democracia y los derechos humanos,
Debería echarle un vistazo a los diarios de la cadena El Mercurio y otros, durante el tiempo de la dictadura, para que constatara como son y actúan los monopolios de la información. Y a lo mejor no necesita ir tan lejos, en el tiempo.
No somos ingenuos, el gobierno tiene su prensa, la derecha en el poder tienen su prensa, y sus líneas editoriales obedecen a un modelo, muy bien elaborado por propagandistas, agencias y manipuladores de contendidos.
Y el cierre de La Nación un tema que nos convoca a la protesta y a la denuncia, a la expresión de solidaridad con nuestros colegas y compañeros trabajadores de la comunicación, y la defensa de, la democracia y, las .libertades y los derechos humanos.
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